Polémica jurídica

“justicia viene siempre a ser sinónimo de virtud, con una pequeña diferencia formal: la virtud hace bueno al hombre; la justicia lo hace bueno para con los demás””

Santo Tomás de Aquino
Filósofo y teólogo

SIGUE FUERA DE CIRCULACIÓN EL DIARIO EL SIGLO DE MARACAY.- Definitivamente en Venezuela desapareció el Estado de Derecho. Lo que está ocurriendo en el diario El Siglo, matutino de los valles de Aragua, no tiene nombre. En este caso el gobernador Didalco Bolívar asumió el papel de Juez y atendiendo una solicitud de amparo policial que le hicieran los socios minoritarios de la empresa, decidió asaltar él mismo, al mando de un pelotón de más de 100 funcionarios de la Policía de Aragua, las instalaciones del periódico, desalojando violentamente a los 280 trabajadores que prestan sus servicios en la empresa, además de no solo no dejar entrar al edificio a los socios mayoritarios, sino agredirlos salvajemente, como ocurrió con el ingeniero Manuel Capriles Hernández y Mary Alicia Capriles Mendoza. Hoy el conflicto arriba a su sexto día y el diario sigue fuera de circulación. En las últimas horas y ante la presión colectiva, los usurpadores han invitado a un grupo de trabajadores a sumarse a ellos para poner a circular el periódico, pero estos se han negado, con el argumento de que no trabajaran mientras la Policía de Aragua esté ocupando la sede del diario. Hay que destacar que el diario El Siglo ha sido el único periódico que por años ha venido denunciando las vagabunderías del gobernador Didalco Bolívar y su nefasto gobierno. El Siglo, con Manuel Capriles Hernández al frente, hasta ahora, ha sido realmente vocero del pueblo aragüeño, que siente que sus reclamos son publicados sin censura y sin condición de ningún tipo. Ese es el origen del odio que siente el gobernante de Aragua contra este diario. Para justificar el asalto y la agresión, Didalco Bolívar se ha valido de una correspondencia que supuestamente le envió uno de los socios minoritarios, Tulio Capriles Mendoza, pidiéndole protección para entrar a las instalaciones del periódico. Lo lógica dice que si hay problemas entre los socios, su solución corresponde en primer lugar a los órganos internos de la empresa, y si estos no pueden, a los tribunales civiles, pero nunca al gobernador ni a su policía, máxime cuando dicho funcionario fue enemigo a muerte del fundador del periódico, el difunto ingeniero Tulio Capriles Hernández a quien le desató una saña persecutoria que lo llevó al exilio y a la muerte. Frente a esto no hay autoridad que responda, el Fiscal Isaías Rodríguez expresamente llamado por los socios agraviados, por los trabajadores, y hasta por dirigentes políticos, se ha hecho de la vista gorda, permitiendo así un estado de absoluta impunidad de una actuación delictiva que tiene conmocionada a la sociedad aragüeña, omisión que sin duda tiene el sentido de permitir que su amigo, el gobernador Didalco Bolívar, siga haciendo lo que le da la gana, sin ley y sin freno.

