El dólar “blue” y el blues de la re-re

Postales de la semana que concluye: durante unas horas la senadora Beatriz Rojkés de Alperovich se ejercitó en la Presidencia de la Nación (la señora de Kirchner volaba a Angola y el vicepresidente se encontraba en Suiza); el dólar “blue” trepó a 5,65 pesos; un paro de subtes inmovilizó nerviosamente a Buenos Aires y el conurbano durante un día y medio; el fiscal Carlos Rívolo, que investigó con empeño la causa que involucra a Amado Boudou en el llamado “caso Ciccone”, quedó apartado de esa causa, pero el juez Ariel Lijo hizo lugar a toda la prueba que aquél había acumulado y el nuevo fiscal, Jorge Di Lello, abrió una investigación sobre enriquecimiento ilícito al vicepresidente: el juez Norberto Oyarbide dictó prisión a los hermanos Sergio y Pablo Shoklender por el desvío de fondos públicos entregados por el Estado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, pero no imputó ni a la presidente de esa organización ni a los funcionarios que derivaron esos fondos y debían controlar su adecuado uso; hasta las siempre vidriosas cifras del INDEC dieron cuenta del parate de la economía (y especialmente de la industria). En fin: la semana estuvo atravesada por la excitación y el desasosiego.

A partir de la confiscación de las acciones de Repsol  la consigna oficialista de la “profundización del modelo” cobró un aire amenazante para muchos. Quedó la sensación de que las necesidades del gobierno (que tiene problemas tanto en su caja en pesos como en su caja en dólares) no se detendrán tan fácilmente y pueden avanzar en busca de más “apropiación de rentas”, para usar la descripción del diputado Roberto Felletti. La señora Estela de Carlotto, por ejemplo, insinuó en una entrevista periodística que la onda expropiatoria podía extenderse a las empresas mineras. No es sorprendente que cundiera la idea de que la búsqueda de cajas y rentas estaba en marcha.  El incremento de las trabas a la adquisición de dólares sumó a esa atmósfera.

Ya el martes y el miércoles se observaba en los bancos un intenso trajín en las salas destinadas a las cajas de seguridad. Muchísimos más clientes que de costumbre acudían a visitar sus cajas. Se presume que retiraban valores. El martes la AFIP había citado a las máximas autoridades de entidades bancarias y se esperaban novedades. Entre lo que con cierto realismo se temía (aunque lo cierto es que hasta el momento no se produjo) estaba la alternativa de que se prohíba la escrituración de propiedades en dólares. Esa misma mañana en el microcentro la policía producía detenciones relacionadas con operaciones cambiarias, con el evidente objetivo de poner el miedo en juego en la batalla oficial  por  no perder dólares. El miedo del gobierno es quedarse sin suficientes dólares, ya lo explicitó Guillermo Moreno: “Si este año tenemos un superávit comercial de entre 10 y 12 mil millones de dólares, el show puede continuar. Si estamos debajo de 10 mil millones, vamos a estar complicados y si llegamos a estar debajo de los 6 mil, olvídense”. Y ese miedo oficial es absorbido por una sociedad acostumbrada a los manotazos a sus ahorros.

“Este país tuvo un boom inmobiliario sin crédito hipotecario gracias al ahorro en dólares de los particulares. Ahora le están echando flit”, analizó un especialista. Otro señaló que “el ahorro argentino se hace en dólares y nadie quiere entregárselos en custodia al Estado”. Como para contabilizar esa capacidad de ahorro, se estimó que las entidades bancarias cuentan en el país con unas 500.000 cajas de seguridad y se estimó que en cada una de ellas hay un promedio de 70.000 dólares. “Eso hace unos 35.000 millones de dólares”. 

¿Es ilógico que esos ahorristas teman  que les arrebaten lo suyo? La señora de Kirchner, al negar la idea de un desdoblamiento del mercado de cambios (suscitada por comentarios privados y escritos públicos del viceministro de Economía, el camporista Axel Kicilof) argumentó esta semana: “Esta Argentina y esta Presidenta son absolutamente responsables y previsibles”.  La palabra “previsible” es justamente lo problemático. El gobierno ha dado muchas muestras de separación entre las palabras y los hechos: Repsol pasó de ser una firma ejemplar a una empresa espantosa; los fondos jubilatorios particulares  fueron estatizados después de proponerles a los aportantes que optaran entre sistemas y que un 80 por ciento lo hiciera por  el sistema de capitalización; el Estado prometió pagar sin apelar los juicios por mala liquidación de jubilaciones y no sólo no lo hace sino que gasta los fondos de las prestaciones en iniciativas como “Fútbol para todos”. Y la lista podría seguir en el sentido de que el adjetivo “previsible” en relación a la relación entre la palabra y la acción oficial puede  sonar amenazante o, al menos dudosa. El INDEC se ha convertido en una metáfora.

