Opinión Nacional

Avanza la revolución boliviana… ¿y la bolivariana?

(%=Image(3406659,»L»)%)Llama la atención que el país más pobre es el que ha logrado poner en marcha el más avanzado proceso revolucionario de Latinoamérica, que al tiempo de disminuir la pobreza, induce la integración de la población a la economía transfiriendo la propiedad de las empresas estatales en partes iguales al pueblo boliviano y a reconocidas empresas internacionales que garantizan su eficiencia.

El proceso de capitalización popular, que a los 7 años de creado se extiende a nuevas empresas de infraestructura, plantea un nuevo modelo de revolución institucional de profundo contenido ético y gran potencial de proyección regional, ausente de la palestra internacional por salirse de los cánones ideológicos convencionales.

Puesto que no es marxista y propone la armonía social, no goza de la simpatía de la izquierda europea que se siente poseedora de la franquicia revolucionaria fundada en la lucha de clases, sólo aplicable a terceros: «nosotros ponemos las ideas y ustedes los muertos».

Tampoco goza del apoyo del capitalismo ortodoxo, que prefiere la privatización pura y simple de las empresas estatales, sabiendo que al no existir ahorro nacional capaz de asumirlas, implicaría su total cesión a las transnacionales.

La pega que une a la nación
El 60% de los bolivianos pertenece a 3 etnias indígenas diferenciadas, el 25% es mestizo y el 15% europeo. El 75% vive en la pobreza. En 177 años de vida republicana, Bolivia sufrió 180 golpes de Estado. En esa sociedad fragmentada y de instituciones débiles, un original mecanismo de integración social, eficiente, equitativo y democrático, impulsa el salto del pre al post-capitalismo y el arduo ingreso a la modernidad.

En 1993 el candidato presidencial Gonzalo Sánchez de Losada triunfó con un programa denominado «Para Todos» que en lugar de privatizar las ineficientes empresas estatales que castigaban la economía, proponía asociarlas a empresas competentes – que debían aportar capital para su rescate – y a los ciudadanos, a través de sus fondos de pensiones. En 1994 emitió la Ley de Capitalización que puso en marcha el programa de transformación de las 6 principales empresas estatales: YPFB (hidrocarburos), ENDE (electricidad), ENFE (ferrocarriles), LAB (aerolínea), ENAF (acería) y ENTEL (telecomunicaciones) El 50% de las acciones se adjudica mediante licitación internacional a empresas de reconocida eficiencia mientras el otro 50% se cede al pueblo boliviano a través de un sistema de fondos de pensiones manejados por fideicomisos especializados de gestión global.

Pobres subsidiando a ricos

La participación popular en la propiedad resultó un aliciente a la inversión y un estímulo al mejoramiento y la rentabilidad de las empresas al orientar en tal sentido los incentivos de los políticos, dado que sus votantes son usuarios y accionistas de las mismas.

En las empresas de servicios públicos, la capitalización popular permite desenmascarar los subsidios regresivos y hacer más transparente su gestión. Caso típico es nuestro subsidio a la gasolina, estimado en 800 millones de dólares anuales, que favorece al 20% más rico de la población que posee vehículo, con extravagante proporción de «4×4» que prueba el estímulo al despilfarro. ¿Acaso persistiría tal aberración si todos los ciudadanos fueran accionistas de Pdvsa o sea, dolientes del derroche?

¿Cuál revolución?

Mientras los bolivianos encaran con fervor popular su gigantesco proyecto gasífero del Pacífico, nuestro zarandeado proyecto de Paria, largamente frenado por terquedades ideológicas, ofrece como gran concesión al mercado social la colocación en la Bolsa de un mísero 2% de las acciones. Tampoco el proyecto de privatización eléctrica refleja el pregonado sentido participativo de la revolución bolivariana. ¿O es que murió de mengua?

Tanto el chavismo —cuyo anacrónico prejuicio antimercado lo desliza fatalmente hacia el neoliberalismo — como los diseñadores del programa para un nuevo gobierno de unidad nacional, deberían tomar en cuenta la experiencia de un país hermano que en medio de infinitas dificultades logra estabilizarse alrededor de instituciones forjadoras de progreso colectivo cuyo norte es la eficiencia en la equidad.

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