Los países andinos al borde del abismo

Los centros de investigación para la paz suelen referirse a la paz como la conjunción e interacción de varias “D”: desarrollo, derechos humanos, democracia y desarme. La ausencia de cualquiera de estas “D” es un factor de violencia. Para Fisas Vicenç, la paz bien puede entenderse como el proceso de fortalecimiento de cada uno de estos factores, a los que probablemente habría que añadir un conjunto de términos igualmente esenciales, como seguridad, identidad o dignidad.

Si extrapolamos estas “D” a los países andinos, nos encontramos que estas “D” no han sido totalmente fortalecidas, más bien las instituciones democráticas en varios de ellos se han desacreditado a los ojos de sus propios ciudadanos, pareciera que la Democracia no ha logrado conseguir en estos países, la fórmula para alcanzar un mayor desarrollo con equidad, con el fin de erradicar la pobreza y proveer una mejor calidad de vida a la nación.

En América Latina, la población tiene poco o no tiene acceso a los servicios públicos, la salud y la educación se han deteriorado; la corrupción, la impunidad y la inseguridad degradan la calidad de vida de los ciudadanos. Las básicas instituciones democráticas –sistema judicial, lesgilaturas, partidos políticos e incluso la presidencia- se han desacreditado en la mayoría de estos países; de ahí que muchos ciudadanos acepten régimenes autoritarios, ya que ellos creen que pueden solventarles sus problemas. Esto es ciertamente el caso Peruano, y esto puede ser lo que este ocurriendo en Venezuela. Además, nadie puede predecir cómo la práctica de la democracia en Colombia puede verse afectada, si el conflicto guerrillero continúa escalando. Cada vez se les hace más difícil a los países andinos generar un rápido y sostenible crecimiento, construir una sólida democracia y satisfacer las necesidades de los ciudadanos comunes.

Uno de los graves problemas que afrontan los países andinos es la presencia de una violencia estructural, entendida cómo el número de muertes evitables causadas por estructuras sociales y económicas, la cual ha venido desembocando en violencia instrumental, que incluye la violencia del Estado, lo cual lo hemos podido observar en los hechos acaecidos en Ecuador y en Bolivia, y que puede desencadenarse en Perú y en Venezuela. Mientras que en Colombia nos encontramos, además, con una violencia cultural, se legitimiza la violencia directa y estructural, se justifica la destrucción entre los seres humanos e incluso se les recompensa por hacerlo.

Como señala Fisas Vicenç,: “…las violencias señaladas tienen conexiones entre sí. La violencia directa sirve de indicador del nivel de violencia estructural y cultural; la violencia estructural es a menudo violencia directa del pasado”. La violencia es simplemente una señal de un conflicto que se hace visible (puede haber conflictos sin violencia, aunque no violencia sin conflictos). Una de las dinámicas del conflicto “es la de “escalada”, en las que juegan un importante papel las frustraciones, las polarizaciones crecientes, las malas percepciones, la incomunicación o las patologías de los dirigentes”.

El conflicto deja de ser latente y pasa a ser visible, y con ello una posible escalada del mismo, ante las frustraciones de una población que no logran ser canalizadas a través de políticas gubernamentales efiencientes y eficaces. Efectivamente, en Ecuador la falta de respuesta integral del Estado, condujo a un levantamiento de los indígenas que junto a un grupo de militares destituyeron al Presidente Mahuad; el hilo institucional se mantuvo ante las presiones del gobierno de Washington.

En Bolivia, el Gobierno de Hugo Banzer impuso un estado de sitio para controlar la peor crisis social de los últimos años, expresada en una huelga general en Cochabamba, bloques campesinos en todos los caminos y un amotinamiento de varias unidades policiales en la capital. La crisis se había acentuado ante la decisión del gobierno de establecer y seguir manteniendo un estado de sitio, y por la presencia de tropas militares en los puentes y puntos estratégicos de la ciudad; la tensión a disminuido, ya que el Gobierno decidió no solo no ejecutar el proyecto múltiple Misicuni para la provisión de agua potable en Cochabamba, sino el inicio de diálogos en busca de acuerdos con los campesinos, para poner fin a la violencia que ha sacudido a este país en las últimas semanas.

Las frustraciones de la población ante la incapacidad de los gobiernos para atajar la pobreza extrema, se desencadena ante hechos como la posible dolarización de la economía en el Ecuador, o la necesidad de rescindir de un contrato con una empresa privada del sistema de agua potable después de incrementar hasta un 300% sus tarifas. Hechos que han desembocado en reivindicaciones salariales, conatos de violencia y/o estallidos sociales.

