Uruguay: ¿Paz sin verdad?

(%=Image(2145429,»R»)%)Según afirmó en su edición del pasado viernes 3 de agosto el semanario uruguayo «Brecha», el presidente Jorge Batlle admitió en privado que sabe que el capitan de la Policía Ricardo Medina, fue quien ejecutó en 1976 a la nuera del poeta argentino Juan Gelman. Según la publicación, Batlle reconoció en una conversación con el senador Rafael Michelini y otras personas, que sobre el caso «Sabemos absolutamente todo lo que pasó, salvo dónde está enterrada.» Habría también explicado su silencio oficial diciendo: «no puedo darle a un argentino lo que le niego a los uruguayos», ya que en las desapariciones de uruguayos no tenía previsto dar a conocer ese tipo de informaciones. Consultado posteriormente al respecto, el presidente dijo a la prensa no saber nada del asunto: «Vayan a preguntarle a Brecha», contestó molesto.

María Claudia García de Gelman había sido secuestrada con ocho meses de embarazo en la ciudad de Buenos Aires y trasladada clandestinamente a Uruguay hacia setiembre de 1976. Aquí permaneció detenida en una cárcel clandestina hasta que dio a luz a fines de octubre de ese año. Dos meses después, madre e hija partieron hacia destino desconocido, custodiadas por los militares Juan Rodríguez Buratti y José Arab. Cuando a principios de 2000 Juan Gelman vino a a Montevideo a
encontrarse con su nieta perdida, (que había encontrado investigando por su cuenta) el presidente Batlle se apresuró a confirmar oficialmente la circunstancia. Para ello ordenó al jefe de la Casa Militar de la Presidencia, el general Ricardo González, que interrogara a Ricardo Medina, quién -como dice «Brecha»- en distintas oportunidades se había jactado de conocer los detalles de la historia que investigaba Gelman. Medina contestó entonces a González: «¿Cómo no voy a
conocerla si fui yo quien la entregué? (a la nieta)»

Sí hubo ejecuciones

Ricardo Medina depositó a la niña en la puerta de la casa de otro policía una noche de principios de enero de 1977. En cuanto a María Claudia, fue trasladada a otra cárcel clandestina en la zona de Pocitos Nuevo, de donde Medina se la llevó para ejecutarla y posteriormente hacer desaparecer su cuerpo. Al igual que el «padre adoptivo» de la nieta de Gelman, a la vuelta de la democracia, Medina fue (es) activo
militante del grupo sanguinetista del Partido Colorado «Cruzada 94», liderado por el actual senador Pablo Millor. Entre otras responsabilidades partidarias, el policía fue
hasta hace poco secretario de éste en el Parlamento. Por su parte, el hoy fallecido apropiador de la niña fue en su oportunidad nombrado en cargos administrativos de confianza por el entonces presidente Julio Sanguinetti, quien sin embargo insistía en no saber nada del asunto.

La noticia de la ejecución de María Claudia viene a dar un profundo «mentís» a las recientes afirmaciones de la Comisión Para la Paz en el sentido de que en Uruguay no hubieron ejecuciones de prisioneros políticos, y que todos los fallecidos fueron víctimas del «exceso de tortura». Pero además -como recuerda «Brecha»- en diciembre de 1974 cinco detenidos fueron asesinados a sangre fría en las cunetas de la ruta 8, a la entrada de la ciudad de Soca, adonde habían sido llevados desde una cárcel clandestina en el barrio montevideano de Punta Gorda; y en 1976 los parlamentarios Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y los refugiados William Whitelaw y Rosario Barredo fueron ejecutados por militares uruguayos en la ciudad de Buenos Aires.

¿Comisión para qué?

La tan liviana afirmación de la Comisión para la Paz de que aquí no hubo ejecuciones de prisioneros, parece más que nada un burdo intento por aplacar los ánimos y lograr un conformismo fatalista por parte de los familiares. En ese sentido operan también las recientes declaraciones al diario «El País» de Montevideo del representante de la Asociación de Familiares Javier Miranda, quién dijo que «tenemos la convicción de que los desaparecidos murieron en sesiones de tortura, donde no resistieron, y por eso fueron desaparecidos y no se entregaron los cuerpos. «Más adelante, Miranda incluso explicó que «Hay que tener en cuenta que el promedio de edad de los desaparecidos en Uruguay ronda los 40 0 50 años, y algunos tenían más edad, no eran jovencitos», reforzando con ese razonamiento la teoría (que otra cosa no es) de la Comisión.

Puestas así las cosas, la «nueva» política del presidente Batlle sobre los derechos humanos comienza a derrumbarse como el castillo de naipes que es. El presidente estaba decidido a evitar la identificación de los responsables de los delitos más aberrantes, manejando el expediente de «la verdad posible», o sea: una verdad a medias, lo que es muy parecido a una mentira. En ese sentido están orientados los esfuerzos de la Comisión para la Paz, que no ha hecho otra cosa que anotar lo que los violadores de los derechos humanos han querido develar, y que en los últimos días solicitó y obtuvo el apoyo explícito de los familiares, el Encuentro Progresista, y la central sindical (PIT-CNT).

Casi nadie se anima aquí a reconocer que el problema es que los militares uruguayos se niegan a confesar sus crímenes hasta en forma anónima o genérica, y que nadie los puede convencer de que digan la verdad (no digamos ya obligar). Los
ladrones, secuestradores, torturadores, violadores y asesinos que hicieron lo que quisieron durante los once años de dictadura, permanecen impunes porque tienen la fuerza suficiente y nadie puede exigirles nada. Por si eso fuera poco, tienen también importantes cómplices civiles (principalmente dentro del Partido Colorado), que tampoco están interesados en que se conozca toda la verdad, porque ellos también fueron responsables de lo sucedido.