Opinión Internacional

Violencia, guerrillas y drogas

Antecedentes

La violencia ha caracterizado la política colombiana desde hace mas de un siglo. En la conformación de la sociedad colombiana y hoy, lamentablemente, en la idiosincrasia de vastos sectores de la población, también está presente la violencia. Desde las guerras civiles del siglo XIX, los nacientes partidos, Liberal y Conservador[1], “apostaron sus proyectos políticos a las armas, a través de las cuales comenzó ese largo transito de relación y entrecruzamiento entre violencia y política” [2].

A diferencia de otros países de América Latina, los dos grandes partidos políticos colombianos se constituyen en verdaderas instituciones de profunda presencia nacional. La lealtad de sus partidarios se transmite por generaciones y aun por poblaciones. Ello va a tener decidida importancia en la extensión y radicalización de la violencia en el territorio colombiano.

Después de treinta años de un periodo que comienza con los albores del siglo XX y que se ha dado en denominar como de “la hegemonía conservadora”, los liberales llegan al poder a principios de los años treinta. En su predicamento político está la idea de modernizar los criterios de desarrollo. Se introducen reformas al sistema laboral, al régimen de propiedad de la tierra y en otros sectores como la educación y los procesos de industrialización.

En 1946 los conservadores regresan al poder, en medio de fuertes tensiones políticas, agudizadas por viejos enfrentamientos. Jorge Eliécer Gaitán[3], líder liberal de amplio arraigo popular, es asesinado en 1948, cuando se celebraba en Bogotá la Conferencia Panamericana que dio origen a la Organización de Estados Americanos, O.E.A. Hubo grandes motines urbanos conocidos como “el Bogotazo” y mueren mas de 2,000 personas. Se desata entonces el período de «la Violencia», un quinquenio de barbarie que se extiende hacia campos y ciudades. Entre 100,000 y 200,000 muertes cobra el proceso.

Una especie de trauma nacional deja como huella la violencia desatada. Sobreviene un Golpe de Estado que interrumpe, por corto lapso (l953-1958) lo que había sido una larga historia de democracia formal en Colombia[4]. El Gobierno Militar obtuvo un armisticio parcial en las luchas campesinas, pero las restricciones a la prensa y a la actividad de los partidos llevaron a liberales y conservadores a unirse para derrocarlo[5].

Es así como nace en 1958 el acuerdo del «Frente Nacional» que cobra carácter constitucional de gobiernos compartidos y alternados por 16 años. Además de la alternancia en la Presidencia, permite la división de los cargos ministeriales y puestos en el Congreso. Reestablece la paz y la estabilidad. Pero ese proceso va a tener una consecuencia de aplazamiento de muchos de los grandes problemas nacionales a la vez que opera como un mecanismo de bloqueo para opciones diferentes a los dos partidos tradicionales.

Para algunos, el modelo, al no presentar oportunidades políticas y a la tardanza de los gobernantes en atender situaciones de extrema pobreza o marginalidad en amplias zonas de la población, hizo posible el resurgimiento de anteriores movimientos agraristas que ahora adoptan carácter comunista o castrista en algunos casos, en otros, maoístas, sin excluir el aparecimiento entre ellas, de bandas de delincuentes comunes. En 1964 se fundan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, por guerrilleros de origen comunista y un año después aparece el Ejercito de Liberación Nacional, ELN, de clara inspiración pro-castrista.

Para el historiador del St Antony’s College de Oxford, Malcon Deas, el acuerdo de Frente Nacional, además de permitir a los oponentes políticos argumentar la toma de la vía armada por la imposibilidad de competir democráticamente, tuvo un importante efecto paradójico: el traslado de la competencia política dentro de cada partido y no entre ellos. La huella del Frente Nacional aun subsiste, y en los gobiernos electos son invitados a participar miembros del partido opositor. Para el historiador colombiano Eduardo Posada Carbo del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Londres, la secuela del asesinato de Gaitán y la constitución del Frente Nacional, produjeron una “petrificación de la política colombiana en la memoria colectiva”que ha llevado a descuidar las virtudes de la democracia representativa y a errar en el reconocimiento de su evolución[6].

El proceso armado en Colombia tiene hondas raíces sociales, políticas e históricas. Su inserción en la estructura social le ha permitido consolidarse y evolucionar hacia una pretensión de desplazamiento absoluto de las clases dirigentes actuales en la dirección del Estado.

Son muchos los factores que determinan esa realidad. Factores exógenos como la Revolución Cubana y el “castrismo” como ideología de insurgencia guerrillera para la toma del poder; la guerra fría y su consecuente enfrentamiento entre el mundo socialista y el mundo capitalista y la ruptura de las líneas políticas soviéticas y chinas que a su vez enfrentan las tendencias de “coexistencia pacifica” y “revolución mundial”, respectivamente.

