Opinión Nacional

Pdvsa y las zonas de seguridad

El ministro Rafael Ramírez ha realizado este mes de septiembre varios anuncios al país vinculados con la explosión hace un año de la Refinería de Amuay, el 25 de agosto de 2012. Estos pueden resumirse en: 1) La explosión fue por causa de un sabotaje. 2) Se emprenderán acciones para construir una zona de seguridad en torno al complejo refinador mencionado con el firme propósito de resguardar dichas instalaciones y preservar la integridad de las comunidades. 3) Serán revisadas todas las zonas de seguridad de la industria petrolera por empresas internacionales. 4) Las personas que habitan en las zonas aledañas a las instalaciones petroleras serán reubicadas, ya que el crecimiento poblacional se ha hecho cada vez mayor y genera condiciones de vida no aptas para la comunidad.

El 30 de agosto del 2012 señalábamos en esta columna: «El país debe saber que en el año 2005 Pdvsa presentó a la consideración del Presidente de la República un Proyecto Decreto con el objeto de ejercer un control efectivo y proteger la refinería de Amuay ante posibles riesgos internos y externos; así como poder brindar protección a la población que habita en los espacios adyacentes a sus instalaciones.

De haberse suscrito este Decreto por Chávez y cumplido el régimen legal previsto para la Zona de Seguridad de esta instalación petrolera, las consecuencias que se suscitaron en ocasión de la explosión en la refinería Amuay hubiesen sido de menor impacto sobre personas y bienes.

El país debe saber que Pequiven Morón, Pequiven El Tablazo y el Complejo Criogénico de Jose afortunadamente disponen de Zona de Seguridad declarada, pero lamentablemente no hay autoridad que haga cumplir el régimen de protección previsto para bienes y personas en ella comprendidas.

También debe saber el país que la anarquía propiciada por el propio Presidente de la República en Zonas de Seguridad como la de la Base Aérea Libertador o la del Fuerte Tiuna, donde se confunden deliberadamente objetivos militares con viviendas para civiles, puede llegar a ser un crimen de guerra para el caso de conflicto armado, entre otras fatales consecuencias que se pueden generar.» Es claro que desde el poder insisten en engañarnos. Por lo pronto: a) el sabotaje no ha podido demostrarse. b) Alguien debe responder penal o civilmente por la omisión en el deber de dictar una zona de seguridad alrededor de Amuay cuando todos los trabajos estaban realizados para ello. c) No hacen falta empresas internacionales para realizar el estudio de las zonas de seguridad, pues hay 103 dictadas a la fecha gracias a un trabajo monumental que ha sido adelantado por décadas en la Secretaria del Consejo de Defensa de la Nación y lo que hace falta es voluntad política para hacer cumplir el régimen de las zonas de seguridad y no utilizarlo solo para impedir protestas, lo cual es inconstitucional.

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