Corrupción roja
El gobierno de Nicolás Maduro, imitando la maniobra del delincuente que para evitar ser capturado grita «allá va el ladrón», ha iniciado una supuesta cruzada contra la corrupción que solo tiene como finalidad acentuar la persecución a la disidencia política. Se trata de una acción desesperada, ejecutada por un régimen que se sabe débil e ilegitimo.
Durante los últimos 14 años no ha existido voluntad política para castigar el saqueo del patrimonio público. Los casos de Walid Makled, Antonini Wilson, las empresas de maletín que acabaron con los dólares de Cadivi, «Pudreval» y Fondo Chino, entre muchos otros, han quedado en la casi total impunidad. Ninguno de los peces gordos involucrados ha sido sancionado.
La falta de instrumentos legales en la materia no puede ser la excusa. Desde el año 2003 se encuentra vigente en nuestro país la Ley Contra la Corrupción, la cual derogó a la anterior Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. Sobran los delitos tipificados, el problema es que las instituciones del sistema de justicia, todas controladas por el oficialismo, solo sirven para sostener el proyecto político de los que hoy se encuentran enchufados en el poder. Mientras tanto, los «boliburgueses» siguen impunemente llenándose los bolsillos con el dinero de todos los venezolanos.
La sesión de pasado martes en la Asamblea Nacional pasará a la historia como uno de los capítulos más bochornosos del parlamentarismo venezolano. Los diputados oficialistas utilizaron un discurso lleno de odio y palabras escatológicas, en medio de un indigno debate que no se merece la Venezuela decente. La homofobia de algunos legisladores que se autodefinen como socialistas también salió a relucir.
Este tipo de espectáculos no van a desviar la atención sobre los graves problemas económicos y sociales que sufre el país. Tampoco servirán para amedrentar a los representantes de la alternativa democrática. El gobierno de Maduro sigue palo abajo y sin brújula.
Twitter: @luisizquiel