Una característica resaltante en Bolivia, fue la elección democrática de Hugo Banzer, a pesar de haber sido en años anteriores uno de los dictadores de esta nación: Hugo Banzer se caracterizo por haber mantenido una posición intermedia entre el ámbito autoritario y el democratizante o liberalizante: el carácter del régimen fue represivo, pero en momentos decisivos mantuvo una orientación más liberal que del derechista autoritario. Esto lo que demuestra es la propensión de retornar al autoritarismo a costa de las libertades básicas que nos ofrece la democracia.

Pero, esto no es solo observable en Bolivia, sino en Perú; como lo comenta Scott Palmer David: “…los peruanos, por lo general, creían que las medidas extraordinarias adoptadas por Fujimori, , eran las necesarias para lograr la seguridad personal que habían perdido bajo gobiernos democráticos y partidistas…” . Sin embargo, el apoyo popular al gobierno del presidente Fujimori a mediados de 1997 disminuyo notablemente, por primera vez en los siete años de su gestión, por sus maniobras dirigidas a asegurar su continuación en la presidencia. El repudio de la población a un tercer mandanto de Fujimori, posiblemente se evidencia ante el hecho de que una vez que los peruanos han recuperado su seguridad personal, gracias a la eliminación del movimiento guerrillero Sendero Luminoso, así como cierta estabilidad económica, una vez que el gobierno sentó las bases para el crecimiento económico y la reinserción del Perú en la economía internacional, la cual se encontraba en estado agónico durante el gobierno de Alan García; la sociedad peruana tomo conciencia durante el segundo mandato de Fujimori, de la carencia de las libertades básicas que ofrece un sistema democrático. Este segundo mandato se ha caracterizado por la inexistencia de un equilibrio de poderes y un estilo de gobierno autocrático; la libertad de prensa está en entredicho después de la actuación contra varios canales televisivos; las constantes violaciones a los derechos humanos perpetradas por miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército a manos de Vladimiro Montesinos, Perú se ha convertido en un Estado parapoliciaco.

En esta nación, el conflicto estuvo a punto de desembocar en violencia física, una escalada del conflicto ante un posible fraude en las elecciones peruanas; sin embargo, se logro, por los momentos, desactivar la bomba de tiempo ante las presiones no sólo de los Estados Unidos, que se traducía en un cerco político y una veda de recursos, sino de la Comunidad Internacional en general y en especial de la cancillería francesa, además, de la contundencia y tamaño de las prostestas populares, liderizadas por Toledo, conocido como el ‘cholo de Harvard’.

Carlos Reina, sociologo peruano, señala que el gobierno de Fujimori no previó que la mitad del país buscaría un candidato para oponerle y votaría por él, quebrando el desenlace previsto: elecciones plebiscitarias. Sin embargo, Alejandro Toledo mantiene un discurso populista, que tiene como eje principal la letra T de trabajo, al igual que la mayoría de los candidatos que logran la presidencia en América Latina.

El modelo fujimorista: populismo autoritario más liberalismo económico, parece ser emitado, salvando las diferencias, por Venezuela, pareciera que el modelo económico del Gobierno de Hugo Chávez Frías no tiende a dirigirse en esta dirección, si no a todo lo contrario. Es interesante observar cómo la campaña electoral venezolana esta polarizada entre dos ex-compañeros golpistas, desencadenando violencia política, la cual ya existe, pero no ha adquirido todavía dimensiones de violencia física, lo cual dependerá de la conscientización de los actores políticos e incluso de la Fuerza Armada Nacional, institución donde cada actor puede tener afinidad; los acontecimientos en Perú no es nada a lo que puede suceder en Venezuela.

En América Latina estamos en presencia de lo que se ha llamado “legitimización de lo ilegítimo”. Fujimori se ha mantenido en el gobierno por 10 años merced del poder del voto, ha reformado la Constitución con respaldo popular, pero interpretándola a su antojo. Chávez también impulso una reforma constitucional, legitimada a través de una consulta popular, donde la Asamblea Nacional Constituyente como un poder por encima de la voluntad del soberano y a nombre de ella a debilitado las insituciones y desterrado al estado de derecho. En Ecuador hemos presenciado la remoción de presidentes ante levantamientos populares, y en Bolivia a pesar de que Hugo Banzer se convirtió en presidente legítmo mediante elecciones democráticas, es otro ejemplo del escaso alcance de las insitituciones democráticas y del soslayo de la justicia en América Latina.