Consideraciones en torno al “diálogo”

I.- En las actuales condiciones de la sociedad venezolana –que, como cualesquiera otras, están definidas, antes que por cualquier otra cosa, por elementos “objetivos” de esos que la mayoría de los teóricos políticos ha reconocido, desde antiguo, como básicos y fundamentales: entre otros, los rasgos y elementos constitutivos de la opinión pública y, por consiguiente, la correlación real existente entre las fuerzas enfrentadas en el debate/combate político-, el curso de la acción política debe guiarse, me parece, por algunas consideraciones básicas tales como las que aquí abajo resumo, organizando y repitiendo, de manera concisa, argumentos que ya han sido suficientemente desarrollados por otros.

I.1.- No existen, actualmente, posibilidades reales y factibles de lograr la “salida” del Gobierno Maduro-Cabello por vías “constitucionales” y “democráticas”. Es cierto que todos los instrumentos de análisis de la opinión pública y de la situación política señalan un muy alto índice de descontento popular frente a las ejecutorias del Gobierno; no menos cierto es, sin embargo, que también señalan que ese descontento no se traduce en la convicción de que sería “bueno” y aceptable lograr la “salida” de ese Gobierno por cualquier vía. Por el contrario, el rechazo a cualquier recurso de buscar “salidas” violentas, anti-democráticas y anti-constitucionales a la crisis que vivimos es una de las convicciones más profundamente arraigadas en la mente de amplios sectores de la sociedad venezolana, aún a pesar de sus muchas e inocultables carencias en cuanto a la formación y consolidación de una conciencia y una cultura verdadera y profundamente democráticas e institucionales.

I.2.- La búsqueda de solución de la crisis que consiste, en esencia, en el recurso a la violencia militar –es decir, un golpe de Estado-, ha sido, es y será siempre inaceptable, por tres razones básicas:

a) implicaría que el conjunto de la sociedad hiciera dejación de la principal de sus responsabilidades cívicas y ciudadanas: decidir quién debe gobernar, abandonándola en manos de un puñado de hombres por el mero hecho de que cuentan con las armas que esa misma sociedad les ha entregado;

b) la historia de Venezuela y de toda América Latina demuestran hasta la saciedad que esas supuestas “soluciones” –que no son otra cosa, en esencia, que el recurso al “hombre fuerte y providencial”, al “gendarme necesario”– no sólo son por completo falsas, sino que también enormemente perjudiciales, en tanto que casi siempre han conducido a la formación de regímenes autoritarios, violadores de las libertades políticas, y han resultado en estrepitosos fracasos que agravan y profundizan los terribles problemas políticos y culturales que desde siempre nos aquejan, hondamente arraigados en nuestras sociedades;

c) de hecho, el oprobioso régimen que hoy sufrimos los venezolanos es, en esencia, mayoritariamente militar (o “cívico-militar”, para decirlo en la hipócrita cháchara al uso, presuntamente “justificatoria”), y tiene su origen en dos golpes de Estado militares fracasados, en su momento apoyados por una caterva de “notables” enceguecidos por el empeño, digno de mejor causa, de venderle a la sociedad su nefasta quincallería anti-política, y luego secundados fervorosamente por “masas populares” seducidas por prédicas y prácticas autoritarias, populistas y clientelares.

I.3.- En consecuencia -hay que repetirlo enfáticamente cuantas veces sea necesario-, no hay “salidas rápidas” y “relancinas”, y no existen alternativas válidas –ni desde el punto de vista ético-político, ni desde el político práctico- a la opción de dedicarse a la ardua, larga, trabajosa y, a menudo, poco gratificante labor de la acción política, cultural, social y organizativa por construir una nueva mayoría.

