Aprietes e injerencias bolivarianas

El autoritario estilo chavista se derrama sobre la región y contagia –tan
sólo con pequeñas variantes– a varias naciones dispuestas a extraviar el
rumbo de la libertad.

Hugo Chávez es un autoritario. Disfrazado quizás, pero autoritario al fin.

Sus seguidores también lo son. Rafael Correa con más picardía que otros.

Los Kirchner con fuerte disimulo (para que no se note). Fernando Lugo cada vez
con más dudas sobre si arrojarse (o no) a los brazos de Chávez. Y Evo
Morales, burdo, provocador y descarado como pocos.

Riesgos físicos

En Bolivia, ser opositor hoy es peligrosísimo. Existe riesgo físico cierto.

Esto es, la posibilidad real de sufrir la agresión material de turbas
manejadas a control remoto por los líderes del Movimiento al Socialismo (MAS)
que conducen Evo Morales y el pensante Álvaro García Linera, su
Vice-presidente (una suerte de Horacio Verbitsky local).

Allí acaba de suceder una fea agresión más. La diputada opositora (de
Podemos), Jheymi Flores, ha sido agredida brutalmente en las calles de Oruro.

Por indígenas “comunarios” (campesinos) llegados “espontáneamente”
de la provincia de Avaroa. A palazos y latigazos. Abiertamente, a la luz del
día y frente a todos, en el casco céntrico de la ciudad. La diputada
terminó maltrecha, lastimada, con diez días de recuperación por delante por
los golpes y heridas recibidos.

Para la agredida, los responsables de la agresión serían el propio Prefecto
orureño, Alberto Luis Aguilar, y el presidente de la Brigada Parlamentaria
del MAS de ese departamento, Heriberto Lázaro. La diputada Flores hizo, por
ello, denuncias al Ministerio Público (que no hará seguramente nada
destacable) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo
regional que tiene una pila de denuncias similares relativas a una Bolivia
cada vez más inestable.

Este es el cuarto caso de violencia política personalizada ocurrida en las
últimas semanas en territorio boliviano.

Lo precedieron los conocidos casos del indígena ex Vice-presidente, Víctor
Hugo Cárdenas (despojado de su vivienda por la fuerza por una turba de
“comunarios” en Sank’ajauira, que además la saquearon); de la diputada
masista Marleny Paredes (agredida en Yungas); y del también dirigente
indígena, Marcial Fabriciano (a quien se le propinaron 50 latigazos, antes de
dejarlo tendido en el suelo, abandonado).

La situación es grave. Detrás de los atentados aparece la intolerancia.

También el deseo -calculado- de golpear, intimidar y amenazar. Para sembrar
el miedo y alimentar el odio.

En este caso, la fraguada “indignación popular” (los llamados
“movimientos sociales” son solamente instrumentos del poder que se
organizan, mantienen, estimulan y empujan a voluntad) tuvo aparentemente que
ver con una denuncia de la diputada en el sentido que el Prefecto local había
cedido 145 kilómetros cuadrados de su jurisdicción a otro departamento. Lo
que no es algo menor, como “descuido”. Los agresores indígenas le
exigieron, antes de golpearla, que se retractara de la acusación. No lo hizo,
y sufrió la planificada barbarie desatada contra ella.

Los acusados respondieron, con la soberbia del MAS, sugiriendo que la diputada
estaba montando un “show político”, en busca de “protagonismo”. A
costa de su físico y salud. Increíble. La diputada cumplía, corajudamente,
con el deber que su condición de mandataria le impone. La acompañaba su
hermano, quien también fue víctima de patadas y palazos.

Las vejaciones se están acumulando sobre los dirigentes de la oposición
boliviana. Por esto, “hacer política” en Bolivia es jugarse la vida. Los
autores de los atentados se excusan detrás de la noción de “justicia
tradicional indígena” que -sostienen- está privilegiada y protegida por la
nueva “Constitución Política” de Bolivia, que es una receta perfecta
para el caos.

Si la presunta tradición indígena se sobrepone a los derechos humanos de los
bolivianos, el camino iniciado por Morales conducirá a enfrentamientos.

Terminará mal. Con choques entre quienes pretenden subyugar a los demás
(como si fuera su derecho) y quienes no quieren retroceder al atavismo y
perder, en el camino, sus preciadas libertades esenciales, aquellas que hacen
a su condición humana. Para preocuparse, y mucho, por el rumbo que están
tomando las cosas en el país del norte.

