El SEBIN no respeta órdenes de los Tribunales
El funcionario de la Alcaldía de El Hatillo, Francisco Márquez, en su testimonio ante la OEA en audiencia sobre averiguación sobre si se puede determinar que en Venezuela se han cometido y se cometen crímenes de lesa humanidad, declaró que el SEBIN mantenía encarcelados a ciudadanos a quienes tribunales penales habían ordenado su libertad. No hizo sino ratificar, con ejemplos. hechos notorios: en la dictadura de Maduro, el SEBIN tiene más poder que los tribunales de justicia y pasa por encima de ellos, desconociendo sus decisiones y tomando medidas que deben ser acordadas judicialmente.
Esa gravísima irregularidad me hace recordar lo que dice Ingo Müller en
Los Juristas del Horror:
Ingo Müller
Los Juristas del Horror
Inversiones Rosa Mística
Bogotá, 2009
p. 255 s.
En ocasiones la Gestapo incluso trató de volver a arrestar a acusados absueltos antes de que pudieran abandonar la sala de audiencias del Tribunal del Pueblo. En uno de esos casos, una ex comunista acusada de alta traición por haber supuestamente participado en reuniones ilegales de comunistas y socialdemócratas, fue absuelta por la Segunda Sala del Tribunal del Pueblo por falta de pruebas. Cuando dos funcionarios de la Gestapo presentes en la sala trataron de llevársela detenida preventivamente inmediatamente después de que se había anunciado la sentencia, el juez presidente y otro miembro de la sala protestaron vigorosamente, explicando que no se podía permitir “que se detuviera preventivamente a personas que habían sido absueltas por el tribunal”. Después de todo el Tribunal del Pueblo había “sido creado por el Führer y por lo tanto es el más alto tribunal del Reich alemán, totalmente soberano”; nos encontraríamos ante “un estado de cosas imposibles” si las sentencias de este tribunal estuviesen abiertas a “criticas por parte de un cuerpo administrativo” 548. Ante esto, los funcionarios policiales se retiraron sin proceder al arresto, sin embargo, dos días después la mujer fue arrestada y enviada a un campo de concentración. En enero de 1939, Otto Thierack, que entonces era presidente del Tribunal del Pueblo, le escribió al Ministerio de Justicia diciéndole que “todos los jueces de la sala, inclusive quienes actúan a título honorífico”, hallaban “intolerable” que se estuviera imponiendo detención preventiva a personas que habían sido absueltas por ellos. sería mejor que esos inculpados “fuesen puestos en razón mediante una temporada en un campo de concentración”.
La indignación expresada a veces no era motivada por la injusticia de volver a arrestar a personas que habían sido absueltas sino más bien por la afrenta que implicaba para la administración de justicia tan obvia “corrección” de una sentencia de un tribunal. El 24 de enero de 1939, el ministro de Justicia del Reich instruyó a los presidentes de las Cortes Superiores que se aseguraran de que la Gestapo esperase hasta que los acusados hubieran salido del tribunal antes de proceder a un arresto. Fuera de esto, el ministerio hacía lo que podía para apoyar la práctica. Ya en mayo de 1933, el ministro de Justicia había impartido instrucciones en el sentido de que los prisioneros que estaban cumpliendo condenas por delitos políticos fuesen entregados a la policía política cuatro días antes de su liberación, para que la policía pudiese averiguar si se requería “detención preventiva”.
El testimonio de Francisco Márquez, así como el de Tamara Sujú, en la primera audiencia de la OEA sobre averiguación referida a supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro y su cadena de mando, constituyen pruebas contundentes de la comisión de esos delitos de manera sistemática tal como lo dispone el Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional, en su artículo 7. Esa primera audiencia se refirió a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad.
En la segunda audiencia, referida a los militares, los testigos ratificaron lo que habían expuesto los testigos de la primera audiencia. Entre otras cosas dijeron:
El Teniente Coronel retirado, José Gustavo Arocha Pérez relató la manera en la que llegó a la sede del Sebin, llamada La Tumba: “Cuando fui ingresado en La Tumba, un Sebin dijo: ha llegado otro muerto”.
Asimismo el Mayor General Hebert García Plaza, quien ocupó cargos del alto mando militar en el gobierno de Nicolás Maduro y asumió también ministerios, testificó sobre lo que ocurría durante la gestión del régimen.
También señaló que del Tribunal Supremo de Justicia no sale una sentencia sin la revisión de Cilia Flores y Elvis Almoroso.
Oyendo los testimonios y observando la forma como el ex Fiscal General de la CPI, Luis Moreno Ocampo, está actuando, me atrevo a pensar que la OEA puede decidir que Maduro y su cadena de mando han cometido delitos de lesa humanidad. Con ello, cualquiera de los 28 Estados de la OEA que son partes del Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional, podrá formular denuncia ante ese Tribunal, en La Haya.
