El EditorialOpinión

La batalla en la OEA

El día miércoles 31 de mayo de 2017 se reunieron en la sede de la Organización de Estados Americanos 18 cancilleres de la región junto a otros 15 funcionarios diplomáticos entre los cuales estaba una silente funcionaria de Venezuela. ¿Por qué su presencia en esa sala después del anuncio estentóreo de la salida del país de la organización realizado por la Ministra de Relaciones Exteriores ?, simplemente para lograr que se requiriesen más votos ya que la base para aprobar una resolución era las dos terceras partes de los países presentes.

La larga sesión, con la intervención de 6 minutos para cada delegación, no concluyó en una votación, como pretendió solicitar la delegación de Bolivia, sino más bien en una búsqueda de formulación de una declaración de consenso que encontrase los puntos comunes entre las presentadas por dos bloques de países, uno representado por los miembros del Caricom y la otra por Canadá, Perú, EEUU,Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Belize y México.

El debate fue iniciado por dos países aliados del gobierno de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, los cuales reiteraron su rechazo a la reunión de cancilleres. Luego tomaron la palabra los representantes de 26 países que se expresaron a favor de uno de los dos bloques que habían presentado proyectos de declaración, salvo el Ecuador que apoyo la posición de los otros miembros de la Alba.

Al analizar el tenor de las diferentes intervenciones se notó una común preocupación por la situación que se vive en nuestro país y la necesidad de encontrar, a corto plazo, una fórmula para resolver de manera pacífica y constitucional la crisis.

La diferencia entre ambos bloques era más de énfasis que de fondo, ya que una de las declaraciones exigía que era necesario que el gobierno venezolano retirase la ilegítima convocatoria a una Asamblea Constituyente, factor este que en vez de resolver el conflicto lo potencia, mientras que la otra declaración, amparándose en el concepto de la no intervención, omitía este punto, pero si señalaba la necesidad de que se debía respetar el estado de derecho, el respeto a los DDHH, el debido proceso, el cese de la violencia y la imperiosa necesidad de entablar una negociación, asistida por varios países de la region con la finalidad de superar la crisis.

En total intervinieron 28 países, 3 rechazaron la celebración de esta reunión, 14 expresaron de manera enfática la responsabilidad del gobierno en la crisis y 11 fueron más moderados al hablar de una solución pacífica a la crisis, basada en el respeto de principios fundamentales de los derechos humanos y del estado de derecho o como se llama en inglés The rule of law.

Al final de la sesión la sensatez prevaleció y no se procedió a una votación que hubiese sido dividida y se abrió espacio a la diplomacia para encontrar un texto común que recogería al menos la aceptación de 30 países, si no la apoyasen los 4 del Alba.

Las declaraciones emitidas tanto por el Canciller de Bahamas como por el de Perú, dieron a entender que prácticamente ambos grupos habían logrado un acuerdo, pero que le dejaron al Consejo Permanente de la OEA la redacción final del texto que deberá ser aprobado antes de la reunión extraordinaria de la organización a celebrarse a mediados del mes de junio en Cancún.

La importancia de esta reunión de cancilleres no se debe soslayar, ya que mostró la fortaleza de la organización regional y el deseo de la inmensa mayoría de sus miembros de apoyar y participar, junto a las partes en conflicto, en la solución perentoria de la crisis venezolana.

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