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El referendo (im)posible

En la incesante búsqueda de un hecho que pueda reunificar al chavismo e intentar organizar esa masa amorfa que hoy desgobierna a Venezuela, Nicolás Maduro, el PSUV y los Poderes Públicos que éste controla (todos excepto el Legislativo), esperan reeditar los sucesos del 11 de abril de 2002.

Ante la imposibilidad de la realización del Referendo Revocatorio, mecanismo constitucional activado por la oposición para sustituir al Presidente de la República por vía electoral, el chavismo persigue una versión 2016-2017 del evento que permitió consolidarlo en el poder y al que le siguió el proceso de diálogo entre la Coordinadora Democrática (instancia que agrupaba a partidos y organizaciones de oposición) y el Gobierno, teniendo como mediador a la siempre expectante OEA. Para aquellos interesados en explorar ese potente antecedente, más vigente que nunca, se encuentra analizado pormenorizadamente por el Dr. Miguel Ángel Martínez Meucci en su libro “Apaciguamiento” (Alfa, 2012).

Un nuevo 11, 12 y 13 de abril es la aspiración más importante para un gobierno acorralado que necesita mostrarse como víctima de un plan de golpe de Estado preconcebido desde las cúpulas del imperialismo y auspiciado por la extrema derecha en contra de los redentores del pueblo, la reserva moral del Planeta, la Revolución Bolivariana. Palabras más, palabras menos, esa es la narrativa que quiere posicionar la administración Maduro. No obstante, las circunstancias son otras.

¿Cuáles son las características de la crisis política vigente en contraste con la coyuntura de abril de 2002? Las más generales: a diferencia de 2002, hoy existe un relevante número de presos, perseguidos y exiliados políticos; la Justicia decide a favor del oficialismo; el resto de los poderes, con la salvedad del Parlamento, operan abiertamente en beneficio del PSUV; Pdvsa, eje de la economía nacional, lleva una década declarada “roja rojita”; las élites tradicionales (Fedecámaras, CTV, gremios profesionales, universidades) perdieron influencia ante un gobierno que las desconoce y que edificó organizaciones paralelas a fines a sus intereses; el diálogo con la disidencia es inexistente; la violencia política y la represión a las manifestaciones es mayor; la crisis económica y el caos institucional es inédito, incluso el paro petrolero no sirve como referente de la escasez, el desabastecimiento y la inflación; el contexto internacional es radicalmente distinto: la OEA juega un papel crítico y muchos aliados regionales han desaparecido.

Para el chavismo, nada mejor que los escenarios en los que se desborda la violencia. De ahí su génesis. Los intentos de golpes de Estado de 1992, los muertos del 11 de abril de 2002, las refriegas de febrero de 2014, son hechos en los que se desenvuelve con soltura logrando buenos dividendos, porque incluso en el último de los casos citados, el más reciente, que dejó un saldo de 43 fallecidos y decenas de presos y torturados, Nicolás Maduro subió un par de puntos en la aceptación del universo chavista. En el imaginario oficialista, si hay algo que reivindica y premia, es el grado de violencia exhibido por un dirigente.

No obstante, como enumeramos anteriormente, la situación es otra. El país vive una situación de agonía y por lo menos un 80% de la población no acompaña a la Revolución. Esto no quiere decir que la cultura política de Venezuela ha cambiado o que haya más conciencia sobre la defensa de la democracia. Lo que sí muestra, por lo menos a priori, es que el hambre, el alto costo de la vida y la inseguridad, han evaporado el respaldo popular de un gobierno que, aferrado al caos, clama por un baño de sangre para salir airoso.

En este complejo tablero se mueve la oposición democrática, quien ha promovido una salida constitucional bloqueada por el Ejecutivo y ahora tendrá el gran reto de exigir en la calle, con movilizaciones y protestas, la dimisión de Nicolás Maduro y la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales.

Twitter: @angelarellano

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