Algunos factores endógenos que determinan el proceso pueden encontrarse en: las insurgencias campesinas y su posible prolongación en la cultura popular; la exclusión política que representó la conformación del Frente Nacional; el retraso en la atención a los problemas sociales; la aparición de la “nueva izquierda” como organizaciones políticas distintas al Partido Comunista tales como: el Movimiento Obrero Estudiantil, Campesino, MOEC; el Frente Unido de Acción Revolucionaria, FUAR y las Juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal, JMRL, entre otros, que constituyen las simientes en las direcciones de los frentes armados actuales[7].

Los procesos políticos de corrección del conflicto

Desde los años setenta se inicia un proceso de reformas políticas que encuentran en la Constitución de 1991 su mejor expresión. Las primeras conversaciones de paz arrojan positivos resultados y grupos guerrilleros, con excepción de las FARC y el ELN, deponen las armas. La nueva constitución se dicta en el marco de un amplio debate nacional y sus previsiones apuntan hacia una profundización del proceso democrático. Restricción al poder central ejecutivo y promoción de la participación política, constituyen sus líneas básicas.

La influencia del modelo constituyente español en cuanto a autonomías regionales se hace presente en la concepción del proceso de descentralización. Se dota de mayor autoridad a las figuras de los alcaldes y gobernadores departamentales. La Fiscalía General y la protección a los derechos humanos ocupan ahora un espacio de destacada importancia. La participación ciudadana alcanza elevados niveles en los procesos electorales, cerca del sesenta por ciento en las elecciones de 1998. Nuevas figuras, sobre todo a nivel regional, aparecen en la escena política.

Sin embargo, tal como se expone en la investigación dirigida por el profesor Alberto Alesina[8], la cual citaremos extensamente, la necesidad de nuevas reformas constitucionales se hace evidente. La violencia y el terrorismo son rampantes; el “contrato social” esta amenazado. El sistema judicial es incapaz de reducir y castigar el crimen mientras que esa misma Constitución es proactiva en el área económica, cerrando posibilidades al mercado y al diseño de políticas económicas.

También el Parlamento aparece fragmentado y sujeto a miles de presiones. Sus relaciones con el Ejecutivo son difíciles. Adicionalmente, las insuficiencias institucionales amenazan la tradicional estabilidad. En efecto, el proceso de descentralización ha dejado una secuela de importantes déficits fiscales e ineficiencias en las relaciones entre el gobierno central y los gobiernos regionales. El proceso presupuestario es caótico y no transparente. Los servicios sociales y los programas para la reducción de la pobreza son ineficientes y carecen de recursos. La política monetaria y financiera requiere de firmes controles de la inflación.

Aun cuando muchos de estos problemas son comunes a países en vías de desarrollo y, aun en economías industriales, en Colombia aparecen al borde del colapso. Un obstáculo para superar estas limitaciones se encuentra en el hecho de que la Constitución de 1991 es sumamente detallada en su articulado. La consecuencia es que relativamente pequeños cambios e inclusive, requerimientos indispensables para la política económica, quedan sujetos a reformas constitucionales.

Un país contradictorio. Dimensiones del conflicto

La exuberante y diversa geografía colombiana hace de este país el segundo, después de Brasil, en grado de biodiversidad en la región. Es también el quinto en cuanto a extensión geográfica y el tercero en población con sus 41 millones de habitantes. Colombia es el segundo exportador mundial de café y flores. Ha gozado de una privilegiada estabilidad económica con un crecimiento promedio del cinco por ciento de su Producto Territorial Bruto entre los años 1945 y 1995. Es uno de los pocos países de la región que disfruta de una alta calificación para la inversión internacional y, además, es una de las más antiguas democracias de Iberoamérica.

Sin embargo, también Colombia es el primer proveedor de cocaína del mundo. La presencia del narcotráfico como forma organizada de actividad criminal, ha desatado nuevas formas de violencia que amenazan la estabilidad del propio Estado. La violencia política se entrecruza con la violencia ejercida por la actividad ilegal del narcotráfico. El negocio de las drogas permite el fortalecimiento de las fuerzas insurgentes, tanto de las FARC y el ELN, como de la organización paramilitar de derecha, Auto Defensas Unidas de Colombia, AUC[9].

La tasa de homicidios en Colombia es una de las mas altas del mundo. Para 1991, casi ochenta colombianos de cada cien mil eran asesinados. Los homicidios en Colombia son tres veces mayor que los que se registran en Brasil o México y diez veces superior a los cometidos en Argentina, Uruguay, o los Estados Unidos. Solamente El Salvador superó las cifras registradas en Colombia para la ultima década. Para el Ministerio de la Defensa el numero de victimas muertos en combate durante el año 2000 fue de 1.777, mientras que la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, grupo de defensa de derechos humanos, 6.067 personas fueron victimas de la violencia socio-política. Un incremento del 50% con respecto al año anterior. Por su parte, también Colombia es líder mundial en numero de secuestros. El año 2000 la policía registró 3.707 secuestros, es decir, unos diez diarios.

