La policía no ve la corrupción

Hace pocos días, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales de Argentina, Luis Cevasco, entrevistado por cuentasclarasdigital.org, en el Simposio Internacional sobre Delitos Económicos de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, reveló que las policías no investigan los hechos de corrupción por estar vinculadas al Poder Ejecutivo, es decir, al gobierno.

De esta afirmación podemos inferir que también en el caso de Venezuela, donde las policías dependen de instancias del gobierno, las investigaciones policiales carecen de independencia, o dicho de otro modo, pueden estar manipuladas o silenciadas por el poder o la vinculación al poder de personas ligada a hechos de corrupción.

Un caso concreto es la Policía Anticorrupción, dependiente jerárquicamente del Presidente de la República, es decir, del máximo representante del Poder Ejecutivo, a los fines de prevenir, combatir y neutralizar la corrupción “en todas las instancias del Poder Público, el poder popular y el sector privado”.

En Venezuela, innegablemente, el presidente se despacha y se da el vuelto. No tiene lógica ni legalidad que el mandatario nacional, cuya principal responsabilidad es proteger la integridad de la administración pública, también dirija el cuerpo policial que debe investigar cualquier irregularidad en el manejo de los recursos del Estado.

Sin duda en Venezuela, el Estado de Derecho ha sido sustituido por un estado delincuente, La corrupción y la impunidad se han adueñado del país. Un poder judicial corrupto, al igual que las policías y la Fiscalía no pueden frenar la corrupción, una prueba son los informes del Ministerio Público, donde se estima que el 86 por ciento de los casos de daños al patrimonio público quedan impunes.

De esta complicidad de los cuerpos policiales con la corrupción pueden citarse numerosos casos sellados por la impunidad, por ejemplo los delitos cambiarios, cuyo dedo acusatorio ha sido orientado solo a los llamados “raspacupos”, pero nada se sabe de los 25 mil millones de dólares que quedaron en manos de las empresas de maletín, tampoco de las sobrefacturaciones y de los sobornos en las aduanas. Asimismo, no hubo investigación contra los funcionarios públicos responsables de la crisis financiera 2009-2011, de las irregularidades comedidas en la Oficina del Tesoro, en los ministerios de finanzas, en la CVG, Pdvsa y la gestión de la emergencia eléctrica, delitos cambiarios en la importación de alimentos, entre muchos otros.

Mientras los corruptos sigan comprando impunidad con el dinero que le han robado al pueblo, principal causa de la inflación y la escasez, seguirán ignorándose denuncias cobre importantes funcionarios del gobierno y sus cómplices necesarios con cuentas millonarias destapadas durante las intervenciones de Banca Privada de Andorra, Banca Madrid y el Banco Espirito Santo, cuyas ramificaciones llegaron a Panamá y Caracas.

De las acciones de la Policía contra la Corrupción, anunciada con mucha alharaca por Nicolás Maduro, en marco de la Ley Habilitante, no se ha hecho absolutamente nada.