Ha profanado el sagrado suelo de la Patria…
Hasta el cansancio, gobierno tras gobierno han aludido a la famosa sentencia de Cipriano Castro al momento de rechazar cualquier intervención de otro país en el nuestro. Desde la invasión armada cubana por Machurucuto, que significó su expulsión de la OEA, hasta el incidente del Caldas cuando Lusinchi. La broma es que, hasta ahora, el peligro objetivo de que la planta insolente se instalara en territorio nacional era muy mal vista porque pretendía violar el sagrado suelo de la Patria a punta de armas y eso no significaba otra cosa que guerra y destrucción para nuestros compatriotas.
Pero ocurre que desde hace un tiempazo, y sin que nos hayamos dado mucha cuenta, la planta insolente de los extranjeros cubanos no sólo ha venido profanando el sagrado suelo de la Patria amparados por los «colaboracionistas» gubernamentales, sino que el chuzo que nos han estado metiendo, tan suavecito y con exceso de Vaselina, recién ahora (y me disculpan la metáfora tan ramplona), ha comenzado su verdadera función de atravesarnos la yugular sin que nos haya dado ni siquiera tiempo de decir esta boca es mía.
Obviamente no me refiero a Barrio Adentro, con sus paramédicos poniendo curitas y recetando aspirinas a diestra y siniestra, que tan simpáticos le caen a tanta gente abandonada de asistencia. Tampoco a la toma del Ministerio de la Cultura, donde no se mueve una firma sin que los «asesores» cubanos den el visto bueno, organismo donde, por cierto, me consta que no son bienvenidos y los chavistas más chavistas maldicen bajito a cualquiera que llegue con su acento isleño a repartir órdenes y criticar, como critican, las condiciones miserables en que viven los pobres de Caracas.
Quizás más peligroso, por lo abusivo del asunto, es la existencia de un «Vice Ministerio Cubano-Venezolano» que funciona en las entrañas del Ministerio de Salud y donde los funcionarios, todos cubanos, son los únicos, leáse bien, los únicos autorizados para dar cifras sobre mortalidad infantil en los barrios caraqueños, por decir algo.
Porque si de algo saben los camaradas castristas y sus funcionarios del G2, tan instalados en Venezuela como las bases gringas en Colombia, es del valor de la información. Por eso, y enumerando la larga lista donde trabaja impunemente la planta insolente del extranjero, han tomado los registros y notarías (quién tiene qué y dónde), la Onidex y, según denunciaron hace poco algunos gobernadores electos un poco más democráticamente que Fidel, también se les ha entregado la administración de puertos, seguramente como resultado de algún armisticio o rendición clandestina que firmó nuestro gobierno con los Castro, luego de una guerra que nunca supimos que ocurrió.
Y como en los manualitos de guerra básicos, cada vez que un país ocupa a otro su primera función es desmoralizar a algunos adversarios, hacer colaboracionistas a otros y lavarle el cerebro al resto, pues la invasión extranjera ya comenzó a hacer de las suyas con los hijos de Bolívar, qué vergüenza, quienes andamos dejando muy mal al Padre de la Patria al permitir que su guerra de independencia se esté perdiendo, colonizados como estamos hoy día, quién lo diría, por los herederos de Martí. Porque la etapa siguiente de esta ocupación solapada, caballeros, es el control de los medios de comunicación. Y en eso andan.
Que basta con leer la Constitución de la República de Cuba para enterarnos, con la bocota abierta, de que ya la planta insolente del extranjero ha comenzado a colarse también en la nuestra, pero sin ningún disimulo. Veámos lo que dice: «Artículo 53º.- Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad… La ley regula el ejercicio de estas libertades».
De hecho, en febrero de 1999, se reguló el ejercicio de esa libertad nada menos que con la Ley 88, «De protección de la independencia nacional y la economía de Cuba», conocida en la isla como Ley Mordaza, y gracias a la cual quienes hacen críticas al régimen pueden ser castigados hasta con 20 años de cárcel y confiscación de bienes. Los tribunales la estrenaron en el 2003 para encarcelar a 75 disidentes, entre ellos 26 periodistas.
Esta Ley, cuyo propósito es «sancionar aquellas acciones que en concordancia con los intereses imperialistas persiguen subvertir el orden interno de la Nación y destruir su sistema político, económico y social», busca, como la «Ley Ortega Díaz», que cualquiera pueda ser acusado de lo que sea y enviado a prisión por cuanto tiempo le dé la gana al dictador cubano, porque, si se ponen a ver, cualquier cosa puede estar en concordancia con los intereses del imperialismo, igualito que aquí.
Y si no me creen que la ocupación cubana ya está instalada en Miraflores, lean el artículo 128º de su Constitución: «La Fiscalía General de la República constituye una unidad orgánica subordinada únicamente al Poder Popular y al Consejo de Estado… El Fiscal General de la República recibe instrucciones directas del Consejo de Estado», el cual, como sabemos, es el mismísimo Fidel.
