Discurso de Orden con ocasión de la conmemoración del 183º aniversario de la batalla de Carabobo

Discurso de Orden en la sesión solemne conjunta de la Gobernación y el Consejo Legislativo del Estado Zulia con ocasión de la conmemoración del 183º aniversario de la batalla de Carabobo,día del Ejército venezolano.

Un 24 de junio como hoy, hace ciento ochenta y tres años, en una pequeña sabana cercana a Valencia llamada Carabobo, diez mil hombres trabaron combate y entraron en batalla campal. De un lado, estaban los que obedecían las órdenes del Mariscal de Campo Miguel de la Torre. Del otro, los que peleaban bajo las ordenes del General en Jefe Simón Bolívar.

Vencieron los que luchaban por todo lo que significaba la bandera tricolor de una república que, diez años antes, había decidido hacerse independiente, y había aprobado la primera Constitución del mundo hispánico, para organizar el ejercicio de su soberanía y regular la vida libre de sus ciudadanos.

Esa victoria, decisiva para la liberación de Valencia, Caracas y la zona central de Venezuela, le permitió a Simón Bolívar llegar a los valles donde estaban las tierras que él y sus antepasados habían trabajado desde hacía tres siglos y regresar a la casa de Caracas donde había nacido y la cual, había tenido que abandonar en junio de 1814, ante el avance arrollador de la horda salvaje capitaneada por Boves y Morales, cuya predica de odio racial y pillaje había capturado la voluntad bárbara e ignorante de quienes les seguían.

La batalla de Carabobo se conmemora como el día del Ejército que allí venció. No voy a hablar de las glorias pasadas de ese Ejército. Voy a hablar de sus miserias presentes. Voy a hablar del estado en el que se encuentra hoy, el Ejército vencedor de Carabobo, que se dice forjador de libertades, tras cinco años de gobierno del primer militar que tuvo la honra de ser elegido por el voto popular, presidente de la República; y hoy tiene que cargar con la vergüenza de ser el primer Jefe de Estado de Venezuela y del mundo que será sometido a referéndum revocatorio de su mandato, eso…. por la voluntad y el coraje cívico de tres millones y medio de ciudadanos que lo solicitaron abiertamente, con sus firmas, muchos de los cuales han sido víctimas de miserables represalias.

El pasado 16 de mayo, el Presidente Hugo Chávez pronunció un discurso muy importante, que tiene mucho que ver con el Ejército cuyo día se conmemora. Lo pronunció ante una multitud formada por activistas mercenarios, que han ocupado el casco histórico de Caracas; donde están los edificios de los poderes públicos nacionales, la plaza donde fue ajusticiado en 1799 José María España y las Iglesias que fueron lugares de tanta historia, como la Catedral de donde el gobernador y Capitán General Vicente Emparan fue sacado un día de abril de 1810 para que acudiera al Cabildo; y la Iglesia de San Francisco donde un día de 1813 se le dio a Simón Bolívar, el título de Libertador.

Esa zona de la capital de la República, está hoy ocupada por seguidores del Presidente que agreden con absoluta impunidad, a quien sepan adversa al gobierno. Allí están las calles y las casas en las cuales nacieron Francisco de Miranda, Andrés Bello, Francisco Javier Ustáriz, Simón Bolívar y tantos mas. Esa zona ha sido convertida en un antro sucio, maloliente y asqueroso, ocupado por una chusma mercenaria pagada desde 1999 por la Alcaldía del Municipio Libertador para que estén prestos en cualquier momento y piten, insulten y agredan; o aplaudan y asistan a las manifestaciones a las cuales sean convocados.

Esos mercenarios, eran una parte importante y vociferante de la multitud que se congregó el pasado 16 de mayo en la Avenida Bolívar, reforzados para esa ocasión, por miles de hombres y mujeres traídos y atraídos por el pago que se les dio, desde los cuatro puntos cardinales de Venezuela, transportados en un mil ciento catorce autobuses, (hubo quien los contó) para que fueran filmados y fotografiados como prueba de la popularidad de un presidente a quien no le quedan muchos días para someterse a la verdadera prueba de un referéndum revocatorio.

El Consejo de Defensa de la Nación es convocado

Ante esa multitud amaestrada a seguir los llamados de su bien timbrada voz, el Presidente Chávez, en cadena nacional de radio y televisión, anunció que «la revolución bolivariana, después de cinco años y tres meses de gobierno, había entrado en una etapa anti-imperialista” y que esa etapa, obligaba a unas acciones que se manifestaban en tres líneas estratégicas que habían sido el fruto de los grupos de trabajo del Consejo de Defensa de la Nación.

El artículo 323 de la Constitución, que creó el Consejo de Defensa de la Nación dispone que este cuerpo sea presidido por el propio Jefe del Estado, y esté formado por el vicepresidente ejecutivo, el Presidente de la Asamblea Legislativa, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente del Consejo Moral Republicano y los Ministros de la Defensa, Seguridad Interior, Relaciones Exteriores y Planificación.

Según el artículo 323, el Consejo de Defensa de la Nación es el máximo organismo de consulta para el asesoramiento y planificación de todos los asuntos relacionados con la ‘defensa integral’ de la Nación y es a quien corresponde “establecer el concepto estratégico de la Nación”. Una Ley que no ha sido propuesta, debe fijar su organización y atribuciones.

Los conceptos de la “Seguridad de la Nación” y la “defensa integral de la Nación” son parte fundamental de la normativa del título VII de la Constitución, relativo a la “Seguridad de la Nación”.

Los conceptos de “Seguridad” y “Defensa integral” no tienen antecedente en la tradición constitucional venezolana; no están en el texto de ninguna Constitución democrática del mundo, pero son la piedra angular de un modelo sui generis de autocracia militarista que según la letra de la Constitución ‘bolivariana’ tiene facultades para actuar como poder tutelar y rector de todos los poderes del Estado.

El Consejo de Defensa de la Nación, había sido convocado por primera vez unos días antes, con carácter de urgencia debido a la alegada ‘invasión’ de un centenar de supuestos paramilitares colombianos, hallados casualmente por unos policías de Baruta, a quienes les llamó la atención los uniformes militares de camuflaje que vestían los pasajeros de un autobús civil, los cuales fueron sorprendidos mientras comían cachitos de jamón de la afamada pastelería “Danubio” sin que se les encontrara arma alguna.

Como preámbulo del anuncio de las tres líneas estratégicas, que serían la última expresión de la fase de “profundización, y consolidación de la revolución en su etapa anti-imperalista” Chávez ordenó a los alcaldes y gobernadores presentes en esa concentración, que expropiaran tierras “Constitución en mano”…

“…nosotros estamos obligados a derrotar el latifundio, que sigue intacto en Venezuela” -dijo- “ello está escrito en la Constitución, está ordenado por el pueblo y a nosotros no nos queda otra alternativa que cumplir la orden del pueblo.” “Estamos obligados, cueste lo que cueste a cumplirla.” “No podemos nosotros permitir que nos vaya absorbiendo un espíritu conservador, la media tinta, el guabineo. No. O somos o no somos, he allí un asunto crucial.”

Tras esto, Chávez dijo que la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, -que acababa de ser aprobada- sería activada inmediatamente, porque “no se había aprobado para archivarla, sino para que se cumpliera”. Dijo que en ese alto tribunal había un cáncer…

“si nosotros no extirpamos ese cáncer que está carcomiendo las estructuras del Poder Judicial, mañana o pasado mañana la República Bolivariana entraría en pérdida como un avión cuando entra en torbellino.” Seguidamente dijo: “sólo así podemos liberarnos de las ataduras que a veces parecieran asfixiarnos en la batalla contra el latifundio. Porque en algunas partes del país hemos entregado cartas agrarias que luego son desconocidas por tribunales regionales o locales, que impiden a los campesinos ocupar las tierras; vean ustedes hasta donde es importante profundizar de ahora en adelante la aplicación de la Constitución, de las leyes y en resumen del Proyecto Revolucionario.”

Las tres líneas estratégicas

Con este preámbulo, Chávez pasó a explicar las tres líneas estratégicas de la nueva etapa anti-imperialista de la revolución, que según dijo habían sido producto del Consejo de Defensa de la Nación, convocado de urgencia por la invasión de los paramilitares, diciendo:

“Llegó la hora de revolucionar la seguridad y la defensa nacional. Llegó la hora de reconceptualizar y reorientar; hemos hecho algunas cosas pero limitadas todas ellas, todavía a veces amarrado por los viejos conceptos.”

Chávez anunció que la primera línea estratégica de la defensa nacional que la fase anti-imperialista de la revolución era el ‘fortalecimiento’ del componente militar.

Advirtiendo que ello no era el inicio de una carrera armamentista, anunció que incrementaría el contingente del Ejército, para lo cual dijo haber asignado más de 20 mil millones de bolívares para el Ejército y la Guardia Nacional. Dijo que desde hacía dos años se estaban reparando tanques de guerra, aviones, helicópteros, submarinos, lanchas, vehículos, fusiles, camiones, ametralladoras, y… solo si fuese necesario… se estaba evaluando, la compra de nuevo material de guerra.

Además de esto, anunció la posibilidad de instalar teatros de operaciones militares en la región central del país, para hacerle frente a la invasión de los paramilitares hallados desarmados, comiendo cachitos de jamón.

La segunda línea estratégica, tampoco era nada nuevo. Era la repetición de la práctica de lo que desde 1999 se viene llamando la ‘unión cívico-militar’ y que consiste en la ocupación de cargos en la administración pública y en las empresas del Estado por militares activos; la atribución de facto a los comandantes de guarnición de funciones de tutoría y vigilancia de las gobernaciones; y los programas de venta de víveres subsidiados por oficiales y soldados en plazas públicas. Chávez dijo que esa unión había adelantado mucho en los cinco años que llevaba gobernando, pero que, en la fase anti-imperialista en la cual ahora había entrado la revolución bolivariana, era necesario continuarla y acentuarla. Estas fueron sus palabras:
“Compete a ustedes gobernadoras, gobernadoras, alcaldes, comandantes militares de todos los grados y rangos” -dijo- “seguir trabajando en la unión cívico-militar; entre los comandantes de las guarniciones y los gobernadores, los alcaldes, y los jefes de batallones.”
Dicho esto, Chávez pasó a definir la tercera línea estratégica que según dijo “toca la médula del concepto de la defensa integral”.

¿Cuál es ese concepto? ¿En qué consiste? ¿A qué autoriza? Responder a estas preguntas no es fácil, porque esta es otra de las trampas semánticas de la Constitución bolivariana, quizás la más peligrosa de todas.

La doctrina de la Seguridad Nacional

La idea o doctrina de la Seguridad de la Nación no tiene precedente en ninguna de las Constituciones venezolanas. Tampoco está definida en el artículo 322. Allí sólo dice se dice que la Seguridad de la Nación es ‘competencia esencial y responsabilidad del Estado’. Veamos con cuidado la letra de este artículo:
“Artículo 322: La seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de esta y su defensa es responsabilidad de los venezolanas y venezolanos; también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional”.

¿Desarrollo integral de la seguridad? ¿Qué significa eso? ¿Defensa de que? ¿De la Nación? ¿De su seguridad? El artículo 323 dice que es al Consejo de Defensa de la Nación a quien le corresponde definir el concepto estratégico de la defensa de la Nación. El artículo 326 dice que la Seguridad de la Nación se fundamenta en la “corresponsabilidad del Estado y la Sociedad Civil”.

Este enredo -cuando menos- subvierte el principio constitucional básico de lo que son y deben ser las cargas del Estado, una de las cuales es el mantenimiento del orden y la defensa de la integridad territorial de la República. A pesar de la redacción deliberada-mente confusa de estos artículos, y hasta por eso mismo, se puede deducir que la defensa nacional deja de ser, o no es de la competencia exclusiva del Estado pues su responsabili-dad pasa a ser compartida con los ciudadanos que pasan de protegidos pasivos a protecto-res activos. Esto lleva a la necesidad de asignarles a los ciudadanos los medios y las armas para cumplir la parte que les corresponde en la responsabilidad que comparten de la de-fensa nacional.

Por esa tortuosa vía, se llega a la justificación aparentemente legal y constitucional de la creación de las ‘milicias populares’. Por su carácter y formación, las milicias populares no están ni pueden estar sometidas ni integradas a la cadena de mando de la autoridad militar del Ejército, en forma disciplinada, obediente y militarmente subordinada, sino que obedecerán al mando del Jefe o de los Jefes de quienes serán ejército particular.

Por la interpretación que de los conceptos de Seguridad Nacional y Defensa Integral hizo en Presidente ese día, quedó claro que el propósito y razón para la creación de las milicias populares es la defensa de la llamada revolución bolivariana.

Esto constituye una brutal regresión histórica, un peligroso salto atrás y una invitación al caos y la anarquía. Y esto fue lo que Chávez anunció y ordenó, como lo vamos a ver.

