México, Reforma energética
La reforma energética mexicana, aprobada en diciembre de 2013, que incluye al petróleo y también a los sectores del gas y la electricidad, se espera que provea a la economía mexicana, adicionalmente, US$ 10.000 MM cada año. Manteniendo la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos del subsuelo y prohibiendo las concesiones que confieran derechos a particulares sobre recursos naturales, la reforma energética consiste en modificar artículos de la Constitución, para que se posibilite la participación del sector privado en la exploración y extracción de hidrocarburos, mediante la modalidad de asignaciones de áreas (Art. 27) y se permita que los particulares participen directamente en el transporte, tanto de petróleo crudo, gas natural y sus líquidos, como de petroquímicos y refinados (Art. 28). Para la exploración y la extracción de hidrocarburos, se establecen 4 modelos de contratación: de servicios (con pagos en efectivo); de utilidad compartida (con pagos hechos con un porcentaje de la utilidad aún no establecido formalmente); de extracción compartida (con pagos hechos con un porcentaje de la extracción), y licencias (con pagos hechos por medio de la transmisión onerosa de los hidrocarburos, una vez que han sido extraídos del subsuelo).
En materia de electricidad, se abrió a los particulares la actividad de generación, reservándose el Estado la transmisión y la distribución; además, se fortaleció la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dotándola de mayor libertad en aspectos operativos y de organización. Con respecto a las energías renovables se creará un mercado administrado por el Estado a través de un operador independiente, y el establecimiento de certificados de energías limpias; en este sentido se crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
Se estableció que Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad, pasarán a ser empresas productivas del Estado. Se eliminó la participación del sindicato de trabajadores petroleros en el Consejo de Administración de Pemex. Se propuso que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía se deberán convertir en órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Economía con personalidad jurídica propia y autonomía técnica y de gestión. Estas dos comisiones emitirán y administrarán permisos, autorizaciones, asignaciones y contratos, en materia de exploración superficial y de extracción, así como en lo referente a permisos de almacenamiento en tanques, como a transporte y distribución por ductos de hidrocarburos. Por otra parte se reforzaron las facultades de la Secretaría de Energía (Sener) para adjudicar asignaciones y áreas de exploración y producción; ella estará facultada para otorgar permisos de tratamiento y refinación de petróleo y para el procesamiento de gas natural. Una vez extraídos del subsuelo, los hidrocarburos podrán ser vendidos por su propietario, para ser procesados incluso dentro del territorio nacional. También se propuso la adecuación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que estableciera las condiciones económicas de las licitaciones y de los contratos.
El Centro Nacional de Información de Hidrocarburos brindará asesoría técnica a la Sener, autorizará servicios de reconocimiento y exploración superficial, promoverá licitaciones, asignará ganadores y suscribirá contratos para exploración y extracción de hidrocarburos. También tendrá a su cargo la supervisión de los planes de exploración y extracción de hidrocarburos que maximicen la productividad de los yacimientos en los lapsos y regulaciones pertinentes en esta materia. La Agencia de seguridad industrial y protección del ambiente, tendrá dentro de sus atribuciones regular y supervisar, en materia de seguridad operativa y protección al medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control integral de residuos.
