¿Cuenta Colombia en la guerra contra el terrorismo?

Nueva York (AIPE)- María Gladys Quiroga, proveniente de la región campestre de Santander, se fue a Bogotá hace más de 10 años. Trabajaba en la cocina del elegante Club El Nogal y con su sueldo criaba y educaba a su hija. El 7 de febrero por la noche, un carro bomba de los terroristas la mató. Otra víctima fue Yesid Castiblanco, un mesonero de 23 años. Sus familiares dijeron al diario El Tiempo que a él le encantaba su trabajo, “decía que además de aprender de vinos y platos, también aprendía inglés”.

La explosión mató a 35 personas e hirió a más de 170, incluyendo a gente que caminaba por la calle. En el club se celebraba un matrimonio, se presentaba un programa de ballet de niñas y también había una fiesta de niños. Una niña de 12 años que sobrevivió, perdió una pierna; su hermano gemelo se salvó, pero sus padres y su hermanita de 4 años murieron.

Esa es la cara del terrorismo: cobarde y cruel. Simula fines nobles, mientras alegremente asesina bebés, jóvenes llenos de ilusiones y a madres humildes luchando por darles a sus hijos un futuro mejor. Sus trofeos son niños mutilados. Su objetivo es cundir pavor. Los sobrevivientes se preguntan quién será la próxima víctima.

Luego del 11 de septiembre, Estados Unidos contraatacó al-Qaeda y a quienes lo respaldan. Colombia confronta un enemigo igualmente diabólico, con nexos con redes terroristas internacionales, pero Washington apenas reconoce su problema. Los colombianos se preguntan si Estados Unidos ve las similitudes o si más bien mantiene un doble discurso en cuanto a América Latina.

Imaginemos cuál sería la reacción de Estados Unidos si en respuesta al ataque terrorista Colombia hace una redada y detiene a 200 sospechosos de pertenecer a las FARC. Por mucho menos que eso, al presidente colombiano Alvaro Uribe ya lo acusa la prensa estadounidense de “autoritario” y “derechista”. Lo cierto es que quiere endurecer la lucha contra los terroristas, pero es un político moderado con gran respeto por el imperio de la ley y gran sensibilidad por el sufrimiento de las víctimas.

Uribe sabe, desde sus tiempos de gobernador de la provincia de Antioquia, que organizar a los civiles para que puedan defenderse es la clave para derrotar a los terroristas. Pero la izquierda europea y norteamericana cree que dispararle a la gente es un derecho reservado a los “revolucionarios” que tanto admiran.

Las cosas no son mejores entre los funcionarios de Estados Unidos que deciden la política respecto a Colombia. Washington cae en la trampa de esa táctica de los guerrilleros conocida como la guerra judicial. Campesinos de las zonas controladas por la guerrilla acuden a los tribunales a denunciar violaciones de derechos humanos por parte de los militares. Ellos saben que la práctica en Washington es presionar a Colombia para que suspendan a los oficiales que son así acusados o, si no lo hacen, pierden la ayuda norteamericana. No es casualidad que las víctimas de tales tácticas han sido los militares colombianos más competentes. Terminan siendo casi todos absueltos, pero sus carreras y sus ahorros son destruidos.

Este sistemático desmantelamiento del liderazgo militar colombiano, provocado por Washington, ha sido un rudo golpe a la moral de los militares y a la defensa de la nación. Un experto en cuestiones militares colombianas mantiene que “a los oficiales les disgusta la guerra judicial, por lo que no persiguen a los malos como deberían hacerlo”. Eso es lo que los rebeldes buscan, un vació masivo de seguridad en el campo colombiano, donde los delincuentes prosperan. Los paramilitares surgieron de ese caos, comenzando como milicianos pagados para defender a los hacendados. Luego, algunos de ellos se volvieron delincuentes.

Esta no es una guerra civil. Se estima que apenas 3% de los colombianos apoyan a las FARC, que tiene conexiones con organizaciones terroristas internacionales como la IRA irlandesa y la ETA española. El éxito de los guerrilleros se debe a su alianza con los narcotraficantes. Tienen una organización mafiosa y criminal verticalmente integrada que habla mucho de justicia social, mientras se enriquece con secuestros y drogas. Su objetivo es dinero y poder. Sus simpatizantes en los salones de Manhattan y las oficinas del Senado de Estados Unidos los consideran unos románticos.

Hasta ahora este conflicto colombiano, que ha costado unos 35 mil muertos en la última década, ha sido principalmente rural. Lo ocurrido en el Club El Nogal parece un cambio de estrategia para golpear a la población urbana de altos ingresos. El mensaje es que si no se les da carta blanca en el campo, entre los campesinos, atacarán a la dirigencia del país. A los colombianos les recuerda la estrategia de Pablo Escobar para obligar a los redactores de la Constitución de 1991 a declarar inconstitucional las deportaciones. Escobar lo logró con bombas y asesinatos.

Las FARC se mantienen gracias al voraz apetito por drogas de consumidores norteamericanos y europeos. Esa demanda mantiene altos los precios y a los guerrilleros nadando en billetes. La carga moral está, entonces, en los hombros de los consumidores y la prohibición no ha logrado gran cosa.

Dada la complejidad de la situación y la complicidad de Estados Unidos es absurdo exigirle a Colombia que luche contra una red de criminales bajo reglas más apropiadas para Girls Scouts. Su ejército tiene pocos armamentos y equipos de vigilancia que podría facilitarle Estados Unidos, además de apoyo moral.

Uno pensaría que después del 11 de septiembre habría mayor simpatía y comprensión con lo que Colombia confronta, pero los izquierdistas especialistas en asuntos latinoamericanos tanto en el Congreso como en el Departamento de Estado parecen seguir peleando la Guerra Fría, del lado enemigo.

(*): Editora de la columna Las Américas del Wall Street Journal, diario donde fue publicado originalmente este artículo y autorizó la traducción de AIPE.