Ahora se puede ver claro, lo que yo y otros constituyentes advertimos en 1999, que el concepto de seguridad de la Nación era una norma constitucional peligrosa antidemocrá-tica y deliberadamente confusa que podía ser interpretada y practicada como lo hizo Hugo Chávez el 16 de mayo pasado.

En la concentración popular del pasado 16 de mayo, Hugo Chávez reveló, por primera vez, cual era su lectura interpretativa del Título VII de la Constitución. Lo expuso como el fundamento constitucional de la creación de las milicias populares que deberán defender la revolución de sus enemigos. Estas fueron las palabras textuales del Presidente, que deben ser leídas con mucho cuidado:

“…es la primera vez que yo invito a leer el título séptimo de la Constitución. Yo quiero que ustedes interpreten el significado y capten el significado de este llamado. Yo en cinco años que tiene la Constitución, los he invitado a leer el capítulo del sistema socioeconómico, de los derechos humanos, de la democracia protagoniza y todo eso. Pero hoy 16 de mayo de 2004 es la primera vez que yo los invito a ustedes, mi pueblo, a ustedes gobernadores, alcaldes, líderes, diputados, líderes de partidos, militares, a que leamos el título séptimo que se llama De la Seguridad de la Nación, para que captemos, primero que nada, el concepto constitucional de lo que es la defensa integral de la nación, de lo que es la seguridad integral de la nación y cómo estos dos conceptos están intrínsecamente relacionados: la seguridad, la defensa nacional. Y para que veamos cómo la Constitución dice que la seguridad y la defensa integral del país es una responsabilidad compartida del Estado y de la sociedad, del gobierno y del pueblo, de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. Por eso es que hoy lanzo, basándome en el mandato constitucional, el concepto de la defensa nacional popular integral”

Chávez continuó diciendo que se habían dado algunos primeros pasos en este camino, organizando la reserva militar. Pero eso no era suficiente. Dijo que el Ejército Nacional ya cuenta con una fuerza de reserva cercana los cincuenta mil hombres y anunció que se pasaría a una segunda etapa rumbo a los cien mil hombres y mujeres, pero que eso tampoco basta. Sus palabras textuales fueron estas:

“Se trata ahora de la incorporación masiva del pueblo venezolano a la defensa integral del territorio, en todas partes. Para ello, cada ciudadano debe considerarse un soldado; cada ciudadana debe considerarse una soldada ¿dónde están las soldadas? ¿dónde están los soldados? -pregunto a la multitud que respondió ¡aquí! ¡aquí!- Todos debemos incorporarnos en esta nueva etapa a este concepto de defensa integral y popular de la nación, conjuntamente con nuestra Fuerza Armada y apoyados por nuestra Fuerza Armada.”
Para comandar esas milicias populares, y las fuerzas de reserva que fueron mencionadas como parte de las milicias populares, Chávez anunció que había comenzado a seleccionar militares profesionales retirados; para que… (palabras textuales)…

“se incorporen en las tareas de la organización popular para la defensa del país, en cada barrio, en cada quebrada, en cada isla, en cada campo, en cada universidad, en cada fábrica, en cada selva, en cada lugar donde haya un grupo de patriotas ahí deben estar organizándose para la defensa territorial, para la defensa nacional. ¡El pueblo protagonizando junto a la Fuerza Armada, la defensa del país!»
Chávez dijo que en las próximas semanas, ¡eso si! con la asesoría del Consejo de Defensa de la Nación, como manda la Constitución, comenzaría a dar directrices y lineamientos, para formar las milicias populares. Para ello pidió el apoyo de los poderes locales, de los movimientos sociales, de las corrientes populares que lo apoyan…

“Luego de esa organización popular para la defensa nacional, para apoyarla iremos designando unidades militares, militares activos, reservistas y por eso llamo en primer lugar a hombres como Reyes Reyes, Castro Soteldo, Otayza Castillo, Diosdado Cabello, Jesse Chacón, Grüber Odremán, Cabrera Aguirre, Blanco La Cruz, Aguilarte Gámez, Florencio Porras»,
De último, mencionó al Capitán Pedro Carreño, quien como Diputado de la Asamblea Nacional comandaría el pelotón en la Asamblea Nacional a la cual se incorporaría a la comandante ‘fosforito’.

En ese momento, el Presidente dijo haberse percatado de la presencia del Ministro de la Defensa, y dijo…

¡Ah! con nosotros está el General en Jefe García Carneiro! ¡no lo había visto! Pido un aplauso para él, compañero de muchos años. Pido una ovación para la Fuerza Armada Republicana. ¡Viva la Fuerza Armada venezolana! ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Viva la unión cívico militar! Esto último que he dicho es la orden de operaciones, ¡está dada la orden de operaciones! ¡Que comience pues desde hoy mismo la organización popular y militar para la resistencia, para la defensa del país porque esta revolución seguirá avanzando a paso de vencedores…”

En público, en cadena nacional de radio y televisión, el Presidente le dio al Ministro de la Defensa, la orden de operaciones, para iniciar, ese mismo día, la organización popular y militar para la resistencia, para la defensa de la revolución.

El Presidente concluyó su discurso, invocando al Comandante en Jefe Cristo redentor, crucificado y resucitado.

La destrucción del Ejército

Para el exámen de la situación en la cual está el Ejército de Venezuela este 24 de junio del año 2004, propongo como hipótesis que el Ejercito de Venezuela, el cual en 1998 era profesional, apolítico, obediente y no deliberante; estaba al servicio del Estado y de sus Instituciones, y no de una persona o un partido; tenía un adecuado apresto militar para cumplir con su función disuasiva y su papel de garante de la integridad territorial, y el cual objetivamente existía en 1998 cuando el teniente coronel Hugo Chávez fue elegido.

Lo que de el queda, está siendo y será desmantelado y reemplazado por un modelo de Ejército adecuado a la interpretación que el Presidente hizo de lo que entiende es la ‘seguridad nacional’ y la ‘defensa integral’ anunciado en el discurso del pasado 16 de mayo, y que es –según Chávez- la base constitucional para la creación de ‘milicias populares’.

El objetivo final de la transformación que se ha hecho y se anuncia se hará del Ejército de Venezuela, es crear milicias populares para imponer un régimen militarista-populista que Chávez sostiene está implícito en el Capítulo VII de la Constitución.

Lo está. En 1999 fue advertido por mi que así era y así sería. El carácter antidemocrático del articulado del título VII, no solo fue protestado en 1999 por mi y por los constituyentes Brewer, Fermín y Franceschi, sino por el constituyente Hermann Escarrá quien a pesar de que era el supremo sacerdote de la confección de la Constitución ‘bolivariana’, salvó su voto sobre el Título VII, por las mismas razones alegadas por nosotros.

La interpretación que del articulado del Título VII hizo el Presidente, sostiene que la Constitución lo autoriza a crear unas Fuerzas Armadas inorgánicas, invertebradas, al servicio de su persona y su parcialidad política; formado por milicias populares, cuyo objetivo explícito es ‘defender la revolución’ con armas de sus enemigos, los venezolanos que la adversen y que son calificados y en ahora enjuiciados por ultraje a las Fuerzas Armadas y traición a la patria.

El hecho de que semejante cosa hubiera sido el producto de los ‘grupos de trabajo’ del Consejo de Defensa de la Nación y que uno de sus miembros sea el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia parecería garantizarle una interpretación de la letra del Titulo VII de la Constitución cónsona con la interpretación que el Jefe del poder Ejecutivo y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas le da.

Un primer resultado de esto es que hoy tenemos un nuevo Ejército, incapaz de cumplir con su función primordial de defender la integridad territorial, a punto de ser totalmente desmantelado. Por lo que el Presidente ha dicho, ha hecho y anuncia hará, ese Ejército, ya no será forjador sino destructor de libertades. Estará enfrentado y verá como sus enemigos a los venezolanos que se opongan a semejante desatino y se vera obligado a matar y a morir por ello.

Como muestra de esta corriente, vemos, como se trata hoy a los Generales Rosendo y Usón, a quienes se les acusa de ultraje a las Fuerzas Armadas por haber dicho la verdad; y a líderes de la sociedad civil y democrática, como María Corina Machado y Alejandro Plaz, a quienes se les acusa de ser enemigos del pueblo y traidores a la patria por el delito de haber recogido y sistematizado las firmas que solicitaron el referéndum revocatorio de Chávez, lo cual hizo que las trampas y atropellos con las cuales se quiso invalidarlas, fracasaran.

Una pregunta que debemos hacernos hoy los venezolanos, en esta fecha aniversaria del Ejército, es si objetivamente lo que se ha hecho y lo que se anuncia se hará, significa un paso de avance o es un retroceso involutivo hacia estadios de la historia formativa del Ejercito que triunfó en Carabobo, y que se creía habían sido superados.

La hipótesis que propongo sea examinada para ser demostrada, con toda la contundencia que el caso amerita, es que todo lo que se ha hecho y todo lo ha sido ratificado y anunciado por el Presidente en las llamadas tres líneas estratégicas, que dice han sido producidas por el Consejo de Defensa de la Nación, lleva a la destrucción y al regreso del Ejército de Venezuela a lo que era en el siglo XIX: el Ejercito del Partido, con la diferencia que en el siglo XXI de acuerdo a la doctrina de la Seguridad Nacional, será el Partido del Ejército.

Por lo pronto tenemos que la ‘primera línea estratégica’ de la ‘nueva etapa anti-imperialista de la revolución bolivariana’ anunciada por el Presidente, reconoce que el material de guerra que hoy posee el Ejército, sólo se reparará; pero que no se renovará el gastado o deteriorado; anuncia que se incorporarán cincuenta mil reservistas que se agregarán a los cincuenta mil que dice han sido incorporados, sin que halla sido aclarado cual es el status de obediencia, disciplina y subordinación de estos reservistas en relación a la cadena de mando militar existente; ofrece que el contingente del Ejercito y la Guardia Nacional será aumentado, para lo cual señala una suma global y de paso, amenaza con la creación de ‘teatros de operaciones’ en el centro del país, para ‘hacerle frente a invasiones’ como la que dice se ha producido y cuya veracidad está por demostrarse, pero que en cualquier caso -farsa, verdad o media mentira- significarían la virtual suspensión de las garantías constitucionales para el ejercicio de libertades en esos teatros de operaciones, cuando menos, la libertad de tránsito.

Todo lo que está implícito en la ‘segunda línea estratégica’ que anuncia la acentuación de la doctrina de la ‘unión civico-militar’ es el aumento de la militarización del Estado en todos sus niveles y ramas, por la ocupación por militares activos, de más y más cargos en la administración publica, los institutos autónomos y las empresas del Estado, de manera simultánea con su cargo y autoridad militar.

Todo lo que se anuncia como la ‘tercera línea estratégica’ lleva a la creación de milicias populares, separadas y desarticuladas de las fuerzas armadas, creadas para combatir a los enemigos -reales o imaginarios- de su revolución, obedientes a su persona y a los mandos de los militares retirados de su partido, el militarista MBR-200.

Veamos cuándo, cómo y quién propuso el articulado del Título VII de la Constitución.

La doctrina Chavista de seguridad y defensa

La Constitución ‘Bolivariana’ de 1999 tiene un admirable catálogo de derechos humanos. Pero lo que establece en el Título VII sobre la ‘Seguridad de la Nación’ es un cáncer maligno y mortal que plantea la posibilidad que esa Constitución sea la base de una gobierno que no pueda, con propiedad, llamarse ‘democrático’ pues estará sometido al tutelaje militar.

Las adulteraciones y desviaciones que se producen con la prestidigitación y el manejo artero de los conceptos abstractos de ‘seguridad’ ‘defensa’ y ‘fuerza armada’ se hacen posibles, cuando se aíslan conceptualmente los componentes orgánicos de lo que es una unidad viva e indivisible.

Me explico: Cuando se le hace la autopsia a un cadáver, sus órganos, pueden ser aislados para estudiar y entender sus funciones y determinar la causa de su enfermedad y muerte. Pero los órganos vitales de un cuerpo vivo no actúan aislados; y la salud de uno no es la salud de todos. Sin embargo, la enfermedad de uno, lleva a la muerte de todos.

Lo que es claro en la categoría orgánica de la anatomía humana, puede aplicarse a las abstracciones que se manejan para construir el orden constitucional de un Estado con intenciones distintas a las que se proclaman.

La manipulación de las ideas y conceptos de seguridad y defensa, produce sofismas. El más viejo y mejor conocido de todos, es el sofisma que parte de la idea de la necesaria subordinación de la salud de todos los órganos vitales del Estado al bienestar de uno de ellos. Con ello se justifica la subordinación de los derechos individuales reales a un derecho colectivo abstracto que tiene un solo interprete que se abroga su representación.

En el siglo XVIII, este fue el camino argumental de las desviaciones de la revolución francesa hacia la democracia jacobina, que partían de una mala interpretación de lo que Rousseau argumentó para proponer la idea de la ‘volonté generale.’ A ella se emparentó el pensamiento de Hegel. Y todo eso llevó a la justificación de los Estados totalitarios del siglo XX.

