Al carajo con la institucionalidad

La nueva institucionalidad que tanto sudor le ha costado a la gesta revolucionaria amenaza con irse al carajo viejo. Por un lado la manifestación al margen de la ley escenificada en las puertas de El Nacional y su justificación por parte del ejecutivo y sus colaboradores incondicionales; y por otro, las perversas declaraciones del alcalde Alfredo Peña y la oposición reaccionaria que amparados en la “preocupación” intimidatoria e intrusa del Departamento de Estado norteamericano invitan abiertamente a un golpe militar de derecha violando los preceptos constitucionales mas sagrados de un régimen democrático.

Lejos de ayudar a la consolidación de la nueva República, los últimos acontecimientos políticos enturbian el proceso bolivariano. El problema fundamental no esta en el ejercicio del inalienable derecho a la protesta consagrado en la constitución y las leyes. Primero Justicia pisoteó la memoria de El Libertador en las puertas del Panteón Nacional para manifestar contra el gobierno, pero tenía un permiso que decía “hasta las 12 del mediodía” hora en que fueron desalojados mientras pataleaban y despotricaban contra la implementación de lo que paradójicamente Chávez ha llamado de manera muy acertada “el imperio de la ley.” Asimismo, el pasado 9 de enero diversas asociaciones de vecinos protestaron el cierre del hospital de niños J.M. de Los Ríos por el gremio medico, que en el ejercicio de su derecho a paralizar las labores por el incumplimiento de sus honorarios, fueron agredidos, según el presidente del Colegio de Médicos, Fernando Bianco, por las “turbas” que presuntamente envió el alcalde Peña. En este sentido, manifestar por el derecho a la información veraz no debería producir resquemores en una sociedad libre y democrática, ya que en efecto, el tratamiento equilibrado y objetivo de la información por parte de los medios de comunicación social se ha visto contaminado; y asi da cuenta el ombudsman de El Nacional, Elías Santana, en la edición del martes 8 de enero, que irónicamente salía de imprenta al momento de la protesta.

Sin embargo, el pueblo está desarmado políticamente para enfrentar los centros de poder económicos y mediáticos así como la represión policial y criminal; no cuenta con instrumentos efectivos de participación que le permita triunfar en el escenario político de la misma manera en que la “revolución bolivariana” ha sido exitosa con las armas democráticas de la razón. La ausencia de mecanismos que permitan la participación razonada del pueblo es la causa fundamental por la que su actuación termina siendo el producto de una incitación, consciente o inconsciente, del excesivo uso del lenguaje beligerante y consecuente banalización de la política.

Hugo Chávez, como ciudadano, tiene todo el derecho a manifestar su repudio por el innegable tratamiento parcializado de la noticia; no obstante, su condición de presidente hace que en el ejercicio de este derecho se haga excesivo su lenguaje publico, que aunado a la actuación de sus beligerantes emuladores, justifica la ilegalidad en detrimento de la consolidación de la nueva república. En entrevista a Ultimas Noticias el pasado 9 de enero, Eliécer Otaiza cuestiona este tipo de lenguaje publico excesivo porque “conspira contra todas las instituciones, inclusive la presidencial, [que] les debemos respeto pues deben significar el equilibrio.” Evidentemente, este esquema de persistente confrontación que pudo justificarse en los escenarios pre-electoral y pre-constituyente ha entrado en crisis, por lo que se requiere encontrar con urgencia alternativas políticas eficientes y consonas con los nuevos tiempos revolucionarios, y asumir con valentía la radicalización y profundización del proceso, entendidos como la implementación rigurosa de la Constitución Nacional y las nuevas leyes. Precisamente a esto se refería Aristóbulo Isturiz cuando le sugirió al presidente “meterse por el canal de 80” ante la intransigencia a los cambios de Fedecamaras, CTV y la vieja política.

A diferencia del pueblo Argentino, que en el pleno ejercicio de sus derechos salió a las calles a confrontar el establecimiento político enquistado en una institucionalidad condicionada al capital de las grandes empresas que arrodilló al país ante la hegemonía norteamericana y la globalización corporativa que impone el FMI y Banco Mundial, el Estado Venezuelano demostró con gallardía el pasado 10 de diciembre que no esta dispuesto a condicionarse al poder económico que ha llevado al país a la quiebra económica, política, social y moral. No obstante, mas allá de la turbulencia política se esconde también un problema de Estado que tiene que ver con el papel que históricamente ha jugado Estados Unidos en América Latina. No debe parecer extraño que este país intente asegurar el suministro de petróleo Venezolano en un escenario internacional política y económicamente volátil promoviendo la inestabilidad del sistema a traves de maniobras que lleven a la FAN a dejar de ser un factor de equilibrio, incline su balanza hacia la derecha y saque a Chávez del juego político. Sin embargo, ante una crisis politica que lleve al estancamiento de la economia y al agotameinto de la benevola paciencia del Venezolano, la propia “revolucion” podria encontrar en el presidente su mayor obstaculo de realizacion y salga de él de manera soberana.

Estos escenarios, si se quiere desesperanzadores, obligan la creación un gobierno de unidad nacional revolucionaria que radicalice y profundice la implementación de los cambios, y desarrolle y fortalezca la participación ciudadana para el rescate y reivindicación de la política como acción social. No ostante, la posición “bushneana” asumida por el primer mandatario en cuanto a que “no acepto ambigüedades a mi lado, o estás conmigo o contra mí, no hay términos medios”, parece desterrar la posibilidad de abrir el juego político hacia alternativas igualmente revolucionarias que logre preservar la unión del país, el fortalecimiento del sistema y la participación política del pueblo. Afortunadamente en este sentido se ha creado el Comando Político de la Revolución que según su director, Guillermo García Ponce, intentará “acabar con la ‘dispersión y el fraccionamiento’ que existía entre las personas que respaldan el proceso y al presidente Chávez; [y] organizar al pueblo para que participe en la gestión del Gobierno, la elevación del nivel político y el fortalecimiento de la conciencia ideológica a favor del proyecto de cambio.” (Unión Radio, 10 de enero de 2002) Asimismo, el maestro Isturiz en su discurso de juramentación al cargo de Ministerio de Educación, rescató la educación como el medio eficaz para combatir la “realidad marginal de nuestra política” (Patiño, 2002) y evitar así, que la institucionalidad se vaya al carajo.