El chuzo habilitado
El presidente Chávez se jacta de haber promulgado 49 leyes en un año, 4 por mes, 1 por semana. Se quedó corto. De las 49 leyes, 35 se aprobaron supuestamente en 12 días, lo cual es un récord mundial: significa casi 3 leyes por día. Sin embargo, la otra cara de la moneda son 14 leyes en 11 meses; es decir, un poco más de una ley por mes y muy por debajo de media ley por semana. Pero ¿a quién se quiere engañar con esta indigestión de cifras? Producir leyes no es como producir salchichas aunque el conde de Bismarck decía que quien le gustaran ambas cosas no deberían ver cómo se hacían.
Una evaluación con más sentido de la “hazaña” ha de tener en cuenta otros criterios. Por ejemplo, cuando se promulgó la ley habilitante el gobierno anunció con bombos y platillos un cronograma de trabajo según el cual en 196 días, es decir para agosto de este año, debía estar concluido el paquete de leyes. Esto significa un retraso de tres meses en el programa que él mismo se impuso. “Prueba no superada” como se decía en un popular programa de concursos televisivos. Sin embargo, hay más todavía que destacar: buena parte de las 35 leyes, si no todas, han sido simplemente anunciadas y no publicadas en Gaceta con lo que nos encontramos ante una verdadera estafa o una lámina más de zinc del rancho jurídico que ha erigido este sistema.
En el cronograma mencionado se preveía un amplio proceso de consulta a la sociedad de los proyectos de leyes. Consulta que, se supone, el Ejecutivo puede realizar más ágilmente que el Legislativo y que para la República “participativa y protagónica” era ineludible. Pues bien, buena parte de la “celeridad” alcanzada se ha logrado a costa de obviarla. Pero no para allí el asunto sino que se nos amenaza con otra ley habilitante más. No es cuestión de juego. Al Estado de Derecho, a los principios constitucionales, a los derechos ciudadanos y a la seguridad jurídica ni siquiera se le ha clavado un puñal sino un burdo chuzo.
Pero hay más todavía: se anuncia una nueva habilitante: ¿hacia dónde iremos por este camino si no se le pone coto al atropello? La Constitución ofrece una forma de hacerlo. Se trata del referendo abrogatorio de decretos emitidos por el Ejecutivo en virtud de autorización de la Asamblea Nacional. Este referendo sólo requiere un cinco por ciento de firmas del electorado para convocarlo y representa un medio viable y comprensible de acción a diferencia de las propuestas de referendo consultivo y nueva Constituyente. Formulo la invitación a estudiarlo y a aplicarlo rápidamente.