Aislar el concepto de la seguridad y la defensa de su organicidad social, es el primer paso dialéctico para justificar la subordinación de toda la sociedad y de todas instituciones del Estado a la interpretación que de las necesidades de seguridad y defensa haga el Jefe Supremo.

Ese fue el paso previo para la construcción de un sofisma constitucional justificatorio de la tutela militarista de una tiranía populista que es a lo que lleva el Título VI de la Constitución llamada ‘bolivariana’.

Su primera consecuencia es la desviación y destrucción de las funciones y responsabilidades defensivas de las Fuerzas Armadas y su conversión en el brazo armado de quien ha sido ungido como el supremo intérprete de las necesidades de seguridad y defensa. Su ultima consecuencia es la total inseguridad, y la indefensión de los individuos y sus derechos, frente al Estado.

La Constitución de 1999 fue el producto de proposiciones incompatibles y contradictorias. De allí su inorganicidad implosiva. Por un lado, constitucionalistas como Ricardo Combellas y Hermann Escarrá, llevaron proposiciones que se materialiaron en los avanzados y loables artículos relativos a la democracia participativa, entre las cuales esta el principio de la revocabilidad de todo mandato electoral por medio de referéndum popular.

Por otro lado estaban las proposiciones militaristas de Chávez que se manifestaron en el Titulo VII de la Constitución. En 1999 el Comandante Chávez propuso en su proyecto de “Constitución Bolivariana” que…
“La Seguridad y Defensa de la nación es función trascendental del Estado y participa en ella todo el pueblo venezolano”
En el siguiente artículo establecía como…
“obligación del Presidente de la República, defender los intereses supremos de la Nación adoptando las medidas necesarias para asegurar la Defensa Nacional; reforzando esta obligación, convertida en derecho, con el siguiente articulo que dice que “la máxima autoridad dentro del Sistema de Defensa Nacional le corresponde al Presidente de la República”.

Sentadas estas bases, en el Capítulo II titulado “De los principios de Seguridad y Defensa” Chávez definía lo que llama un “Sistema de Seguridad y Defensa” así:
“La seguridad y defensa de la Nación se fundamenta en el cumplimiento de los principios de independencia, democracia, igualdad, libertad y justicia, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos a fin de lograr su completa realización humana”.

De esta definición que lo abarca todo, pasaba a un artículo de catorce palabras que decía esto:
“Los principios de Seguridad y Defensa abarcan los ámbitos económico, social político y cultural”.

Esto lo remata en el siguiente artículo donde que dice que…
“los principios de Seguridad y Defensa constituyen el soporte para impulsar el desarrollo integral de la Nación”
En el capítulo III del título VI relativo al “Poder Público Nacional” Chávez decía que…
“el Presidente de la República es el líder de la nación, expresa la unidad nacional y se obliga a garantizar los derechos y libertades de los venezolanos, la independencia, integridad y soberanía del territorio y defensa de la República”.

En el siguiente capitulo, Chávez proponía diversos grados de suprema “Jefatura” presidencial, dignas de Benito Mussolini…
“El Presidente de la República es el Jefe del Estado, Jefe del Gobierno, máxima autoridad administrativa y líder de las Fuerzas Armadas con el grado de Comandante el Jefe”.

… creando así un grado militar nuevo. Acto y seguido Chávez propuso que el periodo constitucional fuera de seis años, y que el Presidente fuera elegible para el periodo posterior. Entre sus atribuciones estaba la de promover a los oficiales de las Fuerzas Armadas a partir del grado de Coronel, sin más requisito que su voluntad, quitándole al Senado la función de aprobar los ascensos establecido en la tradición constitucional venezolana, desde la Constitución de 1811 repetida por el Libertador Simón Bolívar en la Constitución de Angostura de 1819 y por todas las constituciones venezolanas. Además de ello, el Presidente podía…
“convocar la movilización nacional y adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República la integridad de su territorio y su soberanía”.

… sin mas requisito o condición que su voluntad. Ni las Constituciones gomecistas dijeron que Presidente tendría la facultad para “declarar los Estados de excepción y suspender las garantías” sin que esta declaratoria se sometiera a control de otro poder o se previeran modos de restituir la normalidad. Para cerrar con broche de oro, el Presidente se atribuía la facultad de celebrar y ratificar Tratados “por razones de urgencia” “sin el requisito de la aprobación previa de la Asamblea Nacional”.

Esto lo propuso en 1999 Hugo Chávez. Hubo juristas respetables pero oportunistas que declararon públicamente que esta proposición no afectaba al ideal democrático. Mucho de esto -no todo- fue aprobado por la Constituyente, después de una forcejeo cuya historia algún día se contará. Yo fui miembro de la Comisión de Defensa y de algo me pude enterar.

Lo que para mi era evidente en 1999 era que nadie podía cantar y pintar semejantes ideas como creadoras de lo que debía ser la Fuerza Armada de un Estado democrático de Derecho. No en vano, el ropaje preferido del Comandante en Jefe es el del camuflaje en cuyas artes se ha revelado un maestro digno del estudio de las artes aplicadas de Maquiavelo.

Sembradas aquí y allá, habían algunas proposiciones de relumbrón que atraían comentarios casi siempre superficiales, cuando no frívolos como el voto militar, y la omisión de la prohibición de deliberar lo cual equivalía a su autorización, el levantamiento del secreto militar y el voto. Esto fue lo que llamó la atención a la proverbial superficial frivolidad de los comunicadores quienes las lanzan al debate.

Habían otras proposiciones que no fueron acogidas como fueron propuestas, como la Fuerza Armada singular, lo cual provocó fuertes reacciones ante las cuales el presidente Chávez hizo el repliegue táctico que tenía previsto para que todos quedasen contentos y el se saliera con la suya en lo que le interesaba.

Lo más peligroso de todo lo que se hizo en 1999, dentro y fuera de la Asamblea Constituyente, y lo que se hizo después y tuvo consecuencias más destructoras, fue sentar las bases para la militarización de la política como consecuencia de un modelo de Estado que consagraba el tutelaje militar de la sociedad civil. Pero para poder hacer eso, había que destruir las bases éticas de lo que habían sido el Ejercito de una sociedad democrática.

Lo que Chávez propuso como “Sistema de Seguridad y Defensa” y lo que en definitiva se aprobó en la Asamblea fue la artera politización del estamento militar implícito en todo lo que se puso en marcha bajo la excusa de su “democratización” y su “inserción” en la sociedad de la cual se decía estaba “aislada”.

Esto es lo que se cubrió con el manejo falaz de los conceptos de la seguridad y la defensa. Para ello, se dijo que se le quitaría a las Fuerzas Armadas el carácter no deliberante y obediente y se le otorgaría el derecho al voto e los militares.

Para mi estaba claro que ello llevaba a la metamórfosis del poder militar en un poder supraconstitucional de tutelaje sobre todos los poderes del Estado. Eso no era nuevo. El avance habría sido emanciparnos de lo que de ello hay de verdad en nuestra cultura política, no recaer en ello y menos acentuarlo.

Su nocividad no sólo está en lo que podría ser calificado como una perversión militarista, corporativista o fascista. Eso sería fácil de corregir y erradicar. Su mayor daño está en que sus raciocinios justificatorios, que son falaces y engañosos, halagan y empalagan la mentalidad militar. Parten de sofismas y confusiones conceptuales que muchos militares han hecho suyos.

Llevan a que lo que se propone para una institución que es fundamental a todo Estado, sea sometida a la voluntad de un hombre torrencialmente adicto a la demagogia. Eso y la ineludible perversión de los fundamentos de jerarquía obediencia y subordinación, esenciales a cualquier institución militar, hacen una mezcla volátil y explosiva.

A esto añádense las consecuencias de la infección del estamento militar por los factores patógenos que se le han estado inoculando a la sociedad venezolana con las contradicciones y absurdos constitucionales que se han creado para todos los ámbitos de la vida nacional.

Sus resultados para el estamento militar han sido y van a ser mucho más serios de lo que se piensa. Allí lo que se ha hecho es potencialmente proclive a convertirse en enfrentamientos que no se resuelven con votos sino con balas. Las tempestades que han sembrado y todavía no se han desatado tienen algo más que viento de palabras huecas. No se puede olvidar que de lo que se trata en este caso, es que al componente militar se le han inoculado ideas y procedimientos institucionales muy peligrosos en una institución formada por hombres armados.

Aventar a la institución militar al torbellino del debate que desencadenan los virus conceptuales que hierven en la cabeza de su Comandante en Jefe, cultivados en caldos de odios raciales y sociales acicateados, es un crimen imperdonable.

Por ello, quienes hoy tenemos algo que decir y podemos decirlo, debemos hablar para intentar evitar lo que sucederá mañana, si este mal no se corrige como debe hacerse.

Debemos hacerlo con la claridad y firmeza que hace falta para ubicar los conceptos que se han usado para desorganizar y reorganizar a las Fuerzas Armadas venezolanas en las categorías de calificación que les corresponden, sin dejarnos arrastrar por debates estériles acerca de cuestiones subalternas. Mañana será tarde.

La doctrina de la Fuerza Armada del Estado democrático,comparada con la doctrina de la Seguridad Nacional.

Para poder calibrar y comparar acertadamente las normas y los principios constitucionales que hasta 1998 ordenaban y regulaban el poder militar, es conveniente comparar someramente las que hoy la ordenan y regulan con las que lo regulaban en la Constitución de 1961.

La Constitución de 1961 tenía tres artículos referidos a las Fuerzas Armadas. El artículo 331 era la continuación del principio de subordinación de la autoridad militar a la autoridad civil, contenida en todas las Constituciones venezolanas, desde la de 1811 y que se expresaba -entre otras cosas- en la obligada intervención del Poder Legislativo, -en la mayoría de los casos través del Senado- para autorizar ascensos militares de alta graduación. El artículo 131 que repetía la tradicional prohibición del ejercicio simultáneo de la autoridad civil y militar.

El Artículo 132 de la Constitución de 1961 condensaba magistralmente la doctrina de lo que deben ser las Fuerzas Armadas de un Estado democrático. Hoy hay que recordar su letra:
“Art. 132: Las Fuerzas Armadas Nacionales forman una institución apolítica, obediente y no deliberante, organizada por el Estado para asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y las leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra obligación. Las Fuerzas Armadas Nacionales estarán al servicio de la República, y en ningún caso al de una persona o parcialidad política.”
La Constitución de 1999, eliminó la subordinación del poder militar al poder civil, cancelando el requisito de la autorización para los ascensos a oficiales superiores; eliminó la tradicional prohibición del ejercicio simultáneo de la autoridad militar y la civil, con lo cual abrió la puerta para la doctrina de la llamada “unión cívico militar” que no ha sido otra cosa que la militarización del Estado; eliminó del texto de la Constitución el carácter no deliberante y apolítico de la Institución militar, lo cual abría teóricamente el camino para que la Fuerza Armada como tal, y los oficiales como individuos, deliberaran políticamente, intervinieran y dieran su parecer sobre asuntos propios de los cuerpos deliberantes de la República; aunque en la práctica, como se ha visto, ello no ha sido así, pues hay oficiales imputados del delito del ultraje a las Fuerzas Armadas por haber emitido opiniones adversas a las políticas y las practicas militares del régimen.

Lo que es más significativo de lo que en 1961 se ordenaba y ahora no se ordena, es que la Constitución de 1999 eliminó la obligación expresa de la Fuerza Armada de velar por la estabilidad de las instituciones democráticas, y la obligación expresa de la Fuerza Armada de respetar la Constitución y las leyes, que -como lo decía el Art. 132- “su acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra obligación”.

En contraste con lo que se eliminó y omitió, se le otorgó a los militares, el derecho al sufragio, lo cual parece incompatible con los principios militares de obediencia, disciplina y subordinación; se le otorgó a la Fuerza Armada competencia de policía administrativa, y se le acordó a los oficiales superiores el privilegio del antejuicio de mérito, que es una versión moderna de los antiguos fueros militares eliminados por la Constitución de 1830.

Lo más importante, fue que se introdujo por primera vez en la historia constitucional de Venezuela la doctrina de la seguridad nacional y defensa integral. Semejante postulado no se encuentra en ninguna Constitución del mundo, ni siquiera en las de los regímenes militares y militaristas. Según esta doctrina todo, absolutamente todo, concierne a la seguridad del Estado, incluyendo el desarrollo económico y social. Con esto se sentó la base para la creación del tutelaje militar de todos los poderes del Estado.

Esta breve comparación entre lo que constitucionalmente regulaba el poder militar, cuando en 1998 el teniente coronel Chávez fue elegido presidente; y lo que hoy lo regula, requiere un examen de su genealogía histórica, que responda a estas inquietudes: ¿Cómo y cuándo se creó el Ejercito profesional y permanente venezolano; ¿Cómo se llegó a la formulación de la doctrina del Ejercito del Estado democrático contenida en el artículo 132 de la Constitución de 1961? ¿Por qué y para qué se ha dado el salto atrás de la doctrina de la seguridad nacional, que regresa al Ejercito de Venezuela al partido armado que era en los días de Joaquín Crespo?.

