La militarización del Chapare
El presidente Jorge Quiroga resolvió amarrarse los pantalones y ha militarizado el Chapare para impedir que los campesinos de la región se salgan con la suya de producir la materia prima que resultaría en 30 toneladas métricas de cocaína.
La medida fue simultánea a la aprobación por el congreso estadounidense de una ayuda a Bolivia de más de 100 millones de dólares y luego de un escarceo entre el embajador norteamericano en La Paz, Manuel Rocha, y el propio Quiroga.
Los campesinos insisten en su exigencia de producir un cato de coca (la sexta parte de hectárea) dizque para el consumo tradicional. El gobierno está seguro que un cato equivale a un kilo de cocaína, lo que daría lugar a una producción descomunal si 30.000 cocaleros siembran la hoja sagrada.
Los campesinos sostienen que han fracasado los planes para desarrollar productos alternativos, que por lo demás no tienen mercado, y desde hacía semanas que habían bloqueado a los policías encargados de la erradicación de las plantaciones ilegales.
La tensión entre militares y los cocaleros bloqueadores estuvo en ascenso en las últimas semanas y de paso estos últimos decidieron intensificar sus medidas de presión convocando a un bloqueo generalizado de caminos para el 6 de noviembre.
En febrero pasado el gobierno de Hugo Bánzer se ufanó de haber concretado su política de “coca cero”, a pesar que todavía quedaban 600 hectáreas por erradicar, según cifras oficiales. Cuando Quiroga asumió hace tres meses, la mentira salió a luz al establecerse que todavía hay 6.000 hectáreas sembradas.
La movilización militar tiene un caracter disuasivo. Anteriormente los desbordes fueron repelidos con un saldo de muertos y heridos. Sin embargo nada garantiza que los cocaleros echarán pie atrás, mucho más cuando sus peticiones se mezclan con las posiciones políticas de sus dirigentes a menos de un año de las elecciones presidenciales.
Lo claro es que la nueva actitud tiene visos de una determinación novedosa a nivel oficial de prevenir los conflictos antes que reprimirlos. Se ha dejado de lado el cómodo expediente de decir si a todo a los demandantes, sabiendo que ninguna de las exigencias de estos serían cumplidas, originando así que el ciclo de exigencia/represión fuera una constante en la conducta oficial.
Aun con las reservas que la militarización del Chapare despierta en la Defensoría del Pueblo, la decisión de Quiroga de hacer cumplir la ley si o si ha sido recibida con fuertes aplausos. No puede ser menos porque una de sus obligaciones es la de garantizar la libre transitabilidad por el territorio de la republica.
De paso Quiroga le cierra el paso a los extremistas cruceños que amenazaron con abrir los caminos a balazo limpio para impedir que sus intereses económicos sufran la misma merma o peor que la ocurrida cuando los bloqueos de septiembre del 2000 paralizaron por casi un mes la ruta troncal Santa Cruz-Cochabamba-La Paz.
Otra cosa clara es que ahora se acabó el paréntesis de paz que rodeó su ascenso a la presidencia el 6 de agosto tras la enfermedad de Hugo Bánzer Suárez. Una oleada de conflictos han revivido repetinamente y varios de ellos tienen que ver con la efervescencia electoral que ha empezado a vivir el país.
De ahora en adelante será muy difícil establecer cuáles conflictos tienen un caracter eminentemente social o reivinticatorio y cuáles un cariz estrictamente político. Un ejemplo ha sido el reciente paro cívico ordenado en La Paz por individuos que parecen más empeñados en hacerse notar de cara a las próximas elecciones, que de ser auténticos soldados de la causa de la paceñidad.
