El derecho de defensa en convulsionados tiempos
A ser notificados inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismos, o con el auxilio de especialistas.
Por tanto, cuando una persona se encuentra en esas condiciones, si opta por un abogado en lugar de un familiar, puede contactar a un profesional del derecho que sea de su confianza, o si no lo tiene o no puede costearlo, acogerse a la posibilidad de que se le asigne un defensor público, funcionario estatal autorizado para ello por la Ley Orgánica de la Defensa Pública.
Ahora bien, hay situaciones excepcionales en las cuales la persona se halla imposibilitada de contactar a un tercero, sea familiar o abogado, como sucede en convulsionados tiempos, como es el caso de las detenciones en masa que se efectúan en las calles de las principales ciudades de Venezuela con motivo de las protestas pacíficas que han sido protagonizadas durante los meses de febrero y marzo de 2014, cuando cientos de estudiantes y jóvenes han sido llevados a lugares de reclusión mientras se les pone en libertad o se les procesa.
En estos casos, han jugado importante papel una serie de organizaciones no gubernamentales (ONG), las cuales han venido asistiendo a los detenidos prestándoles no sólo la estricta defensa profesional, sino su colaboración para que se les hagan los exámenes que determinen los tratamientos curativos de las lesiones sufridas, si fuere el caso.
Una de esas ONG que ha tenido una actuación primordial ha sido el Foro Penal Venezolano que, como han informado los medios de comunicación, viene trabajando afanosamente en todas las regiones del país para hacer liberar a más de 2.314 detenidos o, al menos, lograr que los jueces penales les reenvíen a sus casas con medidas cautelares. De ese alto número, el FPV ha logrado limitar la privación de libertad al 4% de los procesados.
No es fácil cumplir una labor tan ardua como esa cuando las condiciones son adversas pero, como dice el lema del FPV, “no hay que hacer justicia con propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia”; y allí, en su misión, está precisamente la voluntad y el arrojo de sus fundadores y colaboradores, por lo que merecen todo el respeto y soporte de la sociedad.
