¿Nuclear? ¡No Gracias!
El título de estas notas es la consigna que por los años 80’ del siglo pasado, se utilizó en Europa cuando el desarrollo de la industria nuclear, empezaba a causar desavenencias entre los estados, especialmente aquellos que la incrementaron como arma de defensa estratégica y como un mecanismo para prevenirse ante eventuales ataques de los contrarios o incluso, para el desarrollo de industrias básicas que requieren de esta energía para su funcionamiento. Tragedias como la de Chernobyl en 1989, hicieron entender a muchos gobiernos y sobre todo al ciudadano de a pié, los peligros que entraña el desarrollo de las armas nucleares, por lo que la oposición a estas industrias se hizo evidente a nivel mundial.
Venezuela, país pacifista por excelencia y promotor de la paz en América Latina asumió también este criterio y la Constitución de 1999 se refiere a ello en dos oportunidades. En el Preámbulo, al dejar plasmado su espíritu, propósito y razón, nos señala entre los fines fundamentales del Estado: “el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad”, en el entendido que el uso de armas nucleares es también contrario a los principios de conservación y defensa del ambiente.
Posteriormente y al desarrollar los Derechos Ambientales en el Capítulo IX del Título III, que corresponde a los deberes, derechos humanos y garantías, deja claramente establecido en el Artículo 129 que “el Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas”, por lo que este tipo de industria no es posible llevarla a cabo en nuestro país, ratificando de esta manera nuestra vocación por la paz y la seguridad de las naciones.
Sin embargo, esto no obsta que la industria nuclear pueda adelantarse en el país, en aras del bienestar colectivo y en beneficio de todos los venezolanos, de tal manera que se desarrollen actividades relacionadas con los usos pacíficos de la energía nuclear y sus instalaciones asociadas, que además incluya el avance de la investigación, de la ciencia y de la tecnología nuclear, así como la exploración, la explotación y el aprovechamiento económico de los minerales radiactivos y nucleares, al igual que la fabricación de los equipos generadores de radiaciones en sus diversas aplicaciones, siempre cuidando el protegerse de los riesgos derivados de su uso, tanto a las personas y a la sociedad, como a los bienes y sobre todo al medio ambiente.
Para ello, requerimos de una ley que regule estas actividades, que establezca claramente las condiciones para su ejecución y que fije las normas de seguridad, especialmente las que se orientan a la prevención de accidentes y a los planes de contingencia en caso de estos ocurrir, de forma tal que se reduzcan al mínimo los daños a las personas y al medio ambiente y que se fijen las pautas para la reparación del daño causado. Ya existen algunos avances en materia de proposiciones para regular la industria nuclear; lo que no puede hacerse es lanzar al voleo, como se hizo hace unas semanas, propuestas oficiales que no dejen claros los objetivos que se persiguen. Por fortuna, estas últimas ofertas no tuvieron el más mínimo apoyo.-
