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El pueblo no deja la calle

En Venezuela, el Estado de Derecho, la libertad y la democracia han pasado a ser tierra arrasada. Desde el régimen, del TSJ y del CNE fluye un golpe de Estado continuado, permanente, como rueda que gira sin parar.

El zarpazo más reciente, contra los escombros que quedan de institucionalidad, es la pretensión de reunir una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) fraudulenta, cuyos diputados se elegirían el próximo 30 de julio, como se acaba de anunciar.

La Sala Constitucional del TSJ dictó la sentencia 378, de fecha 31 de mayo de este año, en la que declara que “no es necesario, ni constitucionalmente obligante, un referendo consultivo previo para la convocatoria de una ANC”, porque, a su entender, “el artículo 348 precisa que la iniciativa para ejercer la convocatoria constituyente le corresponde, entre otros, al Presidente o Presidenta de la República, órgano del Poder Ejecutivo, quien actúa en ejercicio de la soberanía popular”. El máximo tribunal le dio así vía libre al Decreto 2830, emitido por Nicolás Maduro el 1 de mayo próximo pasado, en el que ya éste se había asignado a sí mismo la potestad de convocar directamente, sin mediación popular, la ANC.

Se pisotean, de ese modo, descaradamente, el propio artículo 348 constitucional que claramente dice que el Presidente de la República sólo puede tomar la iniciativa de la convocatoria, y el artículo 347 ejusdem que dispone que sólo el pueblo, como depositario del poder constituyente originario, “puede convocar una ANC”.

Todos los juristas que han opinado sobre la materia están contestes en que la Sala Constitucional del TSJ, convertida en aquelarre incondicional de la dictadura, ha dado una interpretación equivocada de los mencionados artículos constitucionales y, por eso, la Fiscal General de la República ha emplazado a la Sala Constitucional, entre otras solicitudes, a “determinar la diferencia entre lo que se entiende por convocatoria e iniciativa de la convocatoria”.

La barbaridad jurídica anterior corre parejas con otra barbaridad jurídica. En las bases comiciales para elegir los diputados de la ANC, que unilateralmente Maduro quiere imponer, se fractura la universalidad del sufragio mediante una fascista sectorialización corporativa y se desconoce el principio de la proporcionalidad del voto al darle peso igual a municipios rurales de pocos habitantes y municipios urbanos mucho más poblados, con el evidente propósito, no disimulado ni por el más mínimo pudor, de tener el control absoluto de la ANC.

Los partidos de la oposición, representados por la MUD, han manifestado que no participarán en el sainete o farsa grotesca que se está montando y que el pueblo seguirá en la calle luchando por el rescate de la democracia y protestando porque tiene hambre.

Arrecia la represión que ya ha enterrado, al escribir este artículo, 65 muertos, pero los oficios fúnebres de la dictadura no pueden ser infinitos. El desenlace de la crisis está cerca.

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