Los gobiernos de militares no fueron militaristas

Sin examinar y repasar cuidadosamente todo lo que desde el punto de vista militar nos trajo a 1999, no podremos apreciar en toda su trágica dimensión, la brutal regresión involutiva que significó la aprobación del Título VII de la Constitución Bolivariana de 1999 y el enorme peligro que ella traía en su vientre, que hoy muestra lo que con ello se puede hacer y deshacer y la índole del caos anárquico al cual ello nos avienta y la opresión a la cual lleva.

Para ello, pido indulgencia para las omisiones del brevísimo examen que haré del tema, que no sólo se excusan en el escaso tiempo que dispongo para responder esas interrogantes, sino a lo delicado, difícil y complejo del asunto.

Las pocos intentos que se han hecho para contar la historia del Ejército que combate y vence en Carabobo en 1821 y llega a la formulación de la doctrina venezolana de las Fuerzas Armadas del Estado democrático, concretada en el articulo 132 de la Constitución de 1961, son insuficientes para su buena inteligencia.

Esta historia corre, desde la concepción doctrinaria y legal, de lo que era la fuerza armada que defiende el territorio de lo que para 1777 se integró bajo la autoridad de la Capitanía General de Venezuela, con sede en Caracas; y en la cual se formaron militarmente -entre otros- Bolívar, Ribas y Sucre; pasa de allí a la formulación constitucional de las normas de lo que debía ser el Ejército de la República que se independiza en 1811, plasmadas en las constituciones de 1811, 1819 y 1821; llega al hito importante de la definición del poder militar de la Constitución de 1830 que ratifica el principio de subordinación del poder militar al poder civil establecido en las Constituciones precedentes; y da un paso de avance de gran significación cuando cancela y niega los fueros militares y eclesiásticos creando la república laica y civil que otros pueblos hispánicos no lograron sino muchos años después. Esa republica colapsa en 1848 y estalla en mil pedazos diez años más tarde con la guerra federal que cancela todo vestigio de Ejército Nacional y la Fuerza Armada se convierte en el Ejército o los Ejércitos de partidos, caudillos y facciones. Esto se reforma radicalmente en 1910 bajo el mando del General Juan Vicente Gómez cuando se dan los primeros pasos para crear al Ejército Nacional profesional y permanente, al servicio del gobierno central con exclusión absoluta de ejércitos regionales. Este es el Ejercito que por una vía tortuosa repleta de contradicciones llega a la formulación de la doctrina de la Fuerza Armada del Estado democrático, contenida en el artículo 132 de la Constitución de 1961.

Este brevísimo esquema se complementa con la advertencia necesaria para disipar el espejismo que falsifica la visión de la historia de Venezuela y que lleva a muchos a creer que su historia es de militares y militarismos. Eso es falso. Ningún gobierno de Venezuela, ejercido por militares hasta 1945, fue militarista. El primer gobierno militarista de Venezuela fue el de Marcos Pérez Jiménez. Y fue derrocado por militares. El segundo, es el de Hugo Chávez. Y esperamos sea derrocado por el pueblo.

Es verdad que de todos los gobiernos de los setenta años de historia de la República de Venezuela entre 1830 y 1999, sólo seis años y cuatro meses fueron de gobiernos presididos por civiles y sesenta y tres años y ocho meses, fueron de gobiernos presididos por militares. Es verdad que de los civiles presidentes del siglo XIX, el Dr. José María Vargas, fue derrocado en 1835 por la revolución militarista llamada “de las reformas” pero también es verdad que fue repuesto en el poder por el General Páez y este hecho es muy elocuente para demostrar la veracidad de mi tesis. El segundo civil presidente, Manuel Felipe Tovar, a quien en 1860 le tocó la desgracia de sufrir como vicepresidente del General Julián Castro -el más torpe e inepto de todos- se vió obligado a reemplazarlo, para luego tener que renunciar ante la imposibilidad de detener la demencia de la guerra federal y ser sustituido por el vicepresidente Pedro Gual, quien tres meses después fue derrocado por el General Páez. Otra de las trágicas ironías de nuestra historia.

Es verdad que el único presidente civil del siglo pasado que concluyó el período de dos años para el cual fue elegido en 1888, fue Juan Pablo Rojas Paúl. Y también es verdad que fue sustituido por Raimundo Andueza Palacio en 1890, quien fue derrocado en 1892 por la revolución “Legalista” del General Joaquín Crespo.

También es verdad que los gobiernos de los Generales Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, cubren los primeros cuarenta y cinco años del siglo XX.

Y lo que también es verdad es que los gobiernos de militares, de 1830 a 1945 no fueron militaristas.

El virus de la patología militarista, traída del Perú, Chile y Argentina por oficiales que estudiaron allá, se inicia en 1945 con los militares de la logia conspirativa Unión Militar Patriótica creada por Mario Vargas y jefaturada por Marcos Pérez Jiménez que derrocan al gobierno civilista de Isaías Medina Angarita.

En los tres años que van de 1945 a 1948, Venezuela fue gobernada por una “Junta Revolucionaria de Gobierno”, presidida por el civil Rómulo Betancourt, que llegó al poder de mano de los militares militaristas quienes formaban parte de la Junta y eran quienes habían derrocado a Isaías Medina en el golpe sortario del 18 de octubre de 1945. Así y entonces entró a Venezuela el germen de populismo militarista que campeaba en el mundo hispanoamericano, con el ejemplo emblemático de Juan Domingo Perón y se expresará en los casos de Mercado Jarrín y Velasco Alvarado en Perú.

Al brevísimo gobierno de nueve meses de Rómulo Gallegos, de febrero a noviembre de 1948 le siguieron diez años de gobiernos de militares militaristas. Todos los gobiernos de 1948 a 1958 fueron nombrados por el Alto Mando Militar. Todos fueron militaristas.

Es verdad que de las cincuenta y dos presidencias que ha tenido Venezuela en los 169 años que van de 1830 a 1999, diez y siete han sido ejercidas por civiles durante 53 años, y treinta y cinco han sido ocupadas por militares, durante 116 años. Pero estos hechos y estas magnitudes brutas conforman un gigantesco espejismo de falacias, en el cual se han ahogado los que hacen uso superficial, e indebido de la etiqueta de militarismo.

En estricto sentido, esa etiqueta no es aplicable a la mayor parte de los gobiernos presididos por militares. A pesar de las apariencias, ni uno solo de los gobiernos ejercidos por militares entre 1830 y 1945 ¡ni uno solo! merece el calificativo de militarista en los términos que este se entiende en la historia contemporánea y se aplica a los regímenes militaristas de Alemania en Europa o de la Argentina, Brasil, Chile y Venezuela y se refieren, en todos los casos, al poder y la influencia institucional del estamento militar en el gobierno y su derecho a ser un poder de hecho o de derecho dentro del Estado.

La doctrina de la ‘Seguridad Nacional’, sintetiza eso. En los años posteriores al fin de la II guerra mundial y en los años de la guerra fría, el “US Army War College” hizo suya la Doctrina de Seguridad Nacional, pues le era útil para justificar a los regímenes militares autoritarios de la América hispana y Europa, muchas veces tiránicos, siempre que fueran anticomunistas.

El primer gobierno militar de Venezuela que fue militarista y contó con la aprobación de los Estados Unidos por ser anticomunista, fue el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. La doctrina del “Nuevo Ideal Nacional” era militarista.

El segundo gobierno militarista de nuestra historia es el de Hugo Chávez Frías. La doctrina contenida en el Título VI de la Constitución ‘bolivariana’ es militarista. Justifica, permite y auspicia el tutelaje militar de todos los poderes del Estado. Con la idea de la ‘Defensa Integral’ lleva la creación de una fuerza armada paralela, formada por milicias populares, desvinculadas de la Fuerza Armada como ellas son definidas en los artículos 328 y 329 de la Constitución de 1999.

La creación del Ejército Nacional y profesional

Como ya dije, en el siglo XIX venezolano, el estamento militar, que entre 1811 y 1824 logró con su sangre y sus sacrificios la independencia, tuvo a partir de 1830 un peso desmedidamente inferior a lo que sus proezas militares se pensaba le daban derecho. Los fueros militares fueron abolidos en 1830.

El único intento serio de hacer que el estamento militar de la independencia se erigiera en un poder capaz de condicionar al Estado, de gobernar al gobierno, o ejercerlo directamente, fue el de la desgraciada “revolución de las reformas” de 1835, la cual fracasó porque el General Páez, quien se pensaba se pondría al frente de ella, la derrotó y puso en su lugar a los militares.

Apartando este hecho aislado y atípico, ni uno solo de los gobiernos ejercidos por militares en el siglo pasado fue militarista en el sentido estricto y moderno del termino. Todos fueron gobiernos partidistas de una idea, una bandera o un caudillo, eso si, con una fuerza armada propia. Ni uno solo de sus grandes caudillos, Páez, Monagas, Guzmán Blanco y Crespo fueron militaristas.

Eso explica en parte porque no crearon un ejercito profesional y permanente. La idea de crearlo era aborrecida por quienes podían hacerlo. Guzmán Blanco rechazó la idea de crear una Escuela Militar alegando que podía convertirse en un vivero de godos. Y no le faltaba razón. Eso fue lo que sucedió en Chile.

La reforma militar del General Ramón Guerra durante el segundo gobierno de Crespo se refería a su equipamiento y su organización; no a la creación de un estamento militar profesional permanente y autónomo. Eso era anatema al pensamiento liberal, además de ser una amenaza a los caudillos regionales en cuyo sistema de equilibrio y acuerdos de mutuo apoyo y respeto se basó el sistema creado por Guzmán para gobernar a un país que se había vuelto ingobernable por la demencia federal.

La ferocidad de las guerras civiles que se inician en marzo de 1898 con el “grito de Queipa” dado por el “mocho” Hernández tras el fraude electoral del cual el había sido víctima en 1897, concluyeron cinco años después, en julio de 1903, cuando Juan Vicente Gómez derrotó en Ciudad Bolívar a Nicolás Rolando, el ultimo de los caudillos de la revolución libertadora.

La experiencia de la guerra de la revolución Libertadora llevo a Castro y a Gómez a entender y aceptar la necesidad y la conveniencia de crear una fuerza armada profesional y permanente, como se estaba haciendo en otras partes del mundo.

Cipriano Castro sentó las bases reglamentarias y mandó a construir el edificio que le serviría de sede a la Escuela Militar. Pero su carácter anárquico, disoluto, desorganizado y arbitrario derroto su propósito. Fue Juan Vicente Gómez quien inauguró y puso en marcha en 1910 la Escuela Militar y a quien se le debe la creación del Ejercito Nacional.

Hasta donde he podido indagar, quienes estaban próximos a Gómez y tenían las ideas más claras para crear un Ejercito moderno eran los Generales Francisco Linares Alcántara, quien había estudiado en West Point y Félix Galavis. Hay consenso en que fue el Coronel chileno Samuel McGill quien más trabajó y mejores resultados obtuvo en la marcha de primeros años de la Escuela Militar y en la tarea de organizar, equipar, disciplinar y vestir el Ejército que Gómez crea entre 1910 y 1913. En sus memorias, el Coronel McGill nos deja una página que describe con gran elocuencia esta etapa de la historia del Ejército:
“Desde la época gloriosa de las guerras de la Independencia, en que el Ejército de Venezuela paseó victorioso su bandera por todo un Continente, el Ejército había ido degenerándose hasta el punto de apenas ser digno de este nombre, todo por las constantes conmociones políticas, en que se veía envuelto constantemente el país. Se mantuvo la institución en tal atraso y abandono, que en la mayoría de los cuarteles los soldados dormían en el suelo por carecer de camas, los edificios destinados a tales fines carecían de toda clase de confort para la vida de las tropas. Se les mantenía en la mayor ignorancia, eran masas analfabetas. Para su aseo corporal eran llevados a los ríos más cercanos y allí aprovechaban para lavar las ropas que llevaban puestas, las secaban al sol y luego esperaban para volvérselas a poner. No usaban zapatos, sino alpargatas; los zapatos sólo se ponían incidentalmente, en el caso de tener que rendir honores a algún personaje nacional o extranjero o para asistir a algún entierro decretado por la superioridad militar. La oficialidad, como uniforme, llevaba generalmente una blusa azul abotonada en el cuello, por debajo un chaleco, el pantalón muchas veces era civil, la cabeza cubierta por un pequeño kepis, estilo francés y terciado en el hombro un machete que colgaba de una banda de tela tricolor como de 10 centímetros de ancho. Este cuadro no podía ser más desalentador para el espíritu de un buen patriota.”
La reforma militar de 1910 se hizo en tres frentes: el institucional, el organizativo y el de vestuario y equipamiento con material de guerra moderno.

