La universidad pública atenazada
Las universidades públicas viven un momento aciago. Están atenazadas por la insuficiencia presupuestaria a que las ha condenado el gobierno, que no ha reconocido ni siquiera el efecto de la inflación, congelando por casi una década su presupuesto; y por unas remuneraciones precarias de su personal académico, administrativo y obrero que no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas, que no ha recibido ningún aumento en los últimos años.
Se ha pretendido doblegar a las universidades autónomas con el expediente de reducir su presupuesto en términos reales, restringir su acceso a fuentes alternativas de ingresos, buscando que modifiquen su orientación.
Al mismo tiempo se han congelado los aumentos de sueldos y salarios con el mismo propósito. Ya no es una exageración decir que se ha sometido a los universitarios a sueldos de hambre. Un profesor instructor a tiempo completo recibe una remuneración menor al salario mínimo. Lejanos los días en los cuales el escalafón del personal académico de las universidades se asemejaba al de las fuerzas armadas. En ese entonces un profesor titular ganaba lo que un general. Ahora hay una discriminación odiosa donde el servicio civil es menospreciado.
Este intento de someter a las universidades públicas y autónomas a una visión unilateral del mundo ha llegado a extremos inimaginables. Las labores académicas han sido sometidas a un continuo deterioro, y si no se han paralizado en su totalidad es por la vocación de servicio y la mística de quienes ejercen esas funciones. Pero estamos en el límite, tanto por el escaso presupuesto de funcionamiento como por las remuneraciones precarizadas de los trabajadores.
El daño que la irresponsabilidad del gobierno está haciendo a la universidad pública no se resume a quienes laboramos en ellas y a sus estudiantes. Se está poniendo en peligro un patrimonio de gran valor para el progreso de la sociedad venezolana. Aunque los voceros gubernamentales parecen olvidarlo, las universidades además de la docencia de pregrado y post-grado, tienen funciones vitales en la investigación y en los servicios a la comunidad. Todos estos renglones están siendo afectados de manera grave. Un deterioro que no se repone de un día para otro. De allí la urgencia de una política responsable de financiamiento para las instituciones universitarias y una remuneración adecuada para su personal. Desarrollar estas capacidades requiere mucho tiempo de maduración, no se improvisa. Dañar estas funciones neurálgicas de la universidad pública, como se está haciendo, es gravísimo para el futuro de nuestra sociedad y para aportar el conocimiento que fundamente la construcción de un país próspero y equitativo.
La defensa de la universidad pública no nos atañe sólo a los universitarios. Así lo están entendiendo cada vez mayores sectores de nuestro país. Son instituciones básicas para defensa de la democracia y para hacer prosperar el conocimiento.
Seguirlas atenazando y precarizando es un acto de suprema irresponsabilidad. Se impone un cambio de óptica en el gobierno que todavía estamos esperando. Ojalá que se imponga lo más pronto posible y sean sensibles a la legítima protesta universitaria.
