Opinión Nacional

La educación, un derecho rentable

El trabajo infantil es un mal remedio para las economías familiares de los países empobrecidos porque descuida la formación de los hijos. Un niño que desempeña trabajos peligrosos y no tiene tiempo para ir a la escuela no adquirirá las capacidades y la fuerza necesarias para aprovechar sus oportunidades en el futuro. El desarrollo de algunos países es difícil si se tiene en cuenta que hay más de 240 millones niños en todo el mundo que entregan sus energías a un trabajo desde temprana edad.

Un informe de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) señala las consecuencias económicas de erradicar el trabajo infantil. En América Latina, donde trabajan 20 millones de niños, los beneficios de mejorar su educación y su salud triplicarían los costes necesarios hasta alcanzar más de 340 mil millones de dólares. Mucho mayores serían en Asia, donde se encuentran el 60% de los niños; y en el África subsahariana, con un 20%.

Este estudio se enmarca dentro del IPEC (Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil), una iniciativa de cooperación con los gobiernos y con organizaciones sociales que trataban de acabar con el trabajo infantil. En diez años se pretende acabar con las peores formas de trabajo, prácticas esclavistas o trabajos perjudiciales para la salud y seguridad del niño. Un 70% del total de los niños trabaja en la agricultura, pesca o silvicultura. No llegan al 10% los que trabajan en comercios, restaurantes y hoteles. Y son menos los que lo hacen en el servicio doméstico, en el transporte y, en contra de lo que pueda parecer por la atención informativa, los que están atrapados en las redes de explotación sexual.

Que un niño en una familia sin recursos vaya a la escuela es difícil porque aporta un sueldo imprescindible para el hogar. Como medida urgente, es preciso dar fin a los trabajos más peligrosos y llevarlos a unos empleos adecuados. Sin embargo, los derechos del niño a jugar, a aprender y a desarrollar su talento pueden peligrar si la familia estima que el tiempo de trabajo es más productivo que el de la escuela. Por ello la educación es la mejor alternativa al hacer personas capaces de desempeñar empleos dignos y en sectores más modernos. Y de este modo se ayudará a reducir las desigualdades y la excesiva dependencia del sector agrario.

Con el fin de que las familias sustituyan los ingresos de sus hijos se contemplan ayudas económicas. Tal es el caso del programa comida por educación en Bangladesh, o del llamado Bolsa Escola, llevado a cabo en Brasil, por el que se otorga un sueldo al niño a cambio de que la familia cuide de que acuda a la escuela. Las familias tienen una gran responsabilidad. Pero el IPEC considera al resto de actores sociales tales como periodistas, educadores, estudiantes, inspectores de trabajo, policías, ONG e incluso los propios niños a la hora de confeccionar herramientas para enfrentar el trabajo infantil.

La pobreza es sólo una causa más y no justifica esta forma de explotación. No hay que esperar a que se reduzca para mejorar la situación de millones de niños que se ven obligados a participar en la economía familiar. Lo urgente es proteger a los menores para solucionar de raíz el problema del trabajo infantil. Según los estudios de la Organización Internacional del Trabajo, las inversiones del programa durarían hasta 2020, pero los beneficios derivados de ellas se obtendrían desde esa fecha durante al menos 40 años, la edad laboral media de un trabajador. Es viable porque el coste es pequeño en comparación con el esfuerzo económico por parte de los países para financiar el servicio de la deuda o las fuerzas armadas e incluso para otros gastos sociales.

Fuente:
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