Pero lo más importante era la idea que el Ejército debía ser profesional y permanente y una fuerza al servicio del Estado central, defensora del gobierno y de las leyes, no de los caudillos. A estos, Gómez los atrajo a su causa, cuando ello fue posible y los hizo parte de su gobierno entre 1909 y 1913. Cuando no fue posible, porque estos regresaban a sus viejas practicas, los persiguió, desarmó exilió y encarceló con dureza.

El progreso institucional del Ejercito de Gómez respondía a la aplicación de la doctrina militar de sus días, de entender al Ejército como un cuerpo apolítico estrictamente disciplinado, obediente, subordinado al gobierno central y no a partidos ni caudillos.

Mientras la preparación militar de los oficiales montoneros que habían aprendido a guerrear en el campo, se mejoraba con cursos; en la Escuela Militar que empieza a funcionar en el centenario de la independencia en 1911, se forman los nuevos profesionales militares.

La creación del Ejercito profesional y permanente por Gómez, fue paralela y complementaria a la organización del gobierno central, de su Hacienda Pública y su Administración. Su objetivo primordial era la aniquilación de los caudillismos regionales, para lo que fue objetivo constante de Gómez: la imposición de la paz en un país que sin haber sido nunca militarista, no había cesado de guerrear.

El objetivo de la paz se logró. Cuando en 1935 Gómez muere, Venezuela había vividos por primera vez en su historia, 27 años de paz, el gobierno tenía un Tesoro sano y solvente, no debía un céntimo fuera o dentro, poseía una Hacienda organizada y tenía un Ejército bien equipado, con bases sólidas de profesionalismo y disciplina. Sin esto, los gobiernos de López Contreras y Medina no hubieran podido hacer lo que hicieron.

El 18 de octubre de 1945 se dio el gran salto atrás. Buena parte de lo que se había logrado progresar desde 1910 sufrió un brusco retroceso.

Aparece el militarismo

El cuartelazo exitoso del 18 de octubre de 1945, es el punto a partir del cual se introduce en el curso histórico venezolano un modelo de militarismo de origen sureño, que hizo que las Fuerzas Armadas se convirtieran del factor de poder que habían sido desde el inicio del proceso de su profesionalizacion en 1910, en arbitro de la política, Ello también hizo del recurso del golpe de Estado militar el medio y remedio de última instancia para cambiar un gobierno que se estime dañino..

El carácter militarista de la década del ‘48 al ’58 es un hecho: todos los cambios de gobierno de estos años se hicieron en nombre y por autoridad del Alto Mando Militar: 1) El golpe de Estado que derroca a Gallegos y la formación de la Junta Militar de Gobierno, el 24 de noviembre de 1948; 2) El nombramiento por el Alto mando militar de la Junta de Gobierno creada tras el asesinato de Carlos Delgado Chalbaud el 14 noviembre 1950; 3) El golpe de Estado que en nombre del Alto Mando Militar desconoció las elecciones del 30 de noviembre de 1952 y nombró a Pérez Jiménez presidente provisional el 2 de diciembre 1952; 4) La renuncia de Pérez Jiménez el 22 de enero de 1958 ante el Alto Mando Militar que la aceptó y nombró una Junta Militar de Gobierno presidida por el oficial de mayor antigüedad el VA Wolfgang Larrazábal, y formada por los Coroneles Roberto Casanova, Abel Romero Villate, Carlos Luis Araque y Pedro José Quevedo; 5) La modificación de esa efímera Junta Militar de un día, de la cual salen los Coroneles Casanova y Romero Villate y son reemplazados por los civiles Eugenio Mendoza y Blas Lamberti; 6) La renuncia de Mendoza y Lamberti el 19 mayo fue ante el Alto Mando militar y su sustitución por Arturo Sosa y Edgard Sanabria tuvo ese origen; 7) La aceptación de la renuncia de Larrazábal quien se lanzó como candidato y el nombramiento de Edgard Sanabria. Todo ello se hizo ante el alto mando militar.

Las paradojas del 18 de octubre y la forma como se le ha historiado, para justificar lo injustificable, han confundido por más de medio siglo la clara inteligencia histórica del hecho. Ese día, mediante un cuartelazo sorpresivo y sortario, un pequeño grupo de oficiales jóvenes de baja graduación, derrocó un gobierno prestigioso, liberal, progresista civilista y democrático, presidido por un militar que fue el primer oficial de carrera, graduado en la Academia Militar, quien ejerció la presidencia de 1941 a 1945 sin atropellar, vejar insultar maltratar, apresar, o exiliar a un solo venezolano.

La conspiración que llevó al golpe de Estado del 18 de octubre de 1945, partió de un entendimiento entre cuatro dirigentes de Acción Democrática, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Luis B. Prieto y Gonzalo Barrios, y trece miembros de la logia “Unión Militar Patriótica” fundada por el Capitán Mario Vargas, y jefaturada por el Mayor Marcos Pérez Jiménez.

La “Unión Militar Patriótica” había sido fundada por el Capitán Mario Vargas siguiendo el método conspirativo de células y la mentalidad militarista de logias similares de Chile, Argentina y Perú. Sus propósitos iniciales eran primordialmente militares, casi todos relativos al sistema de ascensos, y a las objeciones que a esto le hacían los oficiales egresados de la Escuela Militar por la permanencia en las Fuerzas Armadas de oficiales sin formación militar profesional, los bajos sueldos, y el equipamiento y entrenamiento de las Fuerzas Armadas venezolanas que comparaban con otros ejércitos de América, en especial Perú y Chile los cuales eran considerados por ellos superiores. Todo esto se encuentra en lo que antes del 18 de octubre escribió Marcos Pérez Jiménez, el ideólogo de la Unión Militar Patriótica.

Antes del 18 de octubre de 1945, Acción Democrática había sido derrotado estrepitosamente en las elecciones municipales de 1944 y que por ello, tenía un solo Diputado en el Congreso en el Congreso Andrés Eloy Blanco y un concejal en el Concejo Municipal de Caracas, Rómulo Betancourt. Su Presidente, Rómulo Gallegos, estaba al tanto y aprobó el pacto con Pérez Jiménez para derrocar a Medina, de quien era amigo personal. El injustificable derrocamiento de Medina malogró su autoridad moral para protestar la duplicidad de la cual, será víctima, cuando sea derrocado por los mismos militares que derrocaron a Medina, el 24 de noviembre de 1948.

El primer gobierno militarista de la historia de Venezuela fue la “Junta Revolucionaria de Gobierno” creada en la noche del 19 de octubre de 1945 e integrada por cuatro civiles miembros de Acción Democrática (Betancourt, Leoni, Barrios y Prieto) un independiente, (Edmundo Fernández en cuya casa se había celebrado el pacto AD-UMP) y dos militares Tte. Cnel. Carlos Delgado Chalbaud y Capitán Mario R. Vargas, creador de la UMP que como se ha visto era de vocación militarista. Se inicia así el fenómeno del “Juntismo”. En siglo XX habrán cuatro “Juntas” de gobierno (1945, 1948, 1950 y 1958).

Pérez Jiménez, quien en la noche del 19 de octubre quedó fuera de la Junta, por voluntad propia, ocupó la Jefatura del Estado Mayor cuya estructura y atribuciones fue modificada para ‘modernizarla’, creando el ‘Estado Mayor General’. Desde esa posición, Pérez Jiménez sentará las bases y organizará el golpe que tres años más tarde, el 24 de noviembre de 1948 derrocará a Rómulo Gallegos, el cual había sido elegido en diciembre de 1947 con el 76% de los votos.

Al gobierno “revolucionario” de 1945 se le llamó “cívico militar” un eufemismo que pretendía disfrazar el hecho de que estaba compuesto por fuerzas civiles y militares, antagónicas.

La disparidad de la composición de la Junta Revolucionaria de Gobierno en la cual habían dos militares y cinco civiles, uno de los cuales terciaba en su pecho la banda presidencial captando para su persona toda la magia del cargo y la gloria de la revolución victoriosa, no se conciliaba con el hecho que el derrocamiento de Medina había sido una iniciativa militar, y un esfuerzo militar, ejecutado por militares, que una vez logrado su objetivo, le entregaron el gobierno a los civiles.

La dinámica de los hechos desatados el 18 de octubre, y la índole antagónica de las fuerzas actoras, llevó a intentar integrar a las Fuerzas Armadas con el ‘partido del pueblo’ que había llegado al poder de mano de los militares. La retórica los llama “Ejercito del Pueblo” “Pueblo en armas” etc. y a los militares golpistas se les calificó de “patriotas” y “revolucionarios”.

La dialéctica empleada para justificar el golpe al General Medina, llevó a la denigración de los gobiernos anteriores presididos por militares a quienes se les descalificó con epítetos denigratorios como “chopo e piedra”, “chacharos”, etc.

Para diferenciar a los militares ‘revolucionarios’ y ‘patriotas’ de los anteriores. Se desató una feroz campaña de descrédito, se enjuició y condenó mediante tribunales especiales a los Generales López Contreras y Medina Angarita, se expulsó de las Fuerzas Armadas a oficiales de alta calificación profesional que no participaron en el golpe.

Se hizo tomar parte a los militares “revolucionarios” en las concentraciones políticas, que se realizaron entre 1946 y 1947. Se nombraron militares activos a cargos de la administración civil, recompensando con altos cargos a oficiales muy jóvenes de baja graduación. La similitud con lo que se ha vivido en los últimos cinco años es evidente.

Entre 1946 y 1948, se organizaron tres elecciones, todas ganadas con abrumadora mayoría por Acción Democrática: para la Constituyente en 1946, para la Presidencia y el Congreso que elige a Gallegos en 1947 y las elecciones municipales de 1948. La algarabía electorera, la demagogia sectaria, la agitación estéril, agotaron la paciencia de los venezolanos.

Cuando el 24 de noviembre de 1948 las Fuerzas Armadas tomaron el poder y expulsaron de él a sus socios civiles, la mayoría se sintió aliviada y aplaudió y nadie protestó. Los trescientos mil obreros que se decía estaban listos a defender al gobierno del pueblo no aparecieron. Los lideres de URD y Copei, Jovito Villalba y Rafael Caldera expresaron su satisfacción y justificaron el derrocamiento de Gallegos. La más elocuente justificación del golpe fue el comunicado del Copei, redactado por Rafael Caldera. A partir de allí, la Junta Militar disolvió el Congreso, los partidos, los sindicatos.

Pérez Jiménez creó el primer gobierno auténticamente militarista de la historia de Venezuela. La doctrina del ‘Nuevo Ideal Nacional’ difícil de comprender como todo compuesto fascistoide, tenía todos los elementos y expresiones que les son características a la mentalidad militarista: catecismo de heroicidades, simbología patriotera bolivariana; nacionalismo aparente, exhacerbado pero a la postre falso; desfiles militares como manifestaciones políticas; desfiles de la ‘semana de la patria’, denigración sistemática de los Partidos del partidismo y de los políticos; persecución implacable de dirigentes políticos y sindicales hasta llegar a la tortura y asesinato de varios de ellos y la creación de un régimen de terror creado por las arbitrariedades de la Seguridad Nacional de la cual los militares no estaban eximidos.

A Pérez Jiménez lo favoreció la guerra fría, el militarismo preexistente de Franco, en España y Trujillo y Perón en América y los militarismos que le eran contemporáneos: como el de Odría en el Perú, Rojas Pinilla en Colombia, Stroesnner en Paraguay y Batista en Cuba.

A comienzos de 1957, el gobierno militarista de Pérez Jiménez aparecía indestructible y firme. Su obra material era innegable y la prosperidad una realidad. No había oposición. La ‘resistencia’ es un mito que se inventará más tarde. Apenas una carta pastoral de Mons. Arias Blanco, arzobispo de Caracas, lo perturbó.

De acuerdo a la Constitución de 1953, Pérez Jiménez podía ser reelegido, lo cual implicaba pluralidad de candidatos. Los dirigentes de la oposición reunidos en Nueva York conversaban para pactar el lanzamiento un candidato único. Por esta y otras razones, Pérez Jiménez anunció que no habrían elecciones, sino un “plebiscito”. Este se realizó el 15 de diciembre de 1957.

El aparente triunfo de Pérez Jiménez en el plebiscito fue arrollador. Quince días más tarde, en el ultimo día del año estalló una conspiración organizada por el Teniente Coronel Hugo Trejo, y unos oficiales de la aviación. Esa es la maldición de todos los gobiernos militares. La debilidad intrínseca de su posición fuerte.

Los golpistas del primero de enero del ‘58 no lograron su propósito de apresar a Pérez Jiménez. Unos huyeron y otros fueron hechos presos. Pero el gobierno militar y militarista que tan sólido parecía quince días antes, estaba herido de muerte.

El 23 de enero, Pérez Jiménez renunció ante el Alto Mando Militar y huyó del país. Allí concluyó el primer intento de crear en Venezuela un régimen militarista. Hasta el que puso en marcha por otras vías, con otros métodos y con propósitos distintos Hugo Chávez en 1999.

