El PSUV y su doble moral para los términos: Si la consulta la hago yo, ahí si es legal
Sergio Niño
Plebiscito o consulta popular. Para muchos la denominación queda en segundo plano. Pero para quienes están el gobierno y hablan desde el Partido Socialista Unido de Venezuela resulta todo lo contrario.
El debate en torno a la jornada opositora de este 16 de julio pasó de lo político a lo terminológico. Lo que esencia será la manifestación de un pueblo en contra una pretensión -porque si le llamo capricho se molestan- presidencial para cambiar la Constitución se convirtió en una conjetura de términos y la doble moral del partido rojo para aplicarlos.
La actual –es decir: la vigente, que estamos llamados a defender- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 70 varios mecanismos de participación ciudadana.
Artículo 70 (CRBV): Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo.
La MUD en su empeño –también se le puede decir perseverancia- para corregir el rumbo político del país se aferra ése artículo constitucional. Desde la Asamblea Nacional se convocó precisamente a una consulta popular, que con tres interrogantes, busca detener la constituyente, hacer reaccionar a la Fuerza Armada Nacional y establecer un gobierno de unidad y transición –usted le puede decir: el gobierno después de Maduro-.
De inmediato las voces rojas gritaron en contra del mecanismo consultivo. El hecho de que no cuente con la supervisión del Consejo Nacional Electoral y que lo hayan llamado plebiscito fue el escalón para lo que buscaron montarse y detenerlo. Pero si la consulta popular es de ellos, es buena. Una hipocresía –usted le busca otro término-.
En Guanare, capital del estado Portuguesa, la Cámara Municipal bajo dominio oficialista convocó a una consulta popular el pasado miércoles 12 de julio. Recuerde bien lo de los términos, por favor.
Las cosas sucedieron así: Todas las asociaciones de transportistas de la ciudad anunciaron que se irían a paro si no se aprobaba un aumento del 100 por ciento en el monto del pasaje urbano. Los concejales, obedientes al pueblo, organizaron una asamblea con los choferes, consejos comunales y el ejecutivo municipal. En el pleno del debate se aprobó y media hora después ya estaban cobran el doble en cada buseta.
Ahí no hubo CNE. Pero hubo una representación de un Poder Público atendiendo la solicitud de una parte de la población. Sometieron a consulta el tema, los presentes votaron y se ejecutó de forma inmediata el resulta. Cambie los escenario de Guanare y se imagina que eso es Venezuela, que es domingo 16 de julio. Pero no es lo mismo porque no lo convoca el PSUV.
Se podrá llamar como usted quiera. Consulta Popular, plebiscito, fiesta patronal, parrillada familiar o funeral del régimen. Olvídese del término, aunque la Constitución nos dé argumentos para llamarlo como tal, y entienda que el significado es el mismo: ciudadanos en la calle diciéndole a Maduro lo que piensa. Aunque él y el CNE no quieran.