En general, existen serias dudas sobre las cifras oficiales de los índices de delitos cometidos. Ello encuentra su explicación en la perversa tendencia del sistema judicial colombiano de registrar los delitos solamente en los cuales los delincuentes son identificados por las victimas. Es por eso que existe una extraña coincidencia entre la tasa de delitos reportados y el numero de delincuentes aprehendidos.

Las razones para explicar el alto índice delictivo en Colombia son, sin dudas, complejas. Determinar sus causas es una difícil tarea, mucho más si se tiene en cuenta de que se carecen de estadísticas confiables.

Para Steven Levitt y Mauricio Rubio[10], son cinco las causas que explican este fenómeno social. Ellas son: (1) El trafico ilegal de drogas, (2) La falta de castigo a los delincuentes, (3) La presencia de grupos extra-gubernamentales (guerrillas y para-militares) que han asumido tareas que corresponden al gobierno en regiones del país, (4) La pobreza y desigualdad social, y (5) La posibilidad de que las décadas de conflicto hayan creado una población mas inclinada hacia la violencia.

Una resaltante contradicción del caso colombiano es la de que a pesar de la magnitud de sus conflictos internos, el gasto militar es relativamente bajo. “Para 1998, el 15,8% del PNB ruso se destinaba a gasto militar, el 5,8% de los Estados Unidos, el 3,8% de Francia, el 3,0% de Noruega, el 2,35 de Chile y el 2,1% de los pequeños Uruguay y Panamá. Países con conflictos armados internos pendientes hacían esfuerzos mucho mayores: Filipinas el 15,8%, Angola e Israel el 13%, Nicaragua el 8,7%, y El Salvador el 2,8%”. Colombia solo gastaba para 1989 el 1,4%. Las fuerzas militares colombianas fueron por años muy pequeñas. En 1985 contaban con 66.000 hombres, la mitad del Frente Sandinista y menos que el ejercito chileno de 100.000 hombres. Para el año 2000 se incrementan hasta 120.000 que no son muchos en relación en relación con el número de habitantes y la extensión del territorio[11].

La presencia del narcotráfico se asocia a la violencia

Tal como señala la investigación de Steven Levitt y Mauricio Rubio, “Understanding crime in Colombia and what can be done about It”, durante los años 80 se amplió la influencia de los carteles colombianos de drogas hacia los países vecinos mediante las operaciones de importación de químicos y el lavado de dinero. Fue en 1989, después de la muerte del candidato presidencial Luis Carlos Galán, y la subsiguiente guerra contra el cartel de Medellín, que los capos colombianos de la droga extienden sus operaciones sobre todo el continente. Se afirma que “para mediados de los años 90 no existía un país de Latino América o el Caribe que no estuviese envuelto de alguna manera en la producción y el comercio de las drogas.”

Colombia es considerada como el líder en la exportación de cocaína[12]. La mayoría de la coca es cultivada en tierras colombianas aun cuando todavía parte de ella se importa del Perú y Bolivia, para luego de tratada, ser re-exportada[13]. Para la DEA, el 75 por ciento de la droga que llega a los Estados Unidos se origina en Colombia. Sin embargo, existe consenso que en la actualidad México es la ruta más importante para el ingreso de la droga a los Estados Unidos. Esto significa que siendo el mercado de consumo la parte más rentable de esta actividad, los beneficios del comercio de la droga deben haber disminuido las entradas para los traficantes colombianos.

Las estimaciones sobre los ingresos por concepto del trafico de drogas en Colombia, muestran altas variaciones para finales de los años ochenta. Las cifras oscilan entre unos 5.500 millones como máximo y un mínimo de 1.200 millones de dólares. Este valor de las exportaciones de drogas equivale a entre un 3 a un 14 por ciento del Producto Interno de Colombia. Otras fuentes señalan[14] que el comercio de la cocaína -que por lo demás, desplaza al café como primer suplidor de ingresos de origen externo- canalizó, para 1984, entre 10.000 y 12.000 millones de dólares a la economía colombiana proveniente del trafico de drogas.

Son muchas las evidencias que demuestran una estrecha correlación entre el tráfico de drogas y la violencia. La experiencia norteamericana en los últimos 100 años sirve de ejemplo al analizar la tasa de homicidios per capita. Hay dos periodos en los cuales es excepcionalmente alta: los años de la Prohibición (1920-33) cuando la venta de alcohol era ilegal, y desde los años 80 hasta principios de los 90 cuando el polvo de cocaína y después el crack de cocaína, floreció en los Estados Unidos.