Cuando el gobierno de Pérez Jiménez colapsó en 1958 por las acciones subversivas de los militares que lo desestabilizaron y que llevaron a una rebelión popular generalizada incontrolable, se inició la etapa más luminosa de las Fuerzas Armadas del siglo XX. Esta llevó a la formulación de la doctrina de la Fuerza Armada del Estado Democrático.

La guerra olvidada

En marzo de 1961, dos meses después de haberse formulado en el artículo 132 de la nueva Constitución la doctrina de lo que deben ser las Fuerzas Armadas de un Estado democrático, el III Congreso del Partido Comunista de Venezuela aprobó una política de guerra armada revolucionaria.

Un año antes, la separación del grupo marxista-leninista de Acción Democrática dirigido por Domingo Alberto Rangel había creado el MIR. A partir de allí los miembros del PCV y del MIR, se dejaron encandilar por lo que había sucedido en Cuba en 1959, y pensaron que ello era repetible en Venezuela. Para ello, contaron con el apoyo material y político ofrecido y pactado con Fidel Castro y la URSS. Para lograr sus propósitos, agentes de ambos partidos realizaron una activa labor de penetración y persuasión de las Fuerzas Armadas, logrando contagiar a varios oficiales con su manera de pensar, en especial en la Marina.

La “lucha armada” se inició el 4 de mayo de 1961 en Carúpano, cuando un batallón de infantería de marina fue llevado a sublevarse por su comandante, el Capitán de Navío J.T. Molina Villegas con la abierta y activa participación de los Diputados Eloy Torres del PCV y Simón Sáez Mérida del MIR.

Esa primera rebelión comunista fracasó. A diferencia de las rebelión militar del 4 de febrero de 1992 no desestabilizó al gobierno de Betancourt ni descuadernó a las Fuerzas Armadas. Por el contrario, la “lucha armada” que allí se inició, fortaleció y unió a las Fuerzas Armadas en la defensa del sistema democrático que acababa de iniciarse.

El segundo intento, estalló un mes después en Puerto Cabello, cuando otro batallón de la infantería de Marina al mando del Capitán de Navío Manuel Ponte Rodríguez se alzó con la activa y directa colaboración de -entre otros- los dirigentes del MIR Raúl Lugo Rojas y del PCV Teodoro Petkoff. Ese alzamiento, tampoco desestabilizó al gobierno de Betancourt ni socavó la moral del Ejército, pero sí le costó la vida a más de 400 venezolanos.

Tras el fracaso de Carúpano y Puerto Cabello, el PCV y el MIR empezaron a actuar cada uno por su cuenta, con guerrillas ‘urbanas’ que ejecutaron actos de terrorismo, secuestro y asesinato de policías, y quema de fabricas. Estas tampoco desestabilizaron sino consolidaron al gobierno de Betancourt y unieron todavía más las Fuerzas Armadas. Estas se adaptaron rápida y eficientemente, de la organización de guerra convencional que tenían, a la que la nueva situación requería.

En 1963 se fundaron las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) comunista bajo la dirección de Pompeyo Márquez y el «Frente de Liberación Nacional» (FLN) de MIR bajo la dirección de Domingo Alberto Rangel.

El 28 de septiembre de 1963, el incidente del asalto al tren turístico de “El Encanto” donde fueron masacrados cinco guardias nacionales y gravemente heridos dos niños y ocho mujeres produjo un estallido de indignación nacional.

En el clima creado por estos hechos, el Presidente Betancourt decretó la suspensión de las actividades legales del PCV y del MIR, y ordenó la detención por la Justicia Militar de Gustavo Machado, Jesús Faría, Pompeyo Márquez, Domingo Alberto Rangel y Simón Sáez Mérida quienes actuaban amparados por su inmunidad de parlamentarios.

El hecho fue que la cohesión de las Fuerzas Armadas, la mano firme de Betancourt y la voluntad democrática del pueblo, apagaron el fuego revolucionario que la subversión comunista pretendía sin éxito encender.

Así se llegó a las elecciones de 1963, las cuales fueron la gran derrota de la tesis que sostenía la justicia, necesidad y viabilidad de la lucha armada para instalar en Venezuela un régimen similar al que se estaba instalando en Cuba. A partir de allí, la ‘lucha armada’ maniobró en retirada hasta que quedó totalmente extinguida.

La lucha armada duró trece años. Muchos de sus actores se integraron leal y sinceramente a la vida política democrática y en los años por venir alcanzaran posiciones de relevancia nacional. Hombres como Alfredo Maneiro, Pompeyo Márquez y Teodoro Petkoff demostraron con sus escritos y obras, una seria, sincera y constructiva rectificación, mucho más allá de la simple enmienda; al punto que se adelantaron en la formulación de sus criticas a lo que entonces se consideraba la ortodoxia marxista y que poco tiempo después fue seguida por las criticas que formulara Gorbachev, lo cual fue el preludio del desmoronamiento del bloque soviético.

En contraste con estas rectificaciones, algunos marxistas recalcitrantes, como Douglas Bravo, vieron el fin de la lucha armada como un repliegue táctico. Este grupo fue el que capturó ideológicamente a Adán Chávez, un estudiante de ingeniería de la Universidad de los Andes y a su hermano Hugo Chávez, antes de que ingresara a la Escuela Militar.

Las ideas marxistas del PRV, el Partido de Douglas Bravo, fueron las que movieron tras bastidores la rebelión militar de 1992. Los rebeldes en especial Hugo Chávez y Francisco Arias Cárdenas, se cuidaron mucho de hacer conocer sus ideas. Por eso, muchos vimos en su rebeldía, lo que queríamos ver y no su realidad íntima.

Cuando la rebelión de 1992 fracasó, aunque logró un formidable eco en la opinión, los que habían fracasado en la lucha armada de los años ’60 y quienes habían colaborado con ellos, como Luis Miquilena y Guillermo García Ponce vieron en el liderazgo popular de los golpistas fracasados, la gran oportunidad de hacerla suya y resucitar sus ideas; esta vez por la vía del engaño, el ocultamiento y la trampa. Esos fueron los que secuestraron el caudal electoral logrado por Hugo Chávez en 1998.

Sin salirnos del tema que nos ocupa, lo que ahora interesa recordar y resaltar, es que la doctrina de lo que deben ser las Fuerzas Armadas de un Estado democrático, formulada en el artículo 132 de la Constitución, pasó exitosamente su primera y más dura prueba en la década de los ‘60.

Ni ayer ni hoy, se podía decir verazmente que las Fuerzas Armadas, que exitosamente defendieron las instituciones democráticas en los trece años que duró el intento de importar a Venezuela la revolución cubana, eran el brazo armado de Acción Democrática. El carácter no deliberante y obediente de unas fuerzas armadas disciplinadamente sometidas a la jefatura de un presidente democráticamente electo, su vocación primordial para la defensa nacional y la estabilidad de las instituciones democráticas y su juramento de respetar la Constitución “por encima de cualquier otra obligación” y la explícita declaración de que las Fuerzas Armadas están al servicio de la República y no de ninguna persona o parcialidad política, se probaron en los hechos. Hoy nadie puede decir lo contrario sin mentir. Esto se olvidó porque no fue reconocido así.

También se miente callando verdades que merecen ser dichas. Por una parte, la política de “pacificación” implicaba la indulgencia de quienes habían sido derrotados, apostando a que su reinserción en la vida política fuera de buena fe. Ello era un trago amargo para los paladares de quienes habían puesto la sangre de sus heridos y la vida de sus muertos para derrotar la lucha armada. Y sin embargo, tragaron. Y la reinsersión se produjo, en buena hora.

Desgraciadamente, no se tuvo la decencia, la honestidad la entereza ideológica ni la visión histórica para hacer de la victoria sobre la subversión castrocomunista, la columna vertebral de la ideología de institucionalidad militar de lo que debe ser la fuerza armada de un Estado democrático. Esta debía ser enseñada en la Escuela Militar a los cadetes. No lo fue.

Hoy no se conoce el nombre de un solo oficial, de un solo soldado muerto defendiendo la democracia. El sistema democrático de partidos, reinstalado en 1958 cantó la heroicidad de sus muertos durante la década militarista de 1948 a 1958 pero impidió que se reconociera la heroicidad de los policías y los militares caídos en defensa en la década de los ’60.

Los gobiernos que siguieron, resbalaron por la pendiente de la corrupción y relegaron a la fuerza armada al papel de guardia pretoriana de sus desafueros.

La destrucción del Ejército

En 1973 se inició una lamentable etapa de degradación política que llevó al estallido de la rebelión militar de 1992. En 1998, Hugo Chávez, fue el primer militar elegido por voluntad popular en la historia de Venezuela. Chávez no llegó a la presidencia por ser militar ni como militar. No fue nombrado por el Alto Mando Militar como lo fueron todos los gobiernos de 1948 a 1958, ni ocupo la jefatura del Estado como resultado de un golpe militar.

Cuando en diciembre de 1998 Chávez fue elegido, las apariencias hacían pensar que sería institucional y prudente en su relación con las Fuerzas Armadas de la cual era su Comandante en Jefe por mandato constitucional. La escogencia del General Raúl Salazar como su primer Ministro de la Defensa parecía apuntar en este sentido. Quienes pensaron esto, se equivocaron. Incluyendo a Raúl Salazar.

Desde el 4 de febrero de 1999, cuando Chávez hizo desfilar a los cadetes y las tropas de la guarnición de Caracas en el día aniversario de la rebelión de 1992, hasta el discurso del pasado 16 de mayo, cuando anunció las tres líneas estratégicas de la fase anti-imperalista de la revolución bolivariana, y lanzo su interpretación del Titulo VII de la Constitución, Chávez ha destruido al Ejército.

Chávez empezó ofendiendo, injuriando y maltratando públicamente a sus compañeros militares como nadie lo había hecho. Nadie ha violado, ha irrespetado y burlado de las leyes y reglamentos militares como lo ha hecho Chávez. Ni uno solo de los Presidentes civiles que gobernaron desde 1959 se hubiera atrevido a hacer o a decir lo que Chávez ha hecho y dicho en los cuarteles de otros militares. A ninguno de los presidentes militares de nuestra historia, desde José Antonio Páez a Isaías Medina Angarita, se le habría ocurrido decir de sus compañeros de armas, lo que ha dicho Chávez de los suyos.

En presencia de jefes de Estado extranjeros, Chávez repitió hasta la saciedad, la especie injusta, injuriosa y en todo caso desmedida que a todos los oficiales de las Fuerzas Armadas de los gobiernos de Pérez y Lusinchi, se le habían concedido sus ascensos por la mediación de las barraganas presidenciales.

El mecanismo de legitimación y camuflaje democrático del modelo militarista de Chávez fue la Constituyente. Uno de sus medios tácticos fue ha sido y es sigue siendo la agitación; otro la intimidación; otro la penetración del aparato administrativo del Estado por oficiales activos y retirados; otro, las tentaciones y oportunidades para el enriquecimiento ilícito de oficiales altos y bajos, y su impunidad cuando estos se han conocido.

Para lograr su propósito, Chávez tenía que desmontar y destruir la estructura institucional de las Fuerzas Armadas, como un cuerpo disciplinado, apolítico, al servicio de las instituciones del Estado democrático y no de una persona o parcialidad. Lo logró a un ritmo acelerado. Circunstancias fortuitas sobre las cuales no quiero hablar, le permitieron hacer las mayores purgas militares de nuestra historia.

Una parte importante de los oficiales del Ejercito se dejaron persuadir. Las herramientas de persuasión fueron y son muy poderosas. La ampliación del horizonte profesional de los oficiales activos hacia la amplia gama que les ofrece el Estado venezolano, era y es una tentación que muy pocas instituciones pueden resistir. Con ello, el Ejercito, le vendió su alma al diablo.

Hoy 24 de junio del 2004, puede decirse que Chávez logró su propósito de destruir una de las instituciones que tenían mayor prestigio en la sociedad venezolana y que a lo largo del siglo XX había evolucionado de las montoneras y el partido armados que fue en el siglo XIX a ser una fuerza armada disciplinada, con una elevada capacitación técnica y una indudable fuerza disuasiva.

Esa fuerza armada, en los años ‘60 derrotó el intento por instalar una dictadura comunista. En diversos incidentes, el más notable de todos el del “Caldas”, exhibió convincentemente la preparación, el espíritu y el equipamiento necesarios para cumplir una función disuasiva exitosa.

La complacencia con la cual los militares han aceptado desde 1999 que su Comandante en Jefe abuse del silencio al cual los obliga la disciplina, para escuchar sin derecho a la réplica, discursos y acciones groseramente violatorios de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y la Constitución, tanto la anterior de 1961 como la actual, no puede explicarse solamente por la lacerante contundencia de las realidades que acerca del estado socio-económico de los más pobres usa Chávez para justificar la patraña de los planes de auxilio social en los cuales se ha empleado a la fuerza armada.