Detrás de Morales están las sombras de Castro y Chávez, que desde el
exterior “mueven las fichas” en el tablero boliviano, en partida de alto
riesgo. Creyendo que son los dueños de la verdad cuando, enfrentados con
hombres de la talla de un Mario Vargas Llosa, lo único que se les ocurre es
salir corriendo ante la posibilidad del ridículo.

Claro “do ut des” de “Lula” a Evo Morales

Acicateado por su ventrílocuo Hugo Chávez (que alguna vez soñó con
desplazar a “Lula” del timón del liderazgo regional), Evo Morales
lastimó a las inversiones brasileñas en Bolivia. Ahora comienza a recoger lo
que sembró.

En efecto, el gobierno del Brasil acaba de anunciar (contra lo que esperaba
Evo Morales) que ha concedido asilo político a 118 bolivianos-pandinos que
están en el Brasil huyendo a la persecución desatada contra ellos, a los que
Evo Morales pretende involucrar en la masacre del 11 de septiembre de 2008
ocurrida en el sector “Cuatro Cañadas”, en la localidad de El Porvenir,
departamento de Pando; un episodio confuso (en el que hay acusaciones cruzadas
entre el gobierno y la oposición) de enfrentamientos armados, en los que
quedaron once campesinos muertos.

Casi todos los refugiados eran “cívicos” o empleados prefecturales que
temían ser víctimas de las clásicas “represalias” violentas del
gobierno de Morales, prolijamente planificadas y disfrazadas de “justicia
indígena”, como se ha visto.

Sí, lector, usted recuerda bien. No se equivoca. Ese es el episodio
sangriento en el que UNASUR (sólo ratificada, sugestivamente, por Bolivia)
designó al izquierdista radical Rodolfo Mattrollo, el Sub-secretario de
Derechos Humanos de los Kirchner -un hombre de vinculaciones con los
militantes violentos de la izquierda radical argentina- para encabezar una
“Comisión Investigadora” de esos sucesos designada por UNASUR. Su
increíble “informe” ha dejado a Mattarollo en el ridículo desde que
-vergonzosamente- algunos de los muertos que allí se denuncian han aparecido
con vida.

Muchos sospechan que todo fue armado por el MAS y que UNASUR sólo salió en
su auxilio antes de que las cosas se le fueran de las manos, para proporcionar
al MAS y a Morales una “excusa creíble”, casi “legítima”, para
quienes no advierten que es lo que puede haber detrás del informe de la
“Comisión Investigadora” de UNASUR.

La decisión del gobierno de Brasil se conoció a través de los diarios de
ese país. Ella consideró que “hay riesgos de persecución política”
contra los refugiados. Y es así. Particularmente porque entre ellos están
Ana Melena y Ricardo Shimokawa, dos cívicos pandinos de renombre.

Cabe destacar que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
intercedió a favor de los refugiados, seguramente con información auténtica
en sus manos, aquella que descoloca a Morales. También el Ministro de
Justicia del Brasil, Tarso Genro, un ex dirigente comunista, que ha acordado
que se conceda refugio a los bolivianos perseguidos por Morales. Quizás lo
hizo para distraer la atención respecto de su decisión previa de no
extraditar al prófugo ex terrorista marxista italiano Césare Battitsti,
requerido por la justicia peninsular.

Se presume ahora que, para las Naciones Unidas al menos, no se han cometido en
Pando “delitos de lesa humanidad”, lo que, de haber sucedido, hubiera
impedido conceder refugio a los bolivianos.

Lo sucedido, como dirían los romanos, es un claro “do ut des” de
“Lula” a Evo Morales. Para hacerle la vida más fácil a un Morales
aclaramos que la traducción es: “te doy lo que me das”. Y es lo que ha
hecho “Lula”.

Tensión en el Amazonas peruano

El norte amazónico del Perú, habitualmente verde, se tiñó de rojo. Sin
embargo, lo sucedido no puede catalogarse de sorpresa. Se sospechaba que
podía ocurrir. Las “sombras” de Hugo Chávez y Evo Morales habían
aparecido en ese remoto rincón de la nación hermana. Ahora deben encontrarse
las “huellas digitales” de ambos desestabilizadores. No es imposible. Pero
no será fácil. Ambos son expertos en generar estos conflictos. Y campeones
cuando de violar el principio de “no injerencia” se trata.