El caso colombiano también prueba la existencia de la relación producción de drogas y violencia. El periodo de máximo incremento en el número de homicidios se corresponde con la expansión del mercado de exportación de cocaína. Los dos departamentos del país con la mayor tasa de homicidios fueron Valle y Antioquia en los cuales están localizadas las ciudades de Cali y Medellín. La tasa de homicidios en esos departamentos fue cuatro veces más alta que la media registrada en 1990 para otros departamentos de Colombia. A partir de ese año, con el desmantelamiento de los carteles de Cali y Medellín, disminuye considerablemente ese índice.

Las organizaciones guerrilleras y la producción y tráfico de drogas

El exterminio de las siembras de drogas ha sido una tarea ímproba por parte de Colombia y los Estados Unidos; tal vez, la facilidad de su cultivo impide su efectiva erradicación. Adicionalmente, la dependencia económica de pequeños agricultores de esta actividad, también opera como un elemento que entorpece tal propósito. En las selvas de las provincias de Putumayo y Vaupes, lejos del alcance de las bases anti-narcóticos y de los aviones fumigadores, florecen y se multiplican los cultivos de coca.

Tal como se señala en un trabajo de investigación publicado en Financial Times[15], los pequeños cultivadores “bendecimos esa planta pues es el único medio que nos da lo suficiente para vivir”según afirma un residente de Miraflores, en la provincia del Guaviare. Algunas variedades de coca producen hojas frescas cada 75 días. Las cosechas legales de plátanos, por el contrario, solo producen dos o tres cargas al año. Otros cultivos mas especializados, como el caucho y la palma africana, toman ocho y cuatro años, respectivamente.

Adicionalmente, los intermediarios que compran la coca como pasta semi-procesada, pagan en efectivo y la recogen en la puerta de los cosecheros. En provincias como el Guaviare, la cual es del tamaño de Suiza, hay solamente 5 km de carreteras pavimentadas. Es decir, se le resuelve al agricultor el difícil problema del transporte de sus cosechas a los mercados. Los esfuerzos por la sustitución de dichos cultivos forman parte de la agenda común de negociación de los norteamericanos.

En definitiva, los productores de coca son pequeños cosecheros que ven en este cultivo la única posibilidad de subsistencia. En búsqueda de esa subsistencia se internan cada vez mas en las zonas selváticas para sobrevivir y estar a salvo a pesar del riesgo de sus vidas. Este fenómeno puede entenderse como la consecuencia de la imposibilidad del Estado colombiano de proveer un sistema de vida digno para estos pobladores. No es de extrañar entonces que las FARC ofrezcan protección a estos pequeños cultivadores. Ello conduce a inevitables vínculos entre unos y otros.

Para algunos, la justificación de los cultivos de drogas está en el derecho de los campesinos de producir para el mercado norteamericano al igual que lo hacen los grandes cultivadores de café. El impacto en la economía colombiana es la misma. Tal parece la opinión del académico Alejandro Reyes[16] para quien: Las áreas de cultivo de coca están concentradas, fundamentalmente, en los departamentos de Guaviare, al sur del Meta, Caquetá, Putumayo, Cauca, y también en algunas áreas del Magdalena Medio, Norte de Santander y Sierra Nevada de Santa Marta. En el cultivo de esas áreas, las FARC, representan un papel semejante al del Estado frente a la economía informal. Como el cultivo de coca es una estructura económica ilegal, no regulada por el Estado, en la cual el Estado no aplica la ley ni resuelve los conflictos entre los ciudadanos, las FARC asumen ese papel. En el extremo de esta posición, se concluye que las FARC en la industria de la droga intervienen con el objeto de regular la economía social y el derecho de los pequeños cultivadores. Ellos requieren que los traficantes de drogas le paguen sus correspondientes contraprestaciones a los débiles campesinos.

Agrega Alejandro Reyes su desacuerdo con militares y policías cuando hablan de narcoguerrilla. “Ellos tratan de identificar dos diferentes fenómenos. Las guerrillas son mucho más profundas, de mas alcance y duración, una estructura informal de Estado. Las mafias en el negocio de las drogas, son otra cosa distinta. Las guerrillas aplican tasas al negocio de las drogas, ellos no son mafias. Ellos no se comportan como mafias. Las mafias buscan hacer dinero. Las guerrillas cargan sus “impuestos” para incrementar la maquinaria de la guerra que llevan adelante. Así pues, la relación de la guerrilla con la droga es mucho más profunda de lo que se cree. Los Estados Unidos no pueden cometer el error de tratar las guerrillas como mafias de las drogas. Estas mafias, como fenómeno diferente, tienen que ser combatidas en sus propios términos, es decir, como un negocio ilegal, como mafias”.

Finalmente Reyes advierte que: “Si usted ataca militarmente o si usted provee medios militares de combate para atacar a los cultivadores de coca, usted puede envolver al estado colombiano y a los Estados Unidos en una muy larga guerra, una “’Vietnamización” de la guerra contra las drogas, la cual se sabe cuando comienza pero no cuando termina. Ojalá no se cometa el error de confundir dos fenómenos diferentes”.