El patético apremio con el cual Hugo Chávez invoca una y otra vez las necesidades de los mas pobres, han sido el envoltorio del contrabando de tentaciones y ocasiones para la corrupción de oficiales las Fuerzas Armadas, primero por la tentación que para la apropiación indebida de fondos públicos hace posible la ausencia de procedimientos contables y control; y segundo y mas importante, por todo lo que implica un “Plan” que las ha llevado a que oficiales y soldados vendan pollos baratos a la sombra de las estatuas de los próceres y los reclutas que apenas tienen un par de años para hacerse soldados, dejen de serlo.

Pero esa fue la punta de lanza para la conversión del Ejército en un partido, involucionando y regresando de esta manera al modelo de la fuerza armada del siglo XIX.

El 5 de julio de 1999 yo denuncié desde la tribuna de oradores del Congreso Nacional, en la sesión solemne de la cual fui orador de orden, que el plan de auxilios sociales no era pasajero ni ocasional, como lo son las labores de auxilio que han prestado y deben prestar las Fuerzas Armadas en situaciones de calamidad publica. Dije que era un plan con el propósito de hacer de ello función permanente de las Fuerzas Armadas. Advertí que con ello se corrompería seriamente las funciones propias del Ejército y se mermaría su preparación militar, tanto porque serian distraídas de lo que es su misión fundamental, pero sobre todo porque los hombres de uniforme estaban de hecho, siendo convertidos en los activistas políticos del partido del gobierno. Hoy, su resultado esta a la vista.

Quiero pensar que una razón para el acatamiento de los mandos de las Fuerzas Armadas al monumental desatino y a todo lo que estaba implícito en algo que en 1999 se veía encaminado a hacer de las Fuerzas Armadas un cuerpo deliberante y politizado, se debe en parte, a la ignorancia de todo lo que costó llegar a la formulación de la doctrina militar del Estado democrático.

Lo que se ignora no duele. El asunto es delicado y vasto y la ignorancia de sus antecedentes no es fortuita. La carencia de estudios serios y completos que profundicen el tema militar desde los diferentes puntos de vista que este debe ser examinado, no solo se debe a la indiferencia de historiadores, politólogos y juristas. Se debe, ante todo, a su tremenda complejidad y a las peculiares características de peligrosidad que el tratamiento del asunto militar tenía y tiene.

Para llegar en 1961 a formular la doctrina del Estado democrático contenido en el artículo 132 de la Constitución, se tuvo que despejar la cuestión de las facultades y limitaciones del mando supremo de un cuerpo que, por su propia naturaleza es y debe ser de rígida disciplina piramidal.

Sin embargo, el hecho es que se ignora cómo llegamos donde hemos llegado porque no se valora lo que se había logrado. Para llegar a formular lo que reza el artículo 132 de la Constitución de 1961, fue necesario definir el objeto, propósito y razón de las Fuerzas Armadas de un Estado democrático, y las limitaciones que como ciudadanos tienen o deben tener los miembros de una rama del Estado que debe ser profesional y permanente.

La aparente contradicción de que fue el gobierno de Juan Vicente Gómez el que lo inició, es apenas una de sus dificultades y contradicciones. Todo ello conforma un asunto complejo y delicado, que puede ser y de hecho ha sido, peligroso para quien lo aborde. Si la historia del Estado democrático que nace imperfecto en 1811, tiene hitos en la marcha hacia su perfección evolutiva; en cuanto a la definición de la doctrina militar del Estado democrático sus hitos no son claros porque son contradictorios: Gómez creó el Ejército permanente y la Junta Revolucionaria de Gobierno introdujo en la Constitución de 1947 la Doctrina de la Fuerza Armada del Estado Democrático. Explicar sus contradicciones no es fácil.

Además de ello, ningún Estado democrático, grande o pequeño, débil o poderoso, está eximido de las dificultades de definir las funciones de su estamento militar. Ninguno está libre de los peligros que vaguedades legales o vacíos constitucionales hagan posible el uso abusivo e ilegal del supremo comando que sobre la fuerza armada de un Estado democrático, tiene quien ejerce su mando supremo.

La primera y hoy única superpotencia del mundo, la cuestión militar-constitucional ha sido y es un problema de primera magnitud en cuanto a su complejidad conceptual. En los Estados Unidos, la legalidad de la facultad presidencial para enviar a sus Fuerzas Armadas a invadir Panamá y arrestar a su Presidente; lanzar bombardeos retaliatorios en Sudán y Afganistán; actuar en Yugoslavia o invadir y ocupar Iraq sin autorización explícita del Congreso, es un asunto de presente difuso y pasado confuso, sometido a un complejo y delicado debate, sin solución a la vista.

Por otra parte, la actitud que han tenido y el papel que han jugado los Ejércitos de Chile y España en la transición de las situaciones militaristas y autoritarias de Franco y Pinochet a una situación democrática da pie para la esperanza y debe ser materia de cuidadoso estudio pues ambos casos presentan ejemplos dignos de ser aplicados cuando llegue el momento de hacerlo. Y ese momento puede llegar. Cuando llegue es de desear que se tenga la claridad conceptual que en los sucesos del 11 y 12 de abril del 2002 no se tuvo.

La cultura política del golpe de Estado militar

La cultura política de los venezolanos de la segunda mitad del siglo XX es el producto la inconciliable ética de justificar el pacto de Rómulo Betancourt y Raul Leoni con Marcos Pérez Jiménez para derrocar al gobierno de Isaías Medina. Los venezolanos han sido educados a reverenciar el golpe de Estado de 1945 como la solución mágica que trajo la democracia. El golpe militar ha llegado a ser tenido como un recurso valido cuando las circunstancias sean tales que sirvan de punto de ignición.

El golpe militar en Venezuela como instrumento de cambio de gobierno no debe ser confundido con la concepción militarista. Pero ella era uno de los componentes de la coalición cívico militar que derrocó al gobierno de Isaias Medina.

Cuando las desaforadas ambiciones de Marcos Pérez Jiménez y Rómulo Betancourt se encontraron en mayo de 1945 y acordaron derrocar al General Isaías Medina Angarita, el más democrático gobierno que ha tenido Venezuela en toda su historia, ello desencadenó una sucesión de golpes militares. La mayoría fracasaron. Todos obedecian a la misma cultura: servirse de los militares como instrumento de cambio de gobiernos debilitados por razones políticas, económicas y sociales, cercanos al agotamiento, para ser remplazados por gobiernos de otros partidos.

Ver al recurso del golpe militar como un “instrumento de cambio de gobierno” sin examinar el aspecto ético y legal que es su requisito previo, es saltarse a la torera la cuestión fundamental de la pregunta que debe hacerse todo militar profesional auténticamente institucional: ¿Cuándo es lícito y moral proceder a la acción de derrocar a un gobierno deslegitimado, de conducta indefendible y proyecciones catastróficas? ¿Cuándo y en qué circunstancias, quienes tienen en sus manos los medios materiales para ejercer la violencia legal del Estado, están en la obligación moral y legal de usarla para corregir las aberraciones que las circunstancias los convierten en cómplices por omisión?
Esa cuestión, con todas sus aristas y variantes, es decisiva. Cada quien debe responder a la voz de su conciencia, pues esa es la cuestión que debe ser planteada cuando un país llega a la situación a la cual ha llegado Venezuela.

En Venezuela de lo que se trataba en 1992 era la corrupción de todo el aparato del Estado y la infección que ella le había trasmitido a la estructura militar, que se veía reducida a ser la guardia pretoriana de unos presidentes corruptos. Ese es el pasado inmodificable, que no puede servir de excusa para nada.

Hoy de lo que se trata es enfrentarse a la certeza que plantea la conversión de la Fuerza Armada en un partido político llevado a cabo -irónicamente- por el primer militar elegido Presidente por votación popular.

El asunto está lleno de contradicciones, que plantean cuestiones éticas y constitucionales delicadas y complejas que tienden a confundir el pasado con el presente y a justificar lo que ayer se hizo mal con lo que hoy se hace peor.

En la historia venezolana del siglo XIX, la institucionalidad militar era la lealtad al partido, al jefe y al caudillo. A partir de 1961, según la letra de la Constitución, fue la lealtad del poder militar a las instituciones democráticas de un Estado de Derecho. Eso se puso a prueba en el combate en contra de la subversión castro-comunista de los años sesenta. La prueba fue exitosa. La subversión fue derrotada militarmente. Lo fue, no por la fuerza Armada del Partido. Sino por la Fuerza Armada profesional de un Estado democrático.

Desgraciadamente, los gobiernos y la política de “pacificación” de Leoni y Caldera, carecieron de la entereza ideológica y la visión histórica para hacer de esa victoria la columna vertebral de la filosofía de la institucionalidad militar que debía ser enseñada en la Escuela Militar.

Los gobiernos que siguieron, resbalaron por la pendiente de la corrupción y relegaron a la fuerza armada al papel de guardia pretoriana de sus desafueros. Por eso, hoy conviene repasar lo que son y deben ser las características del poder militar de un Estado democrático.

Condiciones del poder militar de un Estado democrático

El poder militar de un Estado democrático debe cumplir algunas condiciones mínimas para poder serlo en propiedad. La primera condición es que el poder militar debe estar subordinado a los poderes civiles del Estado Constitucional de Derecho. Eso, en el entendido y en la medida en la cual esos poderes sean formal y sustantivamente legítimos y en ultima instancia, sean expresión de la voluntad nacional y no producto de una usurpación o un fraude.

La segunda condición del poder militar de un Estado democrático es que debe ser, debe actuar y debe sentirse, íntimamente integrado a la dinámica social y a la estructura sociopolítica de la nación. En un Estado democrático, los componentes humanos del estamento militar no deben ser, no deben sentirse y no deben actuar, como si fueran parte de un poder adjetivo, ajeno y sobrepuesto a la nación. Ni como su tutor y ductor, ni como su perro guardián.

Toda pretensión de ductoría militar lleva a la perversión militarista del Estado democrático. La función coactiva lleva a la perversión pretoriana. No puede reducirse a ser una mera herramienta de coacción, sumisa a un gobierno corrupto y deslegitimado al cual sólo le queda el poder militar para ejercer su autoridad perdida. Ese era el caso del gobierno de C. A. Pérez en 1992. El poder militar de un Estado democrático, tampoco puede erigirse en tutor de la nación como lo ordena y dispone el Título VII de la Constitución “Bolivariana” y la interpreta Hugo Chávez como lo hizo en su discurso del 16 de mayo.

La tercera condición es que el estamento militar debe ser y debe saberse un poder institucionalizado no un poder personalizado. Esta condición, es la mas difícil de cumplir, en un cuerpo armado en el cual la obediencia, la disciplina y la subordinación son esenciales. Ello trae en su vientre el peligro de la tentación del abuso personalista por quienes ocupan cualquier posición de mando militar, desde los más bajos hasta los más altos.

La tentación cesarista de quien ejerce la suprema autoridad militar es un hecho histórico conocido y reconocido como peligro potencial de toda república y toda democracia. El único medio para prevenir, evitar y corregir sus aberraciones es el respeto escrupuloso de la Ley por todas las partes involucradas. Todas.

La cuarta condición es que el poder militar debe estar, debe ser y debe verse a si mismo auténticamente representado en la estructura del Estado democrático. un poder militar subordinado, nacionalizado, institucionalizado y representado mide el nivel de constitucionalidad democrática de una fuerza armada. En la medida que estas cuatro condiciones se cumplan, la armonía del poder militar con los principios básicos de todo Estado democrático será posible.

Pero eso no es lo que establece la letra y el espíritu del articulado del Título VII de la Constitución “Bolivariana”. Allí se consagra la autonomía del poder militar frente al poder civil no su subordinación. Allí se proclama lo que se define como “Seguridad de la Nación” como un derecho supraconstitucional de la Fuerza Armada a tutelar a toda la sociedad.

Lo que en 1998 predicaba como su política militar el candidato Chávez, era una cosa. Lo que practicó el comandante Chávez es otra. Esa practica contradice las condiciones mínimas del poder militar de un Estado democrático. Con su política, Chávez ha llevado a la fuerza armada a la alienación de la nación, con subterfugios como el “Plan Bolívar 2000” y la aplicación de la doctrina de la unión civico-militar Lo ha hecho a extremos corruptores de la misión propia de la fuerza armada que nadie que no esté cegado por el oportunismo o la cobardía puede dejar de ver.

Desde en inicio de su gobierno, Chávez le dio a los mandos militares de las guarniciones, poderes ductores sobre los gobiernos regionales, a los cuales paralelamente debilitó y saboteó.

Chávez ha pregonado y practicado la personalización del derecho a mandar y a ser obedecido a un extremo fascistoide que no se creía fuera posible en Venezuela.

Chávez ha puesto en practica la identidad ejército-pueblo-caudillo que le aconsejó su mentor Norberto Ceresole.

