La educación secuestrada
La generalizada paralización de las actividades educativas, casi siempre por huelga, constituye una toma que retiene el ejercicio del proceso enseñanza-aprendizaje de carácter escolar.
Sus causas casi siempre son de índole económica y tienen que ver con la cancelación de sueldos o salarios o la búsqueda de mejores condiciones salariales. Sin embargo, en muchas ocasiones y a pesar de la voluntad expresa de los administradores de cumplir con lo adeudado y de mejorar los sueldos y salarios siempre se va a la huelga.
En esta circunstancia actúan los objetivos o intereses políticos que inciden con mucha fuerza en los gremios o sindicatos. Objetivos e intereses que también se convierten en estrategia para hacer oposición y alcanzar posteriormente cuotas de poder. La cuestión, por ser casi cotidiana, genera un estado de indiferencia por no decir de normalidad, ya que parece que a nadie le importa.
Por supuesto que los más afectados son los estudiantes, y ellos por su escasa organización e información para participar no asumen con la debida fortaleza la defensa del derecho al estudio. Igual ocurre con las familias que se encuentran indefensas ante tales hechos, debido entre otras razones a la escasa cultura de participación que tenemos.
Sin embargo, signos alentadores se observaron recientemente en el Zulia cuando frente a la Gobernación del Estado se hicieron presentes padres y representantes para rechazar la huelga de los maestros dependientes del Gobierno Regional, y un Tribunal del Zulia, apoyado en la Ley orgánica para la protección del niño y del adolescente decidió a favor del derecho al estudio, ordenado algunas medidas para restituir las actividades educativas.
Todo lo que está ocurriendo con la paralización de las actividades educativas pareciera indicar que es letra muerta lo que la nueva Constitución establece cuando señala que la educación es un derecho humano y un servicio público. En tanto derecho humano la educación es una propiedad colectiva, es de todos, y en cuanto a servicio público la educación satisface necesidades humanas, ella se realiza en función de los intereses formativos que generan utilidad y beneficio tanto material como espiritual.
En este orden de ideas la Gerencia y Administración de la educación y la Ley del Trabajo deberán ser más compatibles con los conceptos de la educación como derecho humano y servicio público, esto implica necesariamente convertir en realidad la prioridad de la educación como inversión económico-financiera y establecer mecanismos de control para impedir que la huelga siga siendo un juego político, un toma y daca para obtener posiciones de poder. Y por supuesto que los programas de formación y actualización docente, así como los de educación continua deberán estar orientados a reivindicar el valor jerárquico de la educación como derecho humano y servicio público.
La educación secuestrada por las huelgas también viola el concepto constitucional según el cual educación y trabajo son los procesos fundamentales para establecer una sociedad democrática, entendiéndose que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad y permanente. Nada de eso podrá ocurrir mientras la huelga sea estrategia para hacer oposición y obtener cuotas de poder.
