El EditorialOpinión

La no comparecencia ante la CIJ

El gobierno venezolano decidió no comparecer ante la Corte Internacional de Justicia para el inicio del procedimiento en torno a la reclamación de nuestro país al territorio Esequibo.
No es el primer país que decide no acatar la citación del máximo tribunal internacional, y las consecuencias de hacerlo son diferentes según la materia que sea objeto de la causa litigiosa.
En el caso particular nuestro, es bueno recordar que estamos frente a la Corte no solo por una demanda interpuesta por Guyana, sino por una decisión formulada por el Secretario General de las Naciones Unidas con base a las facultades que le otorga el Acuerdo de Ginebra de 1966 y que dio lugar a una llamada a consulta hace dos años a los gobiernos de Venezuela y de Guyana para determinar cuál mecanismo de solución pacífica de controversias se debería aplicar para resolver el conflicto.
El gobierno venezolano insistió, a pesar de que no era conveniente, en que se siguiera usando el método de los buenos oficios que para la fecha del encuentro con Ban Ki Moon ya llevaba 27 años sin producir resultado alguno. Por su lado, el Gobierno de Guyana solicitó al Secretario General que se aplicara el recurso a la CIJ, tal cómo está previsto en el art 33 de la Carta de las Naciones Unidas y que forma parte integral del Acuerdo de Ginebra.
El Secretario General Moon emitió una decisión “salomónica” concediendo al gobierno venezolano una extensión, por un lapso de un año, de los buenos oficios y por el otro, la instancia de resolver el conflicto ante la CIJ, si las partes no habían resuelto la controversia durante el período acordado.
El Gobierno venezolano no protestó oportunamente esa decisión y por eso ahora estamos ante la Corte.
¿Qué efectos puede tener la no comparecencia ante el tribunal? Eso lo decidirá la Corte que bien puede, si así lo decide, proceder in absentia y eventualmente juzgar sobre el fondo.
¿Qué puede hacer, si eso ocurriese, Venezuela, desacatar la sentencia? Es una posibilidad, como lo han hecho en el pasado otros estados  como Francia, EEUU y Colombia, pero el hecho es que Guyana está en posesión del territorio y aparentemente tiene un importante apoyo internacional para que lo conserve. Por lo tanto, el rechazo del gobierno venezolano a lo que pudiera ser una eventual decisión de la Corte no tendría mayor efecto jurídico, ni político y solo quedarían para solucionar el conflicto las muy improbables vías de hecho.
Frente a esta difícil y compleja situación qué debería haber hecho el Gobierno venezolano una vez que no protestaron durante casi dos años la decisión del Secretario General, pues haberse preparado para interponer ante el tribunal medidas que demorasen la decisión sobre el fondo mientras intentaban, de manera racional, entablar algún tipo de diálogo constructivo con la República Cooperativa de Guyana. El problema es que ha habido tal cúmulo de errores en el manejo de la reclamación que el margen de maniobra que algún día tuvo nuestro país, lamentablemente, se ha reducido a su mínima expresión.
Ojalá, por alguna razón azarosa la Corte desistiera de seguir adelante con el procedimiento. Sin embargo, vemos poco probable que eso ocurra en el contexto actual de las relaciones internacionales.

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