Por esto, el presidente Alan García comentó que los violentos sucesos
responden a una “agresión cuidadosamente preparada contra el Perú”.

Detrás de ella, agregó, hay “políticos que predican fórmulas extremistas
que no han tenido eco en la población de las ciudades”, en alusión al
hombre de Hugo Chávez en el Perú, Ollanta Humala, cuya popularidad nacional
está por el suelo y que ya no parece capaz de amenazar la estabilidad de un
Perú que quiere ser un país moderno, abierto al mundo, que crece velozmente
y con renovada confianza en sí mismo.

Azuzados fácilmente por extremistas con experiencia en este tipo de
revueltas, los indígenas amazónicos de la región de Bagua -en lo que es una
derivación del largo conflicto por los recursos naturales de la zona,
incluyendo la explotación de la madera con riesgos de deforestación-
asesinaron a sangre fría a 22 policías peruanos. Entre ellos, a 9 que
tenían cautivos, que fueron degollados. A los demás los desarmaron, les
quitaron los uniformes y los asesinaron a machetazos.

El líder de la rebelión en el Amazonas, Alberto Pizango huyó -como se
esperaba- refugiándose en la Embajada de Nicaragua.

Los policías asesinados cumplían funciones de vigilancia en la estación 6
del Oleoducto Nor-peruano y estaban en sus viviendas cuando los indígenas
invadieron su campamento. Otros 6 policías están aún en manos de los
insurrectos, en algún lugar de la selva. Cerca de un caserío llamado
Cusugrande, en Imaza, provincia de Bagua. Sus posibilidades de sobrevivir
parecen bajas.

El ejército del Perú ha tomado el control de la zona por instrucciones del
Poder Ejecutivo. El General Raúl Silva Albán comanda las operaciones que se
llevan a cabo en la región del Amazonas y las provincias de Jaén y San
Ignacio de Cajamarca, en las que rige el toque de queda.

Lo importante es que este conflicto, fogoneado desde el exterior, no derive en
nuevas expresiones de salvajismo. Ni se desborde. Hay más de un centenar de
indígenas detenidos, cuya integridad debe garantizarse.

Lo que no debe dejarse pasar es la incitación a la violencia que, según ha
denunciado el Presidente Alan García, llega desde el exterior con propósitos
de desestabilización. Quienes están detrás de ella son responsables de los
desmanes que han sucedido, cuya repetición debiera evitarse. Son ellos
quienes, en su prédica utópica, han desequilibrado a las poblaciones
locales, empujándolas hacia la violencia.

Es obvio que ellos dirán que no es así. Siempre lo hacen, escondiendo su
mano, como cuando Fidel Castro -en la década de los 70- armara el brazo de la
guerrilla en varios países de la región, según él mismo ha admitido
públicamente. Desde las sombras han envenenado las mentes de los indígenas,
a quienes han empujado al camino sin retorno: el de la violencia. Para
tensionar aún más las cosas, la Ministra de Justicia de Bolivia, una mujer
propensa a provocar, llamó al gobierno de Alan García: “neo-liberal y
corrupto” y “sometido a los gringos”. Parece mentira. Porque hay pocas
administraciones tan repletas de corrupción como la de Bolivia. Aquello de
“la paja en el ojo ajeno” mantiene su vigencia, queda visto.

La “injerencia” boliviana en Perú está probada. El propio Evo Morales
envió una carta al “Congreso de Indígenas” realizado en Puno (cinco
días antes de los hechos de violencia en el Amazonas) en la que plantea la
necesidad de pasar de la “resistencia” a la “rebelión”, esto es a una
“definitiva revolución”. Gravísima, como incitación. Irresponsable,
como intromisión.

Morales se defiende señalando que la carta (leída en el Congreso) no estaba
dirigida sólo a los indígenas del Perú, sino a “todos” los de América
Latina. Peor, entonces: la “ingerencia” de Morales apunta a “todos”
los países de la región (que denomina “Abya Yala”, en lugar de
“América Latina”).

El Puno es -recordemos- la zona del Perú en la que la “mano oculta” de
Chávez y la de Morales aparecen con mayor frecuencia. La “Carta” de
Morales (y seguramente otras acciones paralelas) atizó el fuego y la
violencia en el Amazonas peruano. Morales habla como sujeto pasivo del gran
manipulador de la región: Hugo Chávez. Y se mueve, obviamente, con sus
dineros. De allí la corresponsabilidad.