Los Movimientos Guerrilleros

Existen marcadas diferencias entre la violencia en Colombia y otras regiones del continente. La prevalencia del conflicto, el incremento de los movimientos guerrilleros, la presencia de grupos paramilitares, la conexión con la ilícita actividad del trafico de drogas y en fin, la imposibilidad manifiesta del Estado para reducir su influencia, determinan especificidades que requieren de su revisión[17].

El origen de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) puede situarse en el llamado periodo de La Violencia[18], a pesar de que el propio movimiento sitúa su nacimiento en mayo de 1964.

La segunda organización en importancia, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, encuentra su origen en un grupo de estudiantes que regresan de Cuba después de la Revolución liderada por Fidel Castro. Sin embargo, el propio movimiento lo califica como de origen netamente campesino[19].

A mediados de los años ochenta, estos grupos experimentan su mayor crecimiento. De menos de unos dos mil hombres armados para aquella época, alcanzan la cifra de 12.000 combatientes activos. Su influencia regional de un poco mas de 100 municipios de los 1.075 existentes, alcanza a cerca de 600 en 1997.

El vinculo entre guerrillas, paramilitarismo y otros grupos armados, debe analizarse desde dos dimensiones: el papel desempeñado por el sistema judicial que mediante su débil actuación propicia la existencia y proliferación de tales grupos, y, por otra parte, el hecho de que estos grupos suministran servicios de protección privada. Es por ello que la asociación con el crimen es de naturaleza compleja[20]. Existen evidencias de que los primeros grupos guerrilleros ofrecían protección, en los municipios rurales, contra el robo de ganado. El rápido crecimiento del ELN en los ochenta, aparece asociado con extorsiones practicadas contra las compañías petroleras. Por su parte, los grupos paramilitares[21] se presentan estrechamente vinculados con los capos de las drogas, entre otros, los conocidos como MAS «Muerte a Secuestradores”, creados como respuesta a los secuestros practicados por las guerrillas.

La evidencia empírica entre homicidio y guerrillas es muy débil y a veces arroja resultados sorprendentes. Los índices en áreas con presencia guerrillera, no son peores que donde no las hay. Municipios que para 1990 no tenían guerrillas y que hoy las tienen, ven disminuir su índice de homicidios. Municipios que nunca tuvieron guerrillas mantienen sus índices de homicidios.

En materia de secuestros los periodos de mayor crecimiento, van de 1986 a 1991, cuando la tasa de secuestros per cápita crece un 40% al año y, desde 1995 al presente, con una rata de casi un 25% anual. Existe un claro vinculo entre guerrillas y secuestros. Mas de la mitad de ellos lo atribuyen las victimas a grupos guerrilleros. La otra mitad es atribuida a «criminales comunes». Estos, a su vez, suelen “vender” sus secuestrados a los grupos guerrilleros. Para el periodo 1991-1995, el average de “rescate” pagado se calcula en cerca de US$ 100.000. Para 1997 un rescate de un millón de dólares, suele ser frecuente.

Conversaciones de Paz. La Zona de Distensión. El Plan Colombia

En palabras de Andrés Pastrana, Presidente de la Republica de Colombia: “debemos reconocer que ahora, veinte años después de la llegada de los cultivos de marihuana a Colombia, junto con un aumento en la producción de coca y amapola, el narcotráfico sigue creciendo en importancia como fuerza desestabilizadora; es una causa de distorsiones en nuestra economía, de una reversa en los avances logrados en la redistribución de tierras, una fuente de corrupción en la sociedad, un multiplicador de la violencia, y un factor negativo en el clima de inversión y lo que es más grave de todo, sirve como fuente de los crecientes recursos de los grupos armados…”. Y agrega: “Las debilidades de un Estado que todavía se encuentra involucrado en un proceso de consolidación han sido agravadas por las fuerzas desestabilizadoras del narcotráfico…” “Recientemente, la relación financiera entre los varios grupos armados y los narcotraficantes ha logrado intensificar el conflicto armado, y ha limitado la capacidad del Estado para cumplir con sus responsabilidades más importantes. La recuperación de esta capacidad por parte del Estado exige un proceso de reconstrucción de la sociedad y de la comunidad…”
Es por ello que toma forma el Plan Colombia que tiene como meta “promover nuevas actividades económicas y actividades alternativas en la agricultura con atención especial a la recuperación del medio ambiente y a la protección de los ecosistemas frágiles que han sido amenazados por los cultivos ilícitos” [22].