Con una inflación real que ronda el 25 por ciento, nadie cree en la estadística  del gobierno. Es lógico, pues, que los gremios  reclamen por encima del tope que quiere imponer el gobierno (ni siquiera el metalúrgico Caló admitió ese límite que la propia Presidente lo conminó por vía telefónica a aceptar). Y parece igualmente razonable que los ahorristas especulen que  el valor del dólar, que el gobierno  viene manteniendo por debajo del ritmo inflacionario,  en algún momento deberá  ajustarse a la realidad, vía alguna devaluación que lo convalide. La producción menos competitiva, por otra parte,  lo viene reclamando.

Las provincias tienen dificultades para pagar a sus acreedores,  algunas (Santa Cruz, por caso) han dividido ya el pago de sueldos en dos cuotas. Otras (algunas grandes) no podrán pagar aguinaldos a fin de junio si no reciben  aportes de la caja central. Varias  analizan  el lanzamiento de cuasimonedas.

En esa atmósfera poco apacible, el oficialismo todavía surfea montado sobre el 54 por ciento de la elección de octubre, como si  las cosas no hubieran cambiado en lo profundo. Con esa mirada quieta (o en virtud de que no tienen muchas alternativas) hay sectores del oficialismo que insisten con  la perspectiva de la re-reelección. Hasta el propio juez supremo Eugenio Zaffaroni, un magistrado que notoriamente simpatiza con  el oficialismo, ha opinado públicamente que “la re-reelección es mala palabra para los argentinos”.

Si se decidiera a recorrer ese camino, el gobierno debería otorgar un carácter estratégico a las elecciones de medio término de 2013. Necesitaría llenar el Congreso de legisladores incondicionales a la hora de votar por la necesidad de una reforma de la Constitución, un tema que requiere una mayoría especial con la que hoy el gobierno no cuenta. Para ello,  a la luz de los procedimientos empleados el año último en la confección de las listas, parece obvio que esta vez la Casa Rosada reclamará el monopolio absoluto de la lapicera y sólo querrá ver en las nóminas de legisladores a hombres y mujeres disciplinados y juramentados en allanar el camino a la rereelección.

Las jefaturas territoriales y sindicales, incluyendo a muchas figuras que tienen legítimas aspiraciones de proyección política, estudian ya cómo neutralizar los planes hipercentralizadores de la Casa Rosada. Allí donde se pueda – es decir, donde haya poder para sostener el reclamo- se reivindicará el derecho a la competencia interna por candidaturas. Esa competencia se prevé más dura que nunca. Explosivamente dura. El plan complementario consistirá en habilitar listas por fuera de la divisa oficialista del Frente para la Victoria. En las elecciones de 2011 el gobierno –la lista encabezada por Néstor Kirchner- fue derrotado en la provincia de Buenos Aires por una convergencia fáctica de peronistas disidentes y oficialistas disgustados que les dieron apoyo organizativo y votos. Ya se están armando estructuras político-electorales análogas para afrontar el desafío del 2013.  Los peronistas de la provincia de Buenos Aires están dispuestos, aunque por ahora no lo proclamen a los gritos, a pelear contra quienes quieren expropiarlos.

El emblemático Hugo Curto, de matriz metalúrgica, experimentado intendente de Tres de Febrero y escuchado líder de la Primera sección electoral bonaerense, avisó: dijo que “las declaraciones de Daniel Scioli fueron las de un hombre que está en la política y está bien que aspire a ser presidente”. Es un adelanto de lo que se viene.

La lectura atenta de algunas encuestas muestra con suficiente claridad que la sociedad  ya no está en la misma situación de finales del año 2011. Un dato importante: la inflación, que en el ápice del consumismo que imperaba el año último no era particularmente registrada por la opinión pública, ahora  se encuentra en su esplendor. Por ejemplo, según una encuesta nacional de la prestigiosa consultora Mori sólo un 22 por ciento cree que el gobierno esté trabajando bien en este campo y    70 de cada 100 personas que dicen aprobar la gestión de CFK estiman grave o muy grave la inflación. Entre quienes desaprueban la gestión de la Señora, un  95 por ciento califica de grave o muy grave el proceso inflacionario argentino.

Otro detalle interesante: la corrupción pasó a adquirir un peso grande en la opinión pública. ¿Se trata de la combinación de tiempos económicos más difíciles para la gente de a pie y el impacto de casos como Boudou-Ciccone o la masacre de la Estación Once que mostró dramáticamente que la corrupción mata? Lo cierto es que sumando a los que consideran “grave” la incidencia de la corrupción (42%) a los que la consideran “muy grave” (49%), 91 de cada 100 argentinos expresan su preocupación. Revelador: el juicio negativo proviene inclusive de un 85 por ciento de los que aprueban la gestión K.

Finalmente, un epílogo con el caso Boudou: entre las postales de esta semana está la revelación que ocupó la tapa de los matutinos más importantes acerca de los viajes que el fondo Old Fund, propietario de la imprenta Ciccone, financió a familiares y allegados del vicepresidente. El último domingo de abril los lectores de esta columna recibieron anticipadamente esa información: “Es probable –de decía allí-  que, antes o después de que se defina si Rívolo continúa siendo fiscal de la causa, se conozca otro elemento probatorio singular: varias decenas de pasajes que financió Old Fund. Sus beneficiarios tienen apellidos conocidos: Vanderbrolle, Núñez Carmona, Boudou.”