Los números y la Ley

Las repetidas acusaciones de fraude del Presidente Chávez y la denuncia del vicepresidente del CNE Ezequiel Zamora de que hay saboteadores en el cuerpo encargados de torpedear la validación de las firmas, han creado un estado de incertidumbre en relación a lo que esta sucediendo o puede suceder en el CNE y de zozobra y alarma en cuanto al destino final de la solicitud para que convoque el referéndum revocatorio solicitado. Por el momento, los fríos números de las firmas de la solicitud para que el CNE convoque el referéndum revocatorio del Presidente son estos:

Primero: En la jornada de recolección de firmas que concluyó el pasado 02 de diciembre, se recogió un total de 3.448.747 firmas.

Segundo: La Empresa Sumate fue encargada por los promotores de la operación de recolección de firmas, agrupados en la Coordinadora Democrática, para revisar las firmas, de acuerdo a las normas de validación de firmas contenidas en la resolución 031120-794 del 20 de noviembre del CNE. Realizada en forma abierta, transparente y altamente tecnificada que yo personalmente verifique, encontró que 79.931 firmantes no estaban registrados como electores en el CNE y 185.810 firmas tenían defectos que las invalidaban, resultando un total de 265.741 firmas retiradas del total recogido.

Tercero: Como resultado de ello, el pasado 19 de diciembre, la Coordinadora Democrática entregó al CNE los originales y las copias de las planillas contentivas de 3.183.006 firmas Las copias fueron selladas por el CNE y se encuentran a buen resguardo en posesión de la Coordinadora Democrática. Todo ello ha sido grabado en un Disco Compacto que esta siendo repartido a las Embajadas de los países amigos, a la OEA, la ONU el Centro Carter, medios de comunicación nacionales e internacionales y las ONG nacionales y extranjeras que lo soliciten. Las planillas originales están a la espera de que se inicie el proceso de su verificación. Se dice que hay –pero no me consta- alguna resistencia a que este proceso sea presenciado por los observadores de la OEA.

Cuarto: El Consejo Nacional Electoral acordó a los efectos del articulo 72 de la Constitución, que el requisito del 20% del total de Electores inscritos para que proceda a convocar el referéndum revocatorio, quedó fijado en 2.436.083 firmas. Eso quiere decir que el pasado 19 de diciembre se entregaron 746.923 firmas adicionales a las requeridas.

Quinto: El Presidente de la República y varios destacados miembros de su gobierno, del parlamento y de los partidos que lo apoyan, aseguran y repiten que quienes recogieron o procesaron las planillas incurrieron en ilícitos electorales en una escala masiva, al punto que aseguran que apenas se recogieron 1.900.000 firmas. Eso quiere decir el CNE deberá invalidar 1.283.006 firmas para no desmentir al Presidente, y cuando menos 747.923 para declarar que la solicitud es improcedente por lo haber logrado el 20% de electores requeridos.

Estos son los números. Ahora veamos que dice la Ley.

La guerra o la paz

La ley dice que la obligación del CNE de convocar a un referéndum en el cual, según su resultado, se revocará o se ratificará el mandato de Hugo Chávez, nace de la concurrencia en unidad de propósito de la solicitud firmada por la quinta parte de los electores inscritos, establecido en 2.436.083 firmas, ni una mas. El numero excedente de firmas solicitantes no robustece el carácter obligatorio que la solicitud adquiere cuando completa las 2.436.083 firmas requeridas.

En el momento en que la concurrencia de solicitudes alcanza el numero de firmas requeridas, la iniciativa popular se convierte en un derecho creador del deber ineludible del Poder Electoral de convocar ipso facto el referéndum solicitado. El CNE no tiene potestad discrecional para ejecutar la orden del Pueblo Soberano y convocar, organizar y ejecutar el referéndum revocatorio solicitado cuando quiera o sujetarlo a la apelación que pueda hacerse de su decisión. Verificada la concurrencia de firmas en la cantidad del 20% de los electores inscritos, la solicitud se convierte en deber del CNE que esta en la obligación de proceder inmediatamente con diligencia y sin dilación alguna a convocar el referéndum revocatorio solicitado fijando su fecha.

Por otra parte, si bien es cierto que el excedente de firmas requeridas, no hacen que la obligación del CNE sea mayor, la falta de una sola firma para completar el número requerido mata el derecho de los 2.436.082 electores que firmaron a que su solicitud sea atendida, sin que exista posibilidad de repetición del procedimiento para subsanarlo.