El Plan se sustenta en diez estrategias:

  1. Una estrategia económica que genere empleo, que fortalezca la capacidad del Estado para recaudar impuestos, y que ofrezca una fuerza económica viable para contrarrestar el narcotráfico.
  2. Una estrategia fiscal y financiera que adopte medidas severas de austeridad y ajuste con el fin de fomentar la actividad económica, y de recuperar el prestigio tradicional de Colombia en los mercados financieros internacionales.
  3. Una estrategia de paz que se apunte a unos acuerdos de paz negociados con la guerrilla con base en la integridad territorial, la democracia y los derechos humanos, que, además, deban fortalecer el estado de derecho y la lucha contra el narcotráfico.
  4. Una estrategia para la defensa nacional para reestructurar y modernizar las fuerzas armadas y la Policía, para que estos recuperen el estado de derecho, y proporcionen seguridad en todo el territorio nacional, en contra del delito organizado y los grupos armados y para proteger y promover los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
  5. Una estrategia judicial y de derechos humanos, con el fin de reafirmar el estado de derecho y para asegurar una justicia igualitaria e imparcial para todos.
  6. Una estrategia antinarcóticos, en asocio con los demás países involucrados en algunos o todos los eslabones de la cadena: la producción, distribución, comercialización, consumo, lavado de activos, de precursores y de otros insumos, y el trafico de armas.
  7. Una estrategia de desarrollo alternativo, que fomente esquemas agropecuarios y otras actividades económicas rentables para los campesinos y sus familias.
  8. Una estrategia de participación social que apunte a una concientización colectiva. Esta estrategia busca desarrollar una mayor responsabilidad dentro del gobierno local, el compromiso de la comunidad en los esfuerzos anticorrupción y una presión constante sobre la guerrilla y sobre los demás grupos armados, con el fin de eliminar los secuestros, la violencia y el desplazamiento interno de individuos y comunidades.
  9. Una estrategia de desarrollo humano que garantice servicios de salud y de educación adecuados para todos los grupos vulnerables de nuestra sociedad durante los próximos años.
  10. Una estrategia de orientación internacional que confirme los principios de corresponsabilidad, acción integrada y tratamiento equilibrado para el problema de la droga.

En el marco de esas estrategias se inician las Conversaciones de Paz y como paso previo se crea el área desmilitarizada o «Zona de Distensión». Es creada por Ley para garantizar la seguridad necesaria con miras a avanzar en las negociaciones con la guerrilla. Esta ley permite que el Presidente cree y suspenda un área de distensión como expresión de la soberanía del Estado. La Ley solamente restringe la presencia del Ejército y la Policía dentro de dicha área y suspende órdenes de captura, sin embargo, no restringe la actividad de los funcionarios elegidos a nivel local o regional.

Hasta ahora los recursos aprobados por el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, ascienden a cerca de 1,320 millones de dólares. Un 35% de la ayuda estadounidense en la practica no entrara a Colombia, sino que será destinada a otros países como Perú, Bolivia y Ecuador, para respaldar la acción antinarcóticos de Colombia.

Los recursos se aplican en la siguiente forma:

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Si se agrega la ayuda que ya había sido aprobada con anterioridad para los años 2000 y 2001, unos 330 millones de dólares, en su mayoría para la Policía Antinarcóticos, el total seria de 1,192.3 millones de dólares.

Objetivos del Plan. El debate sobre su conveniencia

Conviene, someramente, revisar el Objetivo Numero Uno del Plan, el cual ha levantado agudas polémicas. En efecto, este establece que para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y desmantelar las organizaciones de traficantes mediante esfuerzos integrales dirigidos por las Fuerzas Armadas, se desplegarán las siguientes acciones:

  1. Combatir el cultivo ilícito mediante la acción continua y sistemática del Ejército y de la Policía, especialmente en la región del Putumayo y en el sur del país. El gobierno no tolerará ningún vínculo entre los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional con ningún grupo armado o fuerza al margen de la ley.
  2. Establecer control militar sobre el sur del país con propósitos de erradicación.
  3. Destruir las instalaciones de procesamiento, y mejorar la intersección de drogas y de precursores en los medios terrestres, aéreos, marítimos y fluviales.
  4. Establecer el control gubernamental sobre las áreas clave de producción de drogas.

Las diversas opiniones sobre el Plan Colombia corresponden a apreciaciones que centran la atención inicial sobre las consecuencias externas del mismo. En muchos casos se deja de lado el problema colombiano y su repercusión en la destrucción de una sociedad de indudables valores culturales, económicos, históricos, artísticos y tradicionales. A pesar del Plan Colombia, para algunos círculos de Washington:

  • Colombia es vista como el país problema cuyos flagelos internos pueden tener un coletazo desestabilizador sobre los países vecinos -los desplazados o el traslado de narcocultivos-.
  • El problema de la inseguridad regional es una fuente de preocupación que aun no repercute en la política interna de Estados Unidos. Su apreciación se reduce a las repercusiones en el consumo de drogas en Estados Unidos. Si no fuere así, no existiría Plan Colombia.
  • El grueso de la opinión publica norteamericana desconoce lo que sucede en Colombia. El país se resume en dos palabras: coca y café.
  • La opinión generalizada es que a pesar de las buenas intenciones y los mejores esfuerzos del Presidente Pastrana, la situación en Colombia continua deteriorándose. Las estadísticas del año 2000 sobre secuestros y masacres, por ejemplo, son particularmente perturbadoras.
  • Pocos en Washington entienden las complejidades de la profunda e implacable crisis colombiana.