Chávez no ha acercado al pueblo a la fuerza armada; ha creado un distanciamiento artificial y antidemocrático de la fuerza armada con la estructura de poder del Estado democrático.

Lo ha hecho cuando ha convertido a los comandos de guarnición, en centros del poder político regional.

Chávez ha debilitado y maltratado la capacidad de respuesta de la Fuerza Armada a extremos de gran peligrosidad, vista la amenaza que las fuerzas rebeldes colombianas representan para Venezuela… a menos que Chávez no las vea como una amenaza, sino como sus aliados naturales para su proyecto para la “Nueva Colombia” de la cual él se cree el “nuevo Bolívar”.

Entre lo que ayer pregonaba el candidato Hugo Chávez y hoy practica el Comandante en Jefe, hay un abismo. Como lo consigna Angela Zago en su libro, en 1998 el candidato Chávez se quejaba que “Los altos mandos siguen subordinados de manera casi absoluta al mandato político, a los partidos del status y sería sumamente extraño que un Ministro de la Defensa de los últimos años se levante ante el país a defender su profesión. (…)
Los miembros del Alto Mando Militar se sienten amarrados porque lo están. La única forma de mantenerse en sus cargos es estar comprometido con un silencio a veces denigrante. Tenemos casos de varios oficiales que han levantado su voz y entonces son condenados al ostracismo o enviados al exterior, o colocados en cargos de poca monta o frenados sus ascensos y si ascienden, les pasan por encima otros de menor rango sin méritos.

Basta comparar las palabras del Chávez de ayer con los hechos del Chávez de hoy para concluir que la fuerza armada y su institucionalidad, están en una situación mucho menos democrática y constitucional de lo que estaban durante el gobierno de Caldera que ordenó el sobreseimiento de los procesos que se le seguían a los militares rebeldes y les facilitó su incorporación a la actividad civil y democrática que fue la vía para que los dos candidatos presidenciales de hoy llegaran al poder.

Lo que Chávez firmó hace doce años

Hay un documento firmado hace doce años que contiene un raciocinio sólido y bien fundado. Por razones obvias ese documento tiene hoy una excepcional actualidad. En ese documento se define lo que sus firmantes entienden como “institucionalidad militar”. Sus firmantes fueron los Tenientes Coroneles Hugo Chávez Frías, Francisco Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta Hernández, Joel Acosta Chirinos, y todos oficiales y suboficiales miembros del ‘Movimiento Revolucionario Bolivariano’ (MBR 200), en ese momento presos por la rebelión militar del 4 de febrero de 1992.

El documento está simbólicamente fechado el 24 de junio de 1992, cuando el Ejército que ellos habían conmocionado en febrero, desfilaba ante su Comandante en Jefe, el Presidente C.A. Pérez.

Mucha agua ha pasado debajo del puente desde entonces. El hecho es que hoy, los firmantes de ese documento están seriamente divididos y enfrentados. Muchos de los firmantes de ese documento, como el Tte. Coronel Urdaneta Hernández, piensan de la legitimidad del gobierno de Chávez lo mismo que pensaban de la del gobierno de Pérez, a quien en 1992 intentaron derrocar y no sed han mordido la lengua para decir que hoy hay mas y mejores razones para insurgir en contra del gobierno de Chávez que las que habian en 1992 para insurgir en contra del de Pérez.

En ese documento, sus firmantes se dirigen a la nación “como ciudadanos venezolanos miembros de las Fuerzas Armadas, fieles a la Constitución y al juramento militar para exponer las razones que nos obligaron a insurgir”. Alegan interpretar “la voz del pueblo” y afirman enfáticamente que obedecen “la orden imperativa contenida en el articulo 132 de la Constitución de 1961” el cual citan íntegramente.

A partir de ese irreprochable raciocinio ético y legal, afirman que ese mandato es “una normativa cuyo objeto es precisamente marcar el sendero que debe seguir la institución armada en aquellas circunstancias excepcionales en que la subversión del orden constitucional y legal tiene lugar desde los poderes del Estado”.

La similitud con la situación actual no necesita ser subrayada. Es obvia. Ese documento lo firmaron, los dos candidatos que en la campaña presidencial del 2000 se acusaban entre sí de peores cosas de las que los movieron entonces a rebelarse. Por eso, sus palabras no son los truenos de una tormenta que pasó; son los de una tormenta que viene. Los comandantes rebeldes decían en 1992:

“La posibilidad de que pudiera surgir una situación tan desdichada para la República y la Nación fue sabia y previsoramente contemplada por la propia Constitución (de 1961) para impedir que el apoliticismo obediente y no deliberante de las Fuerzas Armadas las transformará, de pueblo en armas al servicio del Estado y de sus instituciones, en cómplices y sostén de los usurpadores de la soberanía política, de los traidores de la patria, de los saqueadores de la Hacienda Pública, de los hambreadores del pueblo en provecho propio, de los traficantes de honras y conciencias, de los destructores de todos los valores éticos y morales que nos legaron el Padre de la Patria y los Libertadores”.

Hoy doce años mas tarde, no hay que añadir una letra a lo que allí se alegó para justificar el derecho a la acción directa por quienes tienen en sus manos los elementos materiales para el ejercicio de la violencia legal del Estado y la defensa de sus instituciones.

No es posible eludir las comparaciones. En los pasados cinco años, Hugo Chávez ha presidido un gobierno que además de ser groseramente inepto y haber acentuado la crisis y el desempleo a niveles explosivos, es abiertamente corrupto.

El gobierno de Chávez exhibe hoy más vicios y mejores perversiones que los que eran patentes en 1992 en el gobierno de C.A. Pérez. Los casos y los ejemplos están a la vista. No han sido las viudas del pasado, sino los machos del presente, quienes los han sacado a la luz. Luis Miquilena, la más relevante personalidad de un gobierno que se decía “revolucionario” fue acusado por el Comandante Jesús Urdaneta Hernández de haber cometido delitos que no necesitan probanza, porque estaban a la vista.

Esos delitos dejan pequeños los que le costaron la presidencia a C.A Pérez y enviaron a la cárcel a Antonio Ríos. El favoritismo inmoral e ilícito por una empresa de seguros propiedad del financista del candidato Chávez, fue denunciado por Carlos Fermín, Director de la PTJ de ese gobierno y como tal, subalterno de Miquilena. Todo ello es una inmoralidad imposible de explicar. A confesión de partes, relevo de pruebas. Y la impunidad de la cual gozan los principales culpables de esos hechos escandalosos, son muestra evidente de un cinismo sin paralelo. ¿Es ésta la institucionalidad que hoy sostiene la Fuerza Armada venezolana?
Hoy, 24 de junio del 2004, es bueno recordar lo que el 24 de junio de 1992 firmaron los tenientes coroneles Hugo Chávez Frías, Humberto Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta Hernández, y todos los que con ellos estaban presos en el Cuartel San Carlos. Dice así ese documento:

“Al insurgir, () como soldados de la Patria obedecimos la orden imperativa contenida en el artículo 132 de la Constitución Nacional que nos manda “…asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra obligación. Las Fuerzas Armadas Nacionales estarán siempre al servicio de la República y en ningún caso al de una persona o parcialidad política…” Una normativa cuyo objeto es precisamente marcar el sendero que debe seguir la institución armada en aquellas circunstancias excepcionales en que la subversión del orden constitucional y legal tiene lugar desde los poderes del Estado, a través de un Ejecutivo tiránico e ilegítimo, un Legislativo sin representación popular y un Poder Judicial corrupto y corruptor, Es decir, un estado de cosas como el que hoy impera en Venezuela y la desgarra, en el que los representantes de los poderes del Estado violan de manera diaria y sistemática, la Constitución y las Leyes que juraron cumplir y hacer cumplir.”

Las conclusiones de ese documento, firmado hace doce años eran estas:

“Dicho esto, ¿cómo puede negarse un soldado venezolano al cumplimiento de misión que le impusiera, como última voluntad, el Libertador Simón Bolívar? ¿Cómo incumplir con la obligación impuesta por el artículo 132 de la Constitución Nacional? ¿Cómo renegar del juramento militar de defender a la Patria y sus Instituciones hasta perder la vida su fuera necesario? ¿Cómo olvidar la condición de pueblo en armas y traicionar a la Nación del cual formamos parte, y que ha manifestado su repudio colectivo al Presidente Carlos Andrés Pérez y a esta seudodemocracia, exigiéndole en abrumadora mayoría su RENUNCIA? ¿Cómo negar que el Presidente Carlos Andrés Pérez es el hombre que en dos gobiernos nos empobreció y endeudó fraudulentamente en beneficio propio y de sus cómplices, que empujó a la gran mayoría de la Nación a la miseria y a la mendicidad, que amenaza a su propio pueblo con invasiones extranjeras si persiste en repudiarlo, que puso en entredicho la independencia, soberanía e integridad de la patria, que impide la libertad de expresión y condona las amenazas de vida contra los disidentes, permanece indiferente ante la inseguridad publica y ante la violación de los derechos humanos a escalas inimaginables en las cárceles y retenes del País, e incita o tolera que los adulantes exculpan sus rasgos faciales y gestos en estatuas hechas a imagen del Padre de la Patria? ¿cómo negar que esto llena todos los extremos que los hombres y las leyes atribuyen al tirano? ¿cómo ignorar la responsabilidad de las cúpulas partidistas, económicas, financieras y militares en la postración de la República y su condición de beneficiarios y copartícipes voluntarios en este estado de cosas? ¡Por eso insurgimos! Porque como venezolanos, bolivarianos, soldados de la Patria y hombres de honor, no podíamos soslayar e ignorar las interrogantes formuladas. Menos aún las repuestas».

Este notable documento concluía con esta notable proposición:

“… hoy, ante la situación de degeneración política, económica y sobre todo moral que continua convulsionando y desgarrando la sociedad, el Movimiento Bolivariano Revolucionario (MBR-200) exige la Convocatoria a un Referéndum Nacional para Revocar el mandato al Presidente de la República, a los Parlamentarios que componen el Congreso Nacional y a los Integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Judicatura, la renovación general del Poder Judicial, así como la renuncia del Consejo Supremo Electoral, devolviendo de esta manera la soberanía a su propio elemento: AL PUEBLO VENEZOLANO. Este Referéndum nacional, automáticamente debe considerar la Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, en la cual se defina a través de una nueva Carta Magna, el modelo de la sociedad hacia el cual deba enrumbarse la nación Venezolana y en la cual no pueden participar ninguno de los responsables de la destrucción de la República. Desde los diversos sitios donde nos encontramos, en nuestras cárceles de dignidad y esperanzas, invocamos la VOLUNTAD NACIONAL para que podamos construir la salida del laberinto y la integración de un gobierno de emergencia. De no ser esto posible, de imponerse los intereses mezquinos, espúreos y antinacionales de las minorías dominantes, nada ni nadie podrá detener la continuación de los conflictos expansivos que desde hace más de un año se propagan por todo el escenario venezolano, en un espiral de violencia sangrienta que pudiera llevarnos a una guerra civil que queremos evitar a toda costa».

La ironía de este documento no necesita ser subrayada. Hoy como Presidente, Hugo Chávez crea con sus palabras, sus acciones y sus amenazas, una situación en la cual el mismo dilema se replantea para todos y cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Para quienes es más apremiante la necesidad de una clarificación conceptual de lo que está sucediendo hoy en Venezuela es para los militares. Son ellos quienes tienen que pensar y recapacitar lo que significa para ellos las ‘tres líneas estratégicas presuntamente aprobadas por el Consejo de la Defensa Nacional, y dadas públicamente por el Presidente como orden de operaciones al General Ministro de la Defensa. Son los militares que deben decidir si obedecen esas ordenes o si no mas obedecen.

Es obvio que hoy estamos en una situación de crisis de legitimidad, que afecta directamente a las Fuerzas Armadas, Ningún militar puede parapetarse detrás de una conducta inhibitoria.

El dilema no tiene escapatoria. O a los militares los convence la legalidad de lo que se está haciendo y los conquista el proyecto en marcha de convertir a las Fuerzas Armadas en un partido político, obediente al caudillaje de su jefe como lo hace posible el título VII de la Constitución por la forma como lo interpreta el Presidente; o los gana la obligación de actuar, según entiendan la gravedad de la legitimidad sustantiva que ha sido y está siendo vulnerada.

Hoy ya no se trata de proponer la celebración de un referéndum revocatorio del Presidente de la República como lo hizo Hugo Chávez en 1992. De lo que se trata es de la obligación de la Fuerza Armada de asegurar que el referéndum revocatorio que ha sido convocado por la voluntad, el coraje cívico de mas de tres millones de ciudadanos venezolanos, se celebre en circunstancias tales que se garantice que la expresión de la voluntad de la mayoría requerida para producir la revocación y la falta absoluta del Presidente, pueda ser expresada en las condiciones mínimas de paz seguridad transparencia y legalidad que se necesitan para que la voluntad de la mayoría sea respetada, acatada y cumplida.