II.- El Gobierno se ha visto obligado a reconocer, en la práctica, la existencia de una fuerza política -la oposición- cuya existencia hasta ayer negaba, o, en el “mejor” de los casos, reconocía, pero calificaba de “fascista”, “golpista”, “asesina”, “vendida al imperialismo”, etc., etc., etc. Obviamente, lo obligaron a ello la profundidad de la crisis social, económica y política, la extensión e intensidad de las protestas y, last but not least, la presión de sus “aliados” (chulos, mejor dicho) de UNASUR (no olvidar las declaraciones de ese cínico oportunista, Lula), obviamente preocupados por lo que mantener un apoyo acrítico a un régimen como el “madurista-cabellista» pueda significar en cuanto a costos políticos, tanto en sus propios países como en el escenario internacional.

III.- Por lo demás, y como también señalan todos los estudios de opinión, una muy amplia mayoría de la población considera que el debate político es un elemento no sólo deseable, sino hasta constitutivo y fundamental de la vida política democrática; y que, en la actual situación, no sólo es necesario, sino también urgente, perentorio e impostergable.

IV.- Por lo tanto, no aprovechar la oportunidad que se presenta para exponer las propias opiniones ante una enorme sociedad agudamente sensibilizada por los sucesos políticos actualmente en curso, resultaría en un comportamiento del todo “infantil”, en el sentido en el que hasta Lenin empleaba esa palabra para calificar actitudes supuestamente “puras”, pero, en realidad, “maximalistas” y, sobre todo, inefectivas. En particular, hubiera proporcionado argumentos al oficialismo para insistir con su prédica acerca de una oposición “irracional” y destructiva que se cierra al debate político y busca un golpe militar.

Más todavía: aún en el caso de que se considere -con muchas y muy buenas razones- que un “diálogo” con quienes actualmente ejercen funciones de gobierno conducirá necesariamente al fracaso, en tanto que no luce factible que se pueda lograr un «cambio radical» en la actitud del gobierno, mucho menos aún una transformación en lo que, para ser breve, podríamos llamar la “naturaleza» misma del régimen, siempre será aconsejable, bueno y, sobre todo, productivo colocarse en condiciones de achacarle ese fracaso al adversario; en especial, cuando de lo que se trata es de “conquistar” y ganarse la buena voluntad y el apoyo político de amplias capas de la población.

V.- Ahora bien: no soy, en ningún sentido, un adorador acrítico de la oposición venezolana; sus carencias, me parece, son muchas y evidentes, y, en diferentes casos, han resultado dañinas, por decir lo menos; sin embargo, las carencias del sector “radical” de la “oposición a la oposición” son aún mayores.

En efecto, en esta oportunidad, quienes hasta ahora se han negado a participar en el bendito “diálogo” no han dado, hasta el momento, argumentos suficientes al respecto, ni han sido capaces de proponer alternativas concretas dotadas de razonables expectativas de éxito. Ya he recordado cuán absolutamente inaceptable sería el recurso a la violencia golpista; y, en cuanto a la esperanza de conseguir la “renuncia” de Maduro mediante el recurso a “calentar la calle” y la protesta sostenida, luce completamente irreal e ilusoria.

Por otra parte, cuando aceptan tan siquiera hablar de “diálogo”, se limitan a poner unas condiciones previas tales que implican, a conciencia, la imposibilidad de cualquier negociación con el adversario: en particular, al colocar como premisas necesarias para la negociación condiciones similares a las que sólo puede conseguirse al final de una negociación, o, más aún, cuando una de las partes ha vencido en el combate político: es decir, como un ultimátum previo a una solicitud de rendición; o a repetir ad nauseam el manido argumento de que, al negociar, se contribuye a “lavarle la cara al enemigo” – cosa que, como debería ser evidente, podría decirse de toda y cualquier negociación, tanto de aquéllas en las que parece bueno y “justificado” participar (a la luz, por supuesto, de aquello que uno considera “bueno” y “justo”, bien sea para los propios intereses egoístas, bien sea para los de la sociedad en su conjunto), como de aquéllas en las que no lo parece. De haberse guiado por tan socorridos argumentos, los vietnamitas no hubieran debido sentarse nunca a negociar con Kissinger mientras los norteamericanos seguían bombardeando a Hanoi; hablando de nuestra historia, Bolívar no ha debido llevar a cabo las negociaciones con Morillo que culminaron con el tratado de Santa Ana para la “regularización de la guerra”, sino hasta después de haber logrado que las tropas españolas abandonaran los territorios que hoy ocupan Colombia y Venezuela: es decir, cuando ya no habría guerra…