Para los países vecinos de Colombia y, desde luego, para los propios colombianos, la discusión sobre el Plan Colombia y la política de pacificación adelantada por el presidente Andrés Pastrana, es objeto de los más amplios debates. Tanto en círculos académicos como en los núcleos familiares, pasando, desde luego, por los centros políticos, el Plan Colombia y las Conversaciones Paz promueve agrias y profundas polémicas.

  • Las conversaciones de paz no versan sobre lo sustantivo. Si la guerrilla no está dispuesta a prescindir del secuestro como arma política, ¿para qué seguir negociando? Es un falso dilema hablar de alternativa para los colombianos entre guerra y paz, Ya estamos en guerra. La única solución es aplicar medidas audaces en el camino de transformar la sociedad colombiana.
  • Para Venezuela la aplicación del Plan Colombia representa una amenaza militar. El componente militar de ese plan le agrega a las capacidades bélicas de Colombia una fuerza aeromóvil y unos medios de comando, control, comunicaciones e inteligencia que rompen el balance estratégico bilateral.
  • La puesta en vigencia del Plan Colombia traerá una “vietnamización” del territorio colombiano. Sus consecuencias producirán una larga guerra de imprevisibles resultados.
  • Los programas de fumigación de sembradíos -Ofensiva del Sur en Caquetá y Putumayo- para la erradicación de la droga producirán consecuencias irreparables en las tierras sometidas a estas acciones.
  • El fenómeno de los desplazados tenderá a agudizarse. En la actualidad ya existen mas de 1 millón de desplazados dentro de Colombia. Los desplazados están causando problemas en Panamá, Venezuela y Ecuador.
  • El Plan Colombia producirá un desplazamiento de esta actividad hacia los países vecinos.

Pero, por encima de las diversas opiniones adversas al Plan Colombia, es obligado concluir en que constituye, junto a las Conversaciones de Paz, la única iniciativa coherente e integral que se ha concretado para enfrentar un problema de las dimensiones y complejidad que tiene el caso colombiano. ¿El guante lanzado por el Presidente colombiano, será recogido por las organizaciones guerrilleras? ¿Son sinceras estas en su participación en las conversaciones de paz? ¿Porque mantienen el ejercicio de la violencia y sus vínculos con la explotación de la droga mientras las conversaciones continúan? Estas, son algunas, de las muchas interrogantes que aun continúan ensombreciendo el proceso.