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EN EL CASO MICROSTAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y EL PENAL NO SON VINCULANTES… DICE LA FISCALIA.- La Fiscalía sostuvo ayer a través de un boletín, “que la devolución de los 27 millones de dólares por parte del Consorcio Microstar, a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), otorgados para la importación de equipos informáticos que nunca ingresaron al país, no implica el cese de la investigación penal que se adelanta con la finalidad de determinar la comisión de hechos punibles que afectan al Estado venezolano y las responsabilidades correspondientes, que de ella se desprendan”. Considera el Ministerio Público importante aclarar que el proceso administrativo es distinto al proceso penal; ambos no son vinculantes. Razón por la cual, es preciso señalar que aún cuando, el presidente del mencionado consorcio, imputado por la presunta comisión de delitos de contrabando y defraudación tributaria, acuerde con CADIVI la devolución de las divisas otorgadas según lo establecido en la Providencia N° 043, emanada de esa comisión, el Ministerio Público no tiene porque interrumpir la investigación, la cual continuará su curso de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Llama la atención del Ministerio Público el hecho de que la defensa de Gustavo Arraiz, solicitó un reintegro de divisas, ante el Tribunal 50º de Control del área metropolitana de Caracas, en la misma fecha en la cual el presidente de la mencionada empresa, fue citado por la Fiscalía 52 Nacional para declarar en calidad de imputado. En ese sentido, también es importante aclarar que en el Ministerio Público no consta ninguna solicitud oficial donde el abogado defensor ni el imputado hayan manifestado la disposición de reintegrar las divisas otorgadas para la citada importación. En el caso de que los hoy imputados, sean acusados y condenados penalmente, el Ministerio Público, ejercerá la acción civil correspondiente, y, sólo en esa oportunidad, se determinara si el reintegro de las divisas otorgadas, si se hubiese efectuado, resarce los daños causados, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal vigente. En relación a las declaraciones públicas efectuadas por Arraiz, momentos antes de ingresar a la Fiscalía 52 nacional, en las cuales anunció su disposición a devolver los 27 millones de dólares, según lo previsto en la Providencia N° 43, el imputado reconoció el uso indebido de las divisas otorgadas por CADIVI. No es cierto que haya solicitado audiencia con el Fiscal General de la República que, por lo demás, no es quien lleva la investigación. Cabe recordar que el Ministerio Público inició esta investigación luego de la denuncia efectuada por el Capitán (Ej.) José Gregorio Vielma Mora, contra el Consorcio “Microstar, C.A”, por la presunta simulación de importación de mercancías. El Ministerio Público insiste en recordar todos los obstáculos que se han presentado desde que se inició la investigación y, particularmente, luego de efectuar las primeras imputaciones, por una serie de maniobras generadas por la defensa de Eligio Cedeño y Álvaro Gorrín, entre las cuales se encuentran tres (3) excepciones opuestas; la recusación de varios expertos; un sobreseimiento por el Tribunal 11° de Control; un avocamiento ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que retardó ocho meses la investigación; además de varios jueces tratando de resolver la causa antes de la actual, Juez 3° de Control, recusada el 18 de enero de 2007, por la defensa de Gustavo Arraiz, para que no sea ella quien decida las excepciones opuestas.”
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SIGUE ENREDADO EL CASO DE LA TELE.- El juez Jesús Orangel García (enemigo declarado del Magistrado Eladio Aponte Aponte, Presidente de la Sala Penal del TSJ), según confirman nuestras fuentes, se ha visto muy activo en predios rojo rojitos, garantizandole fidelidad a sus jefe, el Magistrado Carlos Oberto Velez, quién a su vez es amigo personal de Julio Macaren, quién diputa judicialmente el control accionario de la empresa propietaria de la señal La Tele a sus verdaderos dueños Fernando Fraiz y Hernán Pérez Belisario entre otros. Pese a las denuncias en su contra de estar totalmente parcializado, Orangel García no solo no se inhibe, sino que actúan como si fuera el abogado de Macaren. A pesar del tremendo lio, el cuestionado juez no logra aún apoyo para echar para atrás una sentencia de sobreseimiento a favor del grupo Imagen (Vepaco) que tiene regadas en todo el país nada menos que unas tres mil vallas rojas rojitas. En su afán desmedido de ganarse esos reales, Orangel garcía se ha acudido a su protector, el magistrado Carlos Oberto Velez, para que “convenza” a los demás jueces de su Sala de que deben votar a favor de la revocatoria de la sentencia emanada del Tribunal 39º de Control. Según él, hay mucha plata, finos licores y buenas chicas, como contraprestación si se logra el objetivo… Amanecerá y veremos.

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SALA SOCIAL CONFIRMÓ SENTENCIA CONTRA CONSULADO DE COLOMBIA.- La Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Omar Mora Díaz, declaró inadmisible el recurso de control de legalidad interpuesto por el Consulado de la República de Colombia en Machiques, en el juicio relacionado con el cobro de prestaciones sociales iniciado por el abogado Luis Oswaldo Morales Urdaneta, y en consecuencia se confirmó el fallo recurrido. En el marco del presente proceso el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, conociendo en apelación, publicó sentencia el 29 de junio de 2006, mediante la cual declaró con lugar el recurso ejercido por Morales Urdaneta y con lugar la demanda, revocando así la decisión dictada el 3 de abril de 2006 por el Juzgado de los Municipios Machiques de Perijá y Rosario de Perijá de la referida Circunscripción Judicial. Contra la decisión de alzada, la representación judicial de la parte demandada, de conformidad con lo previsto en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal el Trabajo, interpuso, el 7 de julio de 2006, recurso de control de la legalidad y en la misma fecha anunció recurso extraordinario de casación, el cual, una vez admitido fue oportunamente formalizado.