En consecuencia -hay que repetirlo enfáticamente una vez más y cuantas veces sea necesario-, no hay “salidas rápidas” y “relancinas”, y no existen alternativas válidas a la opción de dedicarse a la ardua, larga, trabajosa y a menudo poco gratificante labor de la acción política por construir una nueva mayoría.

VI.- Tal vez sea aconsejable, para evitar posibles malos entendidos, precisar rápidamente algunas convicciones básicas acerca de la protesta social y política, y algunas opiniones acerca de las llamadas “guarimbas”. En este punto deberé emplear, de nuevo, argumentos ya dichos por muchos otros, y ya ampliamente convencidos; pero siempre es bueno repetirlos.

VI.1.- El libre ejercicio del derecho a la protesta social y política es, valga la redundancia, un derecho cívico y político fundamental, que no el resultado de alguna concesión de algún régimen, sea el que fuere. En consecuencia, es irrenunciable y no está sujeto al arbitrio de ningún gobierno.

VI.2.- En la crítica situación venezolana actual, las protestas políticas y sociales están por demás justificadas por la profunda crisis social, económica, política, cultural y ética que vive el país, como en ninguna época posterior a Enero de 1958. Es más: han sido –en particular, aquellas protagonizadas por jóvenes y estudiantes- un elemento altamente valioso del combate político democrático que ha marcado, por su mera acción y presencia, un punto de inflexión en la reciente historia política venezolana y en el combate por la reconquista de la democracia, y como tal debe ser valorado. No creo aventurado sostener que han contribuido decisivamente a la demarcación de una cesura entre el régimen e importantes sectores de la sociedad que difícilmente podrá ser superada, en un futuro previsible, por las prédicas y prácticas populistas y clientelares de la camarilla oficial.

VI.3.- Las dimensiones, la intensidad, la extensión y la permanencia temporal de tales protestas demuestran a las claras que éstas han sido y son, en lo fundamental, espontáneas, y no responden a intereses bastardos interesados a crear artificialmente un ambiente crispado cuya única “salida” posible sea la agravación de la crisis que conduzca a un golpe militar, como lo pretenden los más conspicuos voceros del Gobierno. En efecto, no existe, en la oposición venezolana, organización política alguna que disponga actualmente ni de la organización ni de la influencia suficiente como para generar tales efectos.

VI.4.- La respuesta del gobierno ante la protesta legítima ha sido por demás desmesurada, brutal y abiertamente inconstitucional. Ha estado marcada, entre otras cosas, por el empleo de las fuerzas represivas, tanto militares como policiales, y de grupos fascistas para-estatales –obviamente organizados, dirigidos, equipados, protegidos y encubiertos por el gobierno, sin cuya complicidad no podrían ni siquiera existir-, en actos criminales tales como asesinatos de manifestantes, torturas físicas y psicológicas de detenidos, suficientemente identificadas y denunciadas tanto por las víctimas como por diversas organizaciones sociales, y el empleo de armas largas y gases tóxicos en el control de manifestaciones, en abierta violación a los derechos humanos y de las convenciones internacionales.

VI.5.- Por lo tanto, resulta vital para la salud ética, política y cultural de la sociedad venezolana que tales desaguisados sigan siendo denunciados como lo merecen, tanto en el escenario político nacional como en el internacional, y que no sean echados al olvido y relegados a una especie de limbo político, como ocurrió en el caso de los asesinados durante los sucesos del 11 de Abril.

Ello implica, en particular, la conformación de una “comisión de la verdad” suficientemente independiente como para que pueda poner el claro la verdad de los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes, y, por consiguiente, los responsables de los crímenes reciban prontamente el severo castigo que merecen. En este sentido, no es aceptable que tal comisión pueda estar integrada, y mucho menos dirigida, por actores políticos de quienes buena parte de la sociedad venezolana sospecha, con suficientes razones, que son cómplices en tales hechos criminales.

