Este año 2018
El año que se inicia reclama, con urgencia que no se puede postergar, un cambio de políticas o un cambio de gobierno. La situación que estamos viviendo los venezolanos, para decirlo en lenguaje popular, ya no la aguanta nadie. Si no, que lo diga la ola de protestas y saqueos de alimentos que comenzó a finales de diciembre y continúa con más fuerza en lo que va del nuevo año, o las muertes que se hubieran evitado con una política de salud adecuada y el uso de fármacos que ahora no se hallan.
En cuanto al cambio de políticas, el oficialismo lo niega. Y respecto al cambio de gobierno, si se cierra definitivamente el espacio para que la elección presidencial de este año sea libre y transparente, no le quedará al pueblo venezolano otro recurso que el ejercicio del derecho de “resistencia a la opresión”, el cual existe desde antes que la Revolución Francesa lo consagrara como uno de los cuatro derechos “naturales e imprescriptibles” (los otros tres son la libertad, la propiedad y la seguridad) en su famosa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Ese derecho se ha establecido en numerosos textos de derecho positivo, como es el caso de la Constitución de 1999, vigente en nuestro país (artículos 350 y 333).
Como quien excava su propia tumba, la dictadura imperante en el país no solo ha roto la democracia, sino que también se empeña en la destrucción de la economía nacional. Casi cien economistas, entre los que destacan los más notables de Venezuela, dirigieron el 12 de este mes una carta a quien funge de presidente de la república, Nicolás Maduro, en la que diagnostican, en una especie de resonancia magnética, la severa crisis que atravesamos. Una contracción del 37% del ingreso promedio por habitante con respecto al año 2012, señalándose que “la historia moderna registra reducciones de tal magnitud y tan abruptas, solo en medio de cruentas guerras que devastan la producción y el comercio”. Bajos niveles de inversión que “amenazan descapitalizar el aparato productivo doméstico al no poder reponer adecuadamente la depreciación de activos”. Un déficit promedio del 14% entre los ingresos y gastos del sector público consolidado entre 2013 y 2017, que se ha financiado con emisión de dinero sin respaldo por el BCV. Aumentos nominales de salarios mínimos que compitieron en “una carrera perdida” con una hiperinflación del 2.616% en el año 2017, la más alta del planeta. Un control de precios que no controla la inflación (no se atacan las causas de ésta) y provoca desabastecimiento de alimentos y una hambruna que economistas y analistas comparan con la conocida con el nombre de Holomodor que asoló a Ucrania entre 1932 y 1933, gracias a la política de Stalin de colectivización del campo. Un control de cambio (cuando se aplica, solo es temporalmente) desde el año 2003, que no ha detenido las fugas de capital, como lo demuestra el hecho de que entre 2003 y 2016 salieron del país 155,4 millardos de dólares, “más de ocho veces lo egresado en los cuarenta años entre 1959 y 1998”. Una PDVSA que flota sobre una ciénaga de corrupción y no logra incrementar el ingreso petrolero porque, a pesar de que el barril ha trepado a alrededor de los 60 dólares, está produciendo menos de 2 millones de barriles diarios.
El tiempo se agota. Independientemente de la opinión que se tenga sobre el diálogo o negociaciones que desde septiembre del año pasado se realizan entre el Gobierno y la MUD, la nueva reunión, programada para mañana jueves 18 en la República Dominicana, debe ser la última, la que nos diga en definitiva, si hubo o no acuerdo, y, si éste se logra, cuál fue el blindaje interno e internacional que aseguraría su cumplimiento por parte de un gobierno tramposo. Solo así sabremos a qué atenernos.