Eso es lo que dicen los números y la ley. Pero lo que dice el sentido común es que si el CNE niega o acepta la solicitud por una firma, ello desataría una situación que puede llevar a la guerra. La realidad política y emocional del país necesita de la contundencia que le dan las firmas excedentes. Es eso lo que da la tranquilidad que no fue un tecnicismo necio lo que hizo que la solicitud para convocar el referéndum revocatorio del Presidente fuera aceptada o negada. Por eso, el canto de fraude del Presidente es peligroso e inaceptable. Pues para complacerlo, al CNE no le basta anular las 746.923 firmas excedentes, sino que tendría que anular no menos de un millón de firmas. ‘

El problema actual consiste que la concurrencia suficiente o insuficiente de voluntades expresadas con firmas solo es demostrable por la misma autoridad destinataria de la solicitud, la cual queda obligada a cumplirla si verifica que se ha logrado el numero requerido y eximida de hacerlo si esto no se ha cumplido. El asunto se agrava cuando el Presidente a quien se le quiere someter a referéndum, alega que la oposición cometió un colosal fraude al punto que de las 3.183.006 firmas revisadas y depuradas minuciosamente y consignadas el pasado 19 de diciembre, solo 1.900.000 son validas y 1.283.006 han sido forjadas y falsificadas.

Esto plantea la necesidad imperativa de que alguien verifique al verificador. Y esto solo pueden hacerlo los observadores internacionales.

La memoria histórica

El Decreto Nº 3 de Hugo Chávez, firmado el mismo día de su toma de posesión, el 2 de febrero de 1999, fue el punto de partida de una secuencia de comedias fabricadas con engaños, falacias y juegos de palabras que hicieron posible los malabarismos electorales que nos han traído al laberinto de mentiras en el cual estamos encerrados los venezolanos. A falta de nada mejor, hoy nos vemos obligados a defender una legalidad constitucional que nació viciada y a la cual nos aferramos

La primera comedia fue el referéndum consultivo del 25 de abril de 1999 en el cual se le pidió a los electores responder afirmativa o negativamente a la pregunta si deseaban convocar la elección de una Asamblea Constituyente “con el propósito de transformar el Estado y crear un ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una Democracia Social y Participativa”. Los electores que habían elegido mayoritariamente a Chávez, respondieron con la mas alta abstención de la historia electoral venezolana pues el 62.35% se abstuvo y esta abstención sumada a los votos negativos llevaron a que el 68% de los electores le negaran validez jurídica y moral a esa consulta.

Al referéndum aprobatorio del 15 de diciembre de 1999 concurrieron 5.032.674 votantes que representaban el 46% de los electores Los votos afirmativos en el referéndum aprobatorio fueron 3.522.871 Estos eran el 70% de los votantes pero solo el 32.2% de los electores. Los que votaron ‘no’ y los que se abstuvieron representaban el 67.80% de los electores. Solo por esto, la Constitución ‘bolivariana’ esta viciada de nulidad absoluta pues fue aprobada por el 32.20% de los electores que representan menos del 15% de la población.

Después de esto, muy pocos cayeron en cuenta que el 22 de diciembre de 1999 se produjo el golpe de Estado mas artero y completo de la historia constitucional de Venezuela y posiblemente del mundo. Ese día, apareció publicado en la Gaceta Oficial Nº 36.859 el Decreto sobre el Régimen de Transición del Poder Público, con el cual se violaron dos Constituciones de un solo golpe: la de 1961 que estaba vigente y la de 1999 que había sido aprobada pero que se la publicaría y se la haría entrar el vigencia el 31 de diciembre.

Ese 22 de diciembre de 1999 los venezolanos estaban aturdidos por la inmensa tragedia del deslave, cuando el golpe de Estado se ejecutó, sin que nadie protestara y muy pocos cayeran en cuenta de lo que estaba sucediendo. Mediante ese Decreto se disolvió al Congreso legítimamente elegido para remplazarlo por una Comisión Legislativa Nacional’ socarronamente llamada ‘Congresillo’ que actuaría como Poder Legislativo y que nadie había elegido. Lo mismo se hizo con las Asambleas Legislativas de los Estados sustituyéndolas por Comisiones Legislativas de cinco miembros.

La Corte Suprema de Justicia pasó a llamarse Tribunal Supremo de Justicia y los magistrados de la Corte que habían comprado su permanencia en el Tribunal con la vergonzosa sentencia que declaro el carácter ‘originario’ de la Asamblea Nacional, pasaron a ocupar las nuevas Salas Constitucional, Social y Electoral nombrados por el Decreto Golpista. La lista de lo que ese Decreto bigolpista hizo y deshizo es muy larga y llenaria todas las paginas de este diario… para nada.