Opinión Internacional

Las Mendacidades del Presidente

El 22/04/06 nuestro pintoresco Presidente denunció el Acuerdo de Cartagena, con la finalidad de sacar a Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones. Las afirmaciones hechas en ese documento son una tras otra, una serie de mentiras que no tienen ningún sustento ni fundamentación.

En la denuncia se afirma que la suscripción de los Tratados de Libre Comercio (TLC) por parte de Colombia y Perú con Estados Unidos, cambian los principios originales de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Eso es pura patraña. Los TLC son acuerdos que buscan derribar barreras comerciales para incrementar y mejorar el intercambio de bienes entre dos países, mientras que el Acuerdo de Cartagena buscaba formar una Comunidad Subregional Andina, donde se tomaba en cuenta el aspecto comercial, social, laboral, educativo, cultural, etc. También resulta ser una jácara producida por la imaginación de una mente distorsionada, la afirmación de que la salida se deba a la firma de esos tratados por Colombia y Perú. En primer lugar, Venezuela había autorizado las negociaciones de esos TLC, cuando apoyó la Decisión 598 de la CAN, aprobada en julio de 2004. Además, esos países requieren la ratificación de sus respectivos parlamentos para que entren en vigencia, por lo que el hecho denunciado como irregular aun no se ha producido. También es mentira que se pretenda asimilar la normativa de los TLC a la CAN. Cada uno de esos países ha negociado sus TLC tomando en consideración los privilegios arancelarios de la Comunidad Andina. Pero en todo caso de haber algún país de la CAN que considere que esos TLC violentan las normas y principios de la Comunidad, debe acudir al Tribunal Andino para hacer el reclamo y conseguir los correctivos correspondientes, ese es el procedimiento que establece el Acuerdo, no otro.

Dice también la denuncia, que los TLC privilegian los intereses particulares sobre los intereses de los pueblos. Si tamaña afirmación imprecisa fuese cierta, la normativa andina contiene los mecanismos jurídicos para enfrentar eventuales consecuencias económicas de los TLC. Por ejemplo, en el área agrícola tenemos los Derechos Correctivos de aplicación automática previstos en el Sistema Andino de Franjas de Precio; también tenemos los mecanismos de protección frente a la competencia desleal (dumping y subsidios). De manera que esta afirmación carece igualmente de fundamento.

La denuncia continúa con la retahíla de mentiras, cuando afirma que los TLC propulsan una injusta distribución de la riqueza y frenan el impulso del desarrollo integral del pueblo, provocando la progresiva desaparición de los sectores productivos y la pérdida de soberanía económica. Ello no solo es embuste, sino que no tiene relación con el tratado que se denuncia. Los TLC son tratados comerciales que firman los países con los Estados Unidos para su intercambio comercial. Venezuela no necesita firmar un TLC puesto que exporta aproximadamente el 85% de su petróleo a Estados Unidos e importa aproximadamente el 80% de lo que consume, mayoritariamente también de ese país. Ello ha generado unos ingresos económicos, en estos 7½ años de Gobierno corrupto, de 500 Mil Millones de Dólares, mucho más de lo que recibieron conjuntamente todos los gobiernos anteriores a Chávez, desde el General Gómez. El actual Gobierno, con un presupuesto ordinario anual de 38 mil millones de dólares, gasta 20 mil millones de dólares en regalos al exterior y destina apenas 5 mil millones de dólares en políticas asistenciales. De manera que si hay alguien o algo que propulse una injusta distribución de la riqueza o el desarrollo integral del pueblo, ese es el Presidente y su monumental despilfarro de nuestras riquezas, no los TLC.

Siguiendo con sus afirmaciones incoherentes y ausentes de fundamento, la denuncia dice que en general los TLC poseen una concepción neoliberal que se traduce en injusticia, desigualdad, discriminación y nuevas formas de colonialismo. Semejante afirmación llena de resentimiento, infantilismo y surrealismo, no tiene ningún asidero económico, social, ni jurídico. Venezuela no ha firmado los TLC, y dudo mucho que haya un país en el mundo donde se cometan más actos de injusticia. La desigualdad, la exclusión, los privilegios de la clase gobernante, la discriminación política permanente y la violación continua y sistemática de derechos humanos en Venezuela, le quitan al Presidente cualquier autoridad para atreverse hacer esa afirmación.

Leer la comunicación que envía el Presidente a los demás miembros de la Comunidad Andina para denunciar el Acuerdo de Cartagena y apreciar la desvergüenza de hacer todas esas aseveraciones mendaces y sin fundamento, no hace sino ruborizar al pueblo venezolano que se abochorna ante estas falsedades del Presidente.

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