Opinión Internacional

Más allá de la asimilación y el aislacionismo

(%=Image(5318006,»R»)%)Desde el choque de culturas y de pueblos que implicó el proceso de conquista, la relación entre los criollos y los indígenas en todo el continente ha estado marcada por dos políticas extremas: la asimilación –forzada la mayoría de las veces– a la nueva sociedad occidentalizada y el aislamiento. En Colombia más de ochenta etnias indígenas sobreviven hoy entre la violencia guerrillera, paramilitar u oficial, la miseria y las insuficientes políticas del Estado. Entre el 25 y el 30 de noviembre diversas organizaciones indígenas se reunieron en el Resguardo Indígena de Cota, en el Departamento de Cundinamarca para debatir percepciones y políticas.

Del status especial colonial a la “igualdad republicana”

El proceso de conquista destruyó y desestructuró las culturas indígenas. En Colombia se desarrolló un duro proceso de conquista que dio al traste con una gran diversidad de culturas. Es durante la época colonial cuando el Imperio Español diseñó un status especial y separado para las poblaciones sobrevivientes, las Misiones, los pueblos de indios, etc., los cuales creaban un espacio exclusivo para la vida de dichas poblaciones, implicando un esfuerzo particular para aislar, cristianizar y alfabetizar, en un ambiente que convirtió a muchas de esas misiones en grandes unidades productivas pero separadas de la población criolla. El indígena era concebido como un eterno menor de edad, con incapacidades que sólo la asimilación aislada podía mitigar. La protección era una forma de vejación. Los protagonistas fundamentales de estas iniciativas, muchas veces convertidas en intentos de construir en la tierra el paraíso celestial, fueron los misioneros católicos.

Con la Independencia y el régimen republicano las políticas respecto al indígena cambiaron drásticamente, el liberalismo decimonónico reconoce en los indígenas no una cultura diferenciada dentro del naciente Estado, sino sujetos individuales de derecho, las tierras colectivas son convertidas en propiedades individuales y los Resguardos indígenas, y los cabildos de indios son eliminados. La legislación republicana disolvió aún más a los pueblos indígenas, continuando con el proceso de exclusión y negación. Más aún cuando el régimen republicano los concibió como salvajes en proceso de civilización y asimilación.

Durante el siglo XX se alcanzaron algunos avances con la repercusión de la Revolución Mexicana, los movimientos culturales, la reforma agraria y la aparición de los movimientos indígenas. En 1941 se crea el Instituto Etnológico Nacional y se desarrolla una percepción más objetiva y antropológica de las realidades indígenas. En 1980 la gran mayoría de las Reservas Indígenas fueron convertidas en Resguardos reconociendo el derecho a la propiedad colectiva de las tierras, proceso que se consolidó con su reglamentación entre 1988 y 1995. En la actualidad más del ochenta por ciento de la población indígena vive en estos Resguardos, pero eso no ha significado una mejora sustancial en su calidad de vida, conviven aún con la miseria y la exclusión. Fue la revisión constitucional de 1991 la que abrió nuevos horizontes para las poblaciones indígenas de Colombia.

Asumirse actores y protagonistas

(%=Image(9404606,»L»)%)La Constitución de 1991 representó, también en la problemática indígena, un importante paso adelante. Para empezar a definir un cambio de actitud, en la Constituyente había representantes indígenas, los que le dieron un carácter inusitadamente representativo. En la nueva Carta Magna no solo se reconoce el carácter pluriétnico de la sociedad colombiana sino que se propugna la protección a dicha diversidad, el apoyo a la autonomía de los pueblos indígenas, el respeto a sus formas de gobierno, la protección de las tierras comunales, a la propiedad solidaria y asociativa y a la protección de los recursos naturales.

En Colombia la población indígena, agrupada en poco más de ochenta etnias distintas, alcanzó, para 1998, más de setecientos mil habitantes. El carácter rural de dicha población es evidente: el 92,6% vive en zonas apartadas de los asentamientos urbanos, ubicación espacial típica de gran parte de los países de la América Latina con población indígena minoritaria. Este fenómeno es un efecto secundario del proceso de conquista-colonia; las poblaciones indígenas se replegaron lejos de las ciudades, unidades de poder real de la población criolla. De tal manera en los Departamentos de Vaupés, Guainía, La Guajira, Amazonas, Vichada y Cauca se registra la mayor proporción de población indígena respecto al total departamental.

En Latinoamérica movimientos indígenas, o con fuertes lazos con los pueblos indígenas, han venido asumiendo un protagonismo político inusitado. Los casos de Ecuador y Bolivia pueden ser considerados paradigmáticos. En Colombia la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca en febrero de 1971 fue el inicio de la conformación de una red de organizaciones. Once años después dicha estructuración se ve rematada con la creación de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que se establece un programa de ocho puntos, desde la defensa de la autonomía y de los territorios indígenas, la recuperación de las tierras usurpadas y la propiedad colectiva de los resguardos hasta el impulso de las organizaciones económicas comunitarias y la defensa de la historia, cultura y tradiciones, incluyendo el derecho a la educación bilingüe y a un sistema de salud acorde a las características de cada pueblo indígena, entre otros puntos.

El congreso que se realizó entre el 25 y el 30 de noviembre reunió a un conjunto de organizaciones indígenas en pleno vigor, asumiendo un discurso particularmente combativo para tiempos difíciles, tomando posición por la paz en una sociedad que vive en guerra, asumiendo correctamente que si no hay paz para los pueblos indígenas no se habrá alcanzado la paz para Colombia. Tomando la polémica decisión de rechazar tajantemente al Plan Colombia y a la Iniciativa Regional Andina. Encontramos a un movimiento indígena adulto y sólido, que toma posiciones políticas frente y desde su realidad, hace mucho tiempo que las comunidades indígenas superaron su minoría de edad, hoy asumen la responsabilidad de su propio destino. En este contexto en que los indígenas se mueven con sus propios pies el debate entre políticas aislacionistas y asimilacionistas puede estar convirtiéndose en un falso dilema, o al menos en un dilema que ahora se discutirá en el seno de las organizaciones y comunidades indígenas.

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