Justicia secuestrada
Las oscuras revelaciones del exmagistrado Aponte Aponte ratifican el grado de corrupción e inmoralidad que caracteriza hoy al sistema de justicia venezolano. El secuestro del Poder Judicial y del Ministerio Público por parte del Ejecutivo nacional, ha acabado con cualquier vestigio de Estado de Derecho en nuestro país.
Eladio Aponte es producto de 13 años de recurrentes violaciones a los procedimientos constitucionales para el nombramiento de magistrados, jueces y fiscales. En la gran mayoría de los casos, la obsecuencia al oficialismo ha sido la única credencial necesaria para acceder a todas las instancias de la administración de justicia. Esta triste realidad se ve traducida en impunidad, retardo procesal y dificultades en el acceso a la justicia. El venezolano de a pie es el que ha terminado pagando el grueso de las consecuencias.
Las afirmaciones de quien, encumbrado por la revolución, llegó a ser Fiscal General Militar y presidente de la Sala Penal del TSJ, no es un asunto que pueda ser despachado con la cartilla de la retórica oficial. La manipulación de la justicia por parte del jefe de Estado y del vicepresidente de la República, la penetración del narcotráfico en diversas instituciones del país y la condena de presos políticos con pruebas amañadas, son acusaciones de gran peso. Lamentablemente, las declaraciones iniciales de los voceros del Gobierno dejan ver que nada se investigará al respecto.
Aponte Aponte no es ningún héroe. Todo lo contrario, durante años fue otro esbirro que sirvió como instrumento para perseguir a inocentes en representación de un régimen totalitario. Sin embargo, su descalificación personal no puede impedir el establecimiento de la veracidad de sus denuncias. Esto es precisamente lo que se pretende desde el poder.
La destrucción de las instituciones es seguramente el peor daño que el chavismo le ha causado a Venezuela. Un país sin una justicia independiente y autónoma no puede transitar la senda del progreso.
