Uruguay: las telecomunicaciones en oferta
Hacia fines de 1992, el 73% de los electores rechazó en plebiscito popular los artículos de la Ley de Empresas Públicas que permitían la privatización de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). Menos de una década después, los privatizadores vuelven por sus fueros, aduciendo que el avance tecnológico ha hecho perimir la voluntad de la mayoría de los uruguayos.
Los políticos colorados y blancos que insisten en asociar a la telefónica estatal con capitales privados -o directamente vendérsela a ellos- esgrimen distintos argumentos. Algunos – como el ex presidente Luis Lacalle- aducen que sería una forma de acceder rápidamente a recursos financieros que se podrían destinar a la mejora de la educación o a la construcción de viviendas. Para otros, es la forma de acceder al capital y la tecnología imprescindibles para posibilitar un desarrollo dinámico de las telecomunicaciones en el país. En realidad, para unos y para otros, la propuesta de asociación y privatización es la forma de responder a la presión de las multinacionales del ramo, que ya han logrado incluir la liberalización de las telecomunicaciones en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio.
Uno de los elementos «tranquilizadores» manejados por los impulsores de la privatización es el hecho de que la telefonía fija se deja en manos del Estado. El motivo real de la exclusión de este sector, es que se trata del de menor dinamismo en el ramo, más aún en Uruguay, donde su crecimiento tiende a estancarse pues ya hay instalada una amplia red telefónica. Más aún, todo indica que en pocos años la
telefonía fija probablemente comience a ceder su parte del mercado a las nuevas tecnologías, como ser la comunicación telefónica via Internet por cable o por satélite. En cambio, en los sectores de mayor desarrollo potencial (celulares,
transmisión de datos, Internet), ANTEL abandonará el mercado o lo compartirá, compitiendo y asociándose con las grandes multinacionales de las telecomunicaciones.
Rentable y eficiente
Un lector poco informado podrá pensar que el problema puede ser que la telefónica uruguaya está dando pérdidas. Todo lo contrario, ANTEL genera elevadas utilidades para el Estado (un 3.5% del Producto Bruto Interno), y dichas utilidades aumentan
año a año. En 1998, por ejemplo, sus ganancias netas fueron de 170 millones de dólares, y en 1999 de 204,5, lo que equivalió al 25 y al 27,6% de sus ventas, respectivamente. De esas cifras, ANTEL entregó al gobierno central 100 millones de dólares en 1998 y 145 en 1999.
Un argumento utilizado por el gobierno para fundamentar la privatización, es que la empresa necesita fuertes inversiones para no quedarse atrás en el vertiginosamente cambiante mercado de las telecomunicaciones. Sin embargo, como afirma el economista Luis Stolovich: «Una empresa tan bien posicionada como ANTEL -entre las más eficientes de América Latina, hasta ahora- no tendría mayores dificultades para acceder a financiamientos internacionales para sus megaproyectos, ya sea mediante empréstitos bancarios, ya sea mediante la emisión de títulos en los mercados de capitales (…) con los recursos financieros de que dispone o a los que
puede acceder, ANTEL está en condiciones de financiar las inversiones en proyectos para crecer en las más diversas áreas…»(*)
Alianzas estratégicas
«En todo caso -agrega Stolovich- una alianza estratégica debe responder a la necesidad de acceder a la tecnología sobre nuevas bases y, sobre todo, quedar bien posicionados para enfrentar las fuertes presiones competitivas del oligopolio
mundial, que apuntan a la destrucción de ANTEL.» Para ello será necesario construir propuestas que partan de una concepción de desarrollo nacional, con el sector de las telecomunicaciones como eje de una estrategia para la modernización del país, en esa perspectiva será posible encarar las alianzas estratégicas que permitan encarar el desarrollo del sector.
Pero, como dice el economista: «Aliarse, no significa rematar, ni vender patrimonios (…) sino encontrar los puntos de conveniencia común con otras empresas -sean nacionales o internacionales- con objetivos claros y delimitados.» La cuestión será entonces: con quién, para qué y cómo aliarse. Habrá de fijar criterios, principios y controles claros para que una alianza estratégica no se convierta en la antesala de
una privatización.
El mercado de las telecomunicaciones no se caracteriza precisamente por la libre competencia, sino por la competencia oligopólica. Una eventual privatización de ANTEL no implicaría la entrada al mercado de muchas empresas compitiendo en calidad y precios (como insinúan los privatizadores), sino la sustitución de la telefónica estatal por una o dos grandes compañías multinacionales. Tampoco
sería garantía de una mayor eficiencia o una rebaja de las tarifas. Basta ver el ejemplo argentino para comprobarlo. Puestas así las cosas, la insistencia con la entrada de los privados al sector parece más una cuestión de obsecuencia, o
conveniencia…
Movida particular
Pero, en este marco, en las últimas semanas se ha estado observando una movida muy particular de los partidos de oposición (Encuentro Progresista y Nuevo Espacio), quienes en momentos en que a instancias de los trabajadores de ANTEL se ha comenzado a juntar firmas para plebiscitar la derogación de los artículos que permiten la privatización del ente, han presentado en el Parlamento sendos proyectos de ley tendientes a transferir la potestad de asociar o vender la telefonía
estatal a dicho organismo.
Esta propuesta está siendo vista con buenos ojos por la coalición gobernante (Partido Colorado y Partido Nacional), que ha manifestado estar dispuesta a derogar los artículos de la Ley de Presupuesto cuestionados por los impulsores del plebiscito, y negociar la votación de los proyectos de ley presentados por la oposición. Tanto Encuentristas como Nuevoespacistas afirman que sus propuestas no son contradictorias con el plebiscito derogatorio (que también dicen apoyar), pero resulta difícil entender como puede ser ello posible. De aprobarse dicha ley y derogarse los artículos cuestionados, el plebiscito será totalmente inútil.
En todo caso, según el tenor de la eventual nueva ley sobre el asunto que pueda votarse en el futuro, se deberá tirar por la borda todo el camino recorrido hasta ahora y comenzar de nuevo.
