Lo que nos plantea Colombia

No había amainado la ventolera generada por los sucesos acaecidos en la frontera y la revelación de las pruebas de espionaje en Venezuela reconocidas por las propias autoridades neogranadinas, cuando salió a la luz pública el texto del acuerdo suscrito por Colombia y los Estados Unidos, mediante el cual se cede la operativa de siete bases militares por efectivos norteamericanos y mercenarios dependientes de ellos. Casi en forma simultánea, circulan también tanto el pronunciamiento del Consejo de Estado colombiano acerca del tratamiento interno que debería concedérsele a ese acuerdo para su aprobación, como el documento que la Fuerza Aérea eleva a la consideración del Congreso de la Unión para justificar la asignación de 46 millones de dólares destinados a financiar la dotación de esas bases.

Con esas revelaciones, comienzan a develarse los enigmas que envolvían al acuerdo. El objetivo iba más allá de la lucha contra el narcotráfico y las fuerzas irregulares actuantes en Colombia sino que puede expandirse hacia otro tipo de operaciones orquestadas unilateralmente superando, incluso, los límites del país sede. Las fuerzas extranjeras, acompañadas por las locales, podrán movilizarse con total libertad a lo largo y ancho de todo el territorio neogranadino pudiendo intercomunicarse sin restricción alguna, al conferírseles el libre uso del espectro radioeléctrico, y contarán con la absoluta inmunidad que les concede el país sede, la cual muta a impunidad porque estarán exentas de ser sometidas a cualquier norma nacional o internacional independientemente del delito que pudiesen cometer sus integrantes.

De esa manera quedaron confirmadas todas las aprehensiones manifestadas por los Jefes de Estado en la Cumbre de UNASUR celebrada el 28 de agosto pasado y validadas las sospechas de que al acuerdo colombo-estadounidenses, en efecto, se constituiría en un factor de desestabilización de la paz imperante en el Subcontinente, al alterar el equilibrio existente en materia de seguridad y defensa. Igual se ratificó la poca credibilidad del Presidente Álvaro Uribe Vélez frente a sus pares suramericanos, al comprobarse que mintió con total desparpajo en la reunión antes mencionada, tal y como lo hizo cuando el bombardeo al territorio ecuatoriano. Esas falacias han plagado de incredulidad al movimiento unitario del Sur que recién comienza a dar sus primeros pasos, aunque las mismas se opacan ante un hecho de mayor significación: la cesión de la soberanía de Colombia a los Estados Unidos, paradójicamente coincidiendo con el inicio de las conmemoraciones del bicentenario de la Independencia.

El contenido del acuerdo suscrito corrobora lo ya expresado en múltiples oportunidades por varios autores respecto a la verdadera intencionalidad que lo motiva. Junto a la apropiación de las grandes reservas hídricas, de hidrocarburos y las derivadas de la biodiversidad amazónica, no podía estar ausente el interés político. El Gobierno estadounidense no ignora los cambios que gradualmente se han venido operando en los países suramericanos fundamentados en la reafirmación de la soberanía nacional, la autodeterminación de sus pueblos y el rechazo a la injerencia foránea, mientras que en el plano externo, persiguen la conformación de un mundo pluripolar, a través del establecimiento de un esquema de interrelaciones ajeno a los intereses de la todavía primera potencia mundial.

Para Venezuela, la situación se torna, probablemente, mas compleja que para el resto de los países del Subcontinente. A todos los elementos que han caracterizado sus relaciones diplomáticas con los Estados Unidos durante los últimos años y la amenaza que representan las bases militares en Colombia se agregan la existente en Aruba, el libre acceso norteamericano a la de Iquitos en Perú y la reciente removilización de la IV Flota en el Caribe, así como la próxima instalación de dos bases en Panamá y el presunto interés de arraigar otra en la Guayana Francesa. En forma paulatina se va cerrando el cerco entorno al país que ha venido emergiendo como el líder de los cambios políticos, económicos y sociales que se han generalizado en América Latina y el Caribe, así como del reflotamiento de la integración en toda la región bajo principios e instrumentos que distan en mucho de los tradicionalmente aplicados a favor de las empresas transnacionales y las burguesías nacionales.

Todos estos elementos han configurado un escenario de mucha complejidad política, económica y social que ha comenzado a generar reacciones encontradas tanto nacionalmente como en la región. A la provocación orquestada por los Estados Unidos a través de su posicionamiento –por no decir ocupación militar- en Colombia surgió la lógica protesta del Gobierno venezolano y unas declaraciones del Presidente de la República que luego de ser tergiversadas y manipuladas por los medios fueron respondidas, por supuesto, por las autoridades neogranadinas las cuales, sin que causara sorpresa alguna, se vieron reforzadas por el silencio cómplice de los partidos de la oposición y la favorable acogida que le concedieron diversas personalidades del mundo político y académico del país. En tanto que en el plano regional han surgido voces ofreciendo sus buenos oficios para actuar de mediadores, demostrando estar plenamente conscientes del impacto que podría acarrear la proyección del clima de tensión reinante en las relaciones colombo-venezolanas,

Resulta indiscutible que ese clima no juega a favor de ninguna de las dos partes involucradas, como también puede inferirse que la única forma de superar el impase es el diálogo; sin embargo, no resultará tarea sencilla procurarlo en un ámbito puramente bilateral, aún contando con la mediación de un tercer país, en particular, por la desconfianza que genera la palabra del Presidente Uribe Vélez y la poca capacidad de compromiso que dispone sobre una materia cuya dimensión supera sus competencias. Tal vez, y como lo propusiera el mismo Gobierno colombiano, elevar el tema a la consideración de la ONU o la OEA sea lo mas conveniente, sobre todo en esta última, dado que en su seno interactúan sin intermediarios los países protagonistas y los potencialmente afectados por un indeseable agravamiento de la situación actual.

Mientras evolucionan los acontecimientos, el llamado del Presidente Chávez debe ser atendido por todas las organizaciones vinculadas al proceso revolucionario, las cuales deberán contribuir a la comprensión del mensaje presidencial. No se trata de alimentar un clima prebélico, se trata de abonar el terreno que debe constituirse en un proscenio propicio para amalgamar los intereses nacionales entorno a la inviolabilidad de nuestro suelo por fuerzas que cubiertas por un supuesto manto de vecindad, persigan expoliar nuestras riquezas y acabar con las esperanzas de un pueblo que después de casi 200 años ha reiniciado su tráfago hacia la libertad.