Notas

  1. En sus orígenes el partido liberal se conforma alrededor de las ideas del General Francisco de Paula Santander. Sus descendientes políticos alientan corrientes federalistas y anticlericales. El partido Conservador por su parte, reclama un antecedente inspirado en los rasgos centralistas y de autoridad del Libertador Simón Bolívar.
  2. Vargas Velásquez, Alejo. Universidad Nacional de Colombia. Latin American and Caribbean Center. FIU.
  3. Jorge Eliécer Gaitán funda un movimiento de tipo populista socialista, como una facción del partido Liberal. El “Gaitanismo” crece en seguidores entre los años 1946 y 1948. Gaitán fue asesinado el 8 de abril de 1948.
  4. En 1953 llega al poder el General Gustavo Rojas Pinilla, quien da amnistía a los grupos agrarios y estos entregan las armas. El General Rojas Pinilla estableció el primer comité para investigar las causas de la violencia en Colombia.
  5. Publicaciones de la Universidad de Los Andes. Colombia.
  6. The Economist. A Survey of Colombia. 2001.
  7. Vargas Velásquez, Alejo. Ob. Cit.
  8. Alesina, Alberto. Institutional Reforms in Colombia. Harvard University.
  9. The Economist. V. supra.
  10. Levitt, Steven y Rubio, Mauricio. Understanding Crime in Colombia and What Can Be Done About It. Working Papers Series. Fedesarrollo.
  11. Nieto Loaiza, Rafael. Economía y Violencia. Latin American and Carbbean Center.
  12. Financial Times. Junio, 17. 1999. “Colombia is now the world’s largest producer of coca leaf, a title it has only held since 1997, while accounting for an estimated 80 per cent of the world’s cocaine supply.
  13. “Para la supremacía de Colombia en el tema de la siembra de la coca hay, además, una razón puramente botánica: de 250 tipos de hoja de coca, 200 son exclusivas de la región suramericana. No sé la explicación: seguro que tendrá que ver con los microclimas, con la tradición de las formas de sembrado. No lo sé con exactitud, pero lo seguro es que la mejor hoja de coca sale de estas tierras. Según los estudios del Ministerio de Agricultura la concentración de alcaloide en estas variedades puede oscilar en una proporción del 0,25 % a 2,25 % del peso de la hoja, un índice muy alto si se lo compara con la productividad de la hoja proveniente de otras regiones.” Serrano Cadena, Roso José. Ex-Director de la Policía Nacional de Colombia. Jaque Mate. Edit. Norma. Colombia.
  14. The New York Times. August, 1999.
  15. Financial Times. V. Supra.
  16. Reyes, Alejandro. «The Geography of Political Violence and Drug Trafficking in Colombia». Washington Office on Latin America. (%=Link(«http://www.wola.org/»,»Www.wola.org»)%).
  17. Hoskin, Gary y Murillo, Gabriel. Journal of Democracy.
  18. En términos de las propias FARC, su origen y justificación se remonta a 1964, cuando “las Fuerzas Militares de Colombia con la orientación y asesoría directa de los Estados Unidos de Norteamérica, iniciaron la mayor operación militar de cerco y exterminio conocida hasta entonces” con el objetivo de eliminar el «Foco subversivo» compuesto por campesinos asentados en la región de Marquetalia, departamento del Tolima. Estos grupos, después de haber vivido las calamidades de la guerra partidaria, auspiciada por los dirigentes de los partidos liberales y conservadores, dedicados al trabajo agrícola en aras de su propio bienestar y el de la comunidad que conformaban, demandaban al Estado vías para sacar sus productos, escuelas para educación de los hijos y garantías contra la acción de los paramilitares de entonces, …” Comienza la ”operación Marquetalia”: “Utilizaron todos los métodos a su alcance: bombardeos, ametrallamientos, desembarcos, cercos de exterminio, guerra bacteriológica, torturas, ejecuciones sumarias, compra de conciencias, sobornos, además de encarcelar y atropellar a quienes se solidarizaban con la “Resistencia de Marquetalia». Cuarenta y ocho “hombres mal armados y sin recursos suficientes,” bajo la conducción y orientación de Manuel Marulanda Vélez, “se convierten en un núcleo revolucionario armado…”. En el “transcurrir de la confrontación surgen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo FARC-EP”. Cfr. Nuestra Historia. 36 Aniversario de las FARC-EP, mayo 27 del 2000
  19. El 7 de enero de 1.965 “los primeros guerrilleros del Ejercito de Liberación Nacional (se) tomaron el municipio de Simacota en Santander y rindieron a la Policía; en el repliegue combatieron con refuerzos del Ejército colombiano donde cae el Capitán Parmenio, primer compañero muerto del ELN. Con esta acción se anunció al país el surgimiento de una organización Político-Militar comprometida con los más sentidos intereses del pueblo, respuesta y rechazo al terrorismo de estado, a la ausencia de espacios democráticos, a la injusticia social, la explotación y la privación de los servicios y derechos de las mayorías nacionales en provecho de una minoría de oligarcas nacionales aliados con el capital extranjero.” La propuesta de Convención Nacional y la concepción con que se viene trabajando hoy en día, se inspira y es un desarrollo de lo planteado en aquel entonces…”. Cfr. ELN. Historia. Pagina Web.
  20. Levitt, Steven y Rubio, Mauricio. Ob. Cit.
  21. “Las Autodefensas nacieron a comienzos de los ochenta. En diferentes zonas los narcotraficantes crearon bandas armadas para cuidar las tierras compradas por los jefes de la mafia, pues su adquisición es uno de los principales métodos de lavado de dinero. En otras regiones también se crearon grupos de Autodefensa bajo el amparo de la ley. Esas organizaciones rurales actuaban con la supervisión de las autoridades y debían apoyar a la Fuerza Pública en su misión de brindar seguridad a la población. Pero al poco tiempo algunas comenzaron a excederse en sus funciones y se salieron de las manos del gobierno” “… desde 1992 tuvieron un crecimiento muy superior al de la guerrilla. A finales del año pasado contaban con aproximadamente 8 mil hombres en armas. Hoy, las autodefensas son el principal agente de violencia: provocan 35% del desplazamiento forzoso en el país y son, además, el grupo que realiza el mayor número de asesinatos.” “El jefe de las AUC, Carlos Castaño, ha reconocido que 70% de las finanzas de su organización deriva de su vinculación con el narcotráfico. Así mismo, obtienen ingresos prestando servicios de seguridad a las propiedades de los narcotraficantes, …” . Cfr. Florez, Sandra Bibiana. “Entre el narcotráfico y la Guerrilla”. Reportaje. Web Site.
  22. Pastrana, Andrés. Plan Colombia. Introducción. Publicación de la Presidencia de la Republica.
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