VI.6- En cuanto a las llamadas “guarimbas” violentas –en tanto que actos claramente distintos de las legítimas protestas pacíficas-, no es necesario disponer de mucho acumen político como para afirmar, sin temor a equivocarnos demasiado, que son expresiones minoritarias de algo similar a la desesperación política –bastante explicable, por lo demás-, en buena medida anárquicas, y que no ayudan, sino que, por el contrario, dificultan y obstaculizan el esfuerzo por ganar políticamente a la mayoría de la población, tanto porque la afectan negativamente, como porque (y por ello mismo) facilitan el discurso político oficial, proporcionándole argumentos y pretextos para su acción.

VI.7.- Resulta a todas luces evidente que la actividad política oposicionista deberá nutrirse, en el futuro inmediato y a más largo plazo, de las protestas políticas y sociales; al mismo tiempo, deberá ser capaz de vincularlas orgánicamente con las necesidades y los reclamos de los sectores populares, tanto “chavistas” ya desilusionados y “desencantados” (y/ó en proceso de desilusión y “desengaño”), como sectores intermedios –los llamados “ni-ni”-, que, según los datos de los que se dispone, siguen siendo importantes. Sin ello resultará literalmente imposible llevar a buen término la tarea varias veces enunciada: conformar una nueva mayoría.

VII.- En todo caso, cuando “alguien” (sea un sector social, un “frente», un partido político, un gremio o cualquier otra organización social, un individuo, o lo que fuere) decide participar en una negociación política (la que fuere) debe plantearse y tener muy en cuenta, entre otras, cosas como las siguientes:

VII.1.- Cuáles son los propios objetivos al aceptar participar en tal negociación: es decir, qué se pretende alcanzar y lograr, tanto a corto como a mediano y largo plazo. (En cuanto a esto, sirva decir que estoy convencido de que nadie en la MUD será lo suficientemente necio como para chuparse el dedo creyendo que, como queda dicho arriba, se pueda lograr un «cambio radical» en la actitud del gobierno, mucho menos una transformación en lo que, para ser breve, podríamos llamar la “naturaleza» misma del régimen).

VII.2.- Un análisis de costos y beneficios; en particular, el costo que puede tener, de cara al conjunto de la sociedad, aparecer como la fuerza política que se niega al diálogo. En todo caso, como también queda dicho arriba, si uno está convencido de que una negociación política está destinada al fracaso -sobre todo, cuando está convencido de ello-, siempre será aconsejable, bueno y, sobre todo, productivo colocarse en condiciones de poder achacarle ese fracaso al adversario; en especial, cuando de lo que se trata es de “conquistar” y ganarse la voluntad de amplias capas de la población.

VII.3.- No hacerse falsas ilusiones respecto a ninguna negociación, no sólo en cuanto a no embobarse esperando resultados que, de por sí, y bajo cualquier análisis, resultan a todas luces inalcanzables, sino también, y sobre todo, no creyendo que algún proceso de negociación pueda sustituir al conjunto de la lucha política.

VII.4.- Tener bien presentes los “ritmos” y los “tempos” de esa negociación, y de sus posibles avances, así como, por el contrario, de su (posible o probable o hasta seguro) fracaso, y ser capaces de integrarlos, junto con los otros elementos del debate político, en la dinámica de la acción política por construir una nueva mayoría.

VII.5.- En el (posible o probable o hasta seguro) caso del (posible o probable o hasta seguro) fracaso de ésta o cualquier otra negociación, tener a mano una alternativa de acción política bien diseñada y efectiva.

En la opinión de quien escribe, estos asuntos y temas, y otros como ésos, deben formar parte del conjunto de consideraciones a tomar en cuenta cuando se considera una negociación (la que sea) en el contexto de una situación política tan compleja y difícil como ésta que vivimos.