Es imperativo accionar revocatorios
Los países que han logrado un desarrollo sustentable lo han hecho con el esfuerzo concertado entre el sector público y el sector privado y un celo en la defensa de la propiedad privada. La actual encrucijada a la cual fue conducida Venezuela plantea dos escenarios contrapuestos: la imposición de un capitalismo salvaje de Estado con las implicaciones que ese régimen conlleva, y la defensa de la propiedad privada y el derecho de los venezolanos al trabajo en un ambiente de libertad y respeto a los derechos humanos. El gobierno dispone del poder para acelerar radicales cambios, pero los ciudadanos cuentan con herramientas para hacer valer sus derechos, opinar sobre asuntos públicos, revocar mandatos de representantes electos que traicionen su confianza, e influir en el cambio de rumbo del país.
Se ha malgastado un tiempo precioso, ingentes e irrecuperables recursos en un carnaval electoral cuyos resultados lejos de reafirmar las endebles bases del sistema ha menospreciado la voluntad de los ciudadanos. Desde el proceso constituyente y la aprobación de la Carta Magna de 1999, hasta la última consulta del 23 de noviembre de 2008, han sido persistentes las prácticas violatorias del gobierno que en su afán de afianzar su “proceso revolucionario” traiciona una y otra vez la opinión de las mayorías.
Platón, el célebre filósofo de la antigua Grecia, decía que “la razón y el valor siempre se impondrán a la traición y a la ingratitud.» La razón y el valor impulsarán los próximos pasos para frenar tanta ilegalidad. Primero hay que desmontar la matriz de opinión que induce a marginarse de las consultas bajo la premisa de ¿para qué continuar con esas mascaradas si igual se impondrá el poder de Miraflores? No, esa no es la vía, el camino es la organización para activar el Referéndum Revocatorio.
Los primeros revocados deben ser los diputados a la Asamblea Nacional (AN), los que aplicaron la guillotina a la Ley de Descentralización Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, aprobando una reforma que violenta su naturaleza y la convierte en un monstruo centralista en manos del ejecutivo nacional. Los diputados electos en el Zulia, Táchira, Lara, Portuguesa y en los demás estados, ya no representan a sus electores; traicionaron su confianza, perdieron identidad con sus regiones, y lanzaron por la borda el desarrollo planeado, los programas de vivienda y urbanismo, la atención de la niñez y la familia, la educación, la salud, todo.
La figura del Referéndum Revocatorio está contemplada en el Art. 72 de la Constitución vigente. Todos los cargos de elección popular son revocables, transcurrida la mitad de su período. Un número no menor del 20% de los electores inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar un mandato, y la remoción se produce con la aceptación del 25% como mínimo de ese electorado.
Los legisladores nacionales fueron electos en el 2005 en un proceso con 72% de abstención, la más alta de nuestra historia electoral. Con resultados pírricos arrancan con una crisis de legitimidad que durante el período no han logrado contrarrestar. Por el contrario, le han dado la espalda a sus regiones. Violaron el Art. 197 de la Carta Magna que los obliga a atender las opiniones del electorado, mantenerlo informado y dar cuenta anual de su gestión, el Art. 206 que señala que los Estados serán consultados por la AN, a través del Consejo Legislativo, y el Art. 211 de la Constitución Nacional que ordena la amplia consulta a los órganos del Estado, a los ciudadanos y a la sociedad organizada en torno a la discusión de leyes. En su lugar impusieron un adefesio sesgado, el “parlamentarismo de calle” que discrimina a las mayorías.
En la Casa de las Leyes se quebranta la legalidad. Con honrosas excepciones de diputados que se apartaron de la aplanadora oficialista, la AN se convirtió en el brazo ejecutor del proyecto presidencial desdeñando la voluntad popular. La reforma a la Ley de Descentralización fue aprobada de un plumazo. Así ocurrió con la Ley del Distrito Capital, y sucederá con la Ley de las Comunas, de los Consejos Comunales, de Propiedad Social, y todas las que confluyan hacia la Ley Orgánica de Ordenación y Gestión del Territorio, y la “Nueva Geometría del Poder”, denegada en la reforma constitucional. La verdad es que hay motivos más que suficientes para revocar mandatos. Solo falta que la sociedad organizada tome la iniciativa y proceda.
