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¿Liberación de presos políticos?

Alberto Arteaga Sánchez

La denominada liberación de los presos políticos encierra mensajes dirigidos a dejar sentada la justificación del castigo que se impuso con la privación de la libertad a disidentes o adversarios del Gobierno, con la aclaratoria de su condición de delincuentes y la inequívoca advertencia de su sometimiento al arbitrio del poder.

En efecto, se ha montado todo un operativo de propaganda en torno a la libertad otorgada por caminos verdes, por órdenes del Presidente de la República al Poder Judicial, en el escenario de la casa Amarilla.

Por supuesto, todos nos encontramos atrapados ante el silencio que quiere imponernos el “dueño y señor” de la libertad ciudadana por la legítima alegría de las familias que han padecido las consecuencias de la injusta cárcel de sus seres queridos. Pero no podemos callar ante la injusticia cometida contra dirigentes políticos o ciudadanos de a pie que, simplemente, han ejercido el derecho a disentir, propio de la democracia, calificándose su conducta  como traición a la patria, rebelión, conspiración, “instigación pública” o la infundada Asociación de la Ley Contra la Delincuencia Organizada.

Igualmente, debe insistirse en que se trata de libertades chucutas, limitadas a la salida del encierro en nuestros antros penitenciarios o policiales, sometidos a tratos crueles, manteniéndose “medidas sustitutivas” que son verdaderas penas anticipadas como la prohibición de salida del país, la humillante presentación ante los tribunales o el inadmisible impedimento de declarar a los medios.

En otras épocas, por la exigencia de la pacificación del país y el propósito serio de reconciliación, se recurrió a la vía transparente de la amnistía por parte del Poder legislativo o a los indultos presidenciales, a los fines de devolver la libertad plena  a los adversarios presos o perseguidos políticos.

La presente situación se presenta con características muy diversas. El Gobierno y el propio Fiscal designado por  la cuestionada constituyente han insistido en la gravedad de los hechos cometidos por los “beneficiados” y en la “magnanimidad” de quien ejerce el poder, a los fines de liberar, bajo condiciones, a un listado de presos que nunca debieron ser encarcelados.

Por otra parte, la libertad otorgada a los integrantes de las listas elaboradas desde arriba, no parece que será extendida a todos los que permanecen presos por motivaciones políticas, ya que, prácticamente, se trata de un “bono” que se otorga según la voluntad del Ejecutivo.

Sin duda alguna, es necesaria la reconciliación  de una sociedad dividida y radicalizada. Ello exige disposición a rectificar, a revisar procedimientos y a dar claros ejemplos que señalen un nuevo rumbo democrático.

Resulta imprescindible que aceptemos que la libertad no es un privilegio de algunos, sino un derecho ciudadano; que no es delito disentir y criticar la gestión pública; y que, en un sistema de libertades, tenemos el derecho a no ser molestados ni perseguidos por nuestras opiniones y  a no ser encarcelados por nuestras ideas; y ,cuando la administración de justicia formal incurre en manifiestos errores, hay recursos extraordinarios previstos en la Constitución  para su rectificación y para implementar medidas en beneficio del bien común y la paz de la comunidad.

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