¿Qué nos está pasando?
El 31 de diciembre del año pasado todos los venezolanos nos deseamos feliz año. En muy pocos días caeríamos en la cuenta que el año nuevo no sería tan feliz. La sesión inicial de la Asamblea Nacional, en donde se debatiría la elección de la nueva directiva de ese órgano, dejaba en claro que la cúpula oficialista estaba decidida a seguir ignorando olímpicamente la representación de una parte muy importante del electorado venezolano, argumentando su insignificancia política.
A los pocos días se propuso la tesis en el Parlamento que el Presidente electo, aunque no podía presentarse por razones de salud para tomar posesión de su cargo en la fecha prevista en la Constitución, seguía en el ejercicio de sus funciones porque se trataba de un Presidente reelecto. Por tanto, el Vicepresidente y los Ministros designados seguían en sus cargos.
Inmediatamente la Sala Constitucional del TSJ se pronunció y bendijo esta decisión política arguyendo aquello del principio de continuidad de la administración pública. Como paso complementario se celebró un acto de masas, con invitados internacionales, para legitimar con el pueblo en la calle el comienzo de su nuevo mandato en la que el titular de la misma se trasmutaba en la multitud de asistentes al acto.
Por más que se fuercen todo tipo de interpretaciones es evidente que se busca escamotear la evidente falta temporal del Presidente electo para asumir el cargo y cumplir sus responsabilidades durante el período presidencial en curso. Obviamente se han impuesto los cálculos políticos quienes controlan el poder, aun a costa de alterar los controles jurídicos que regulan y otorgan validez al ejercicio de los oficios de representación.
Alterar el orden constitucional es atentar contra la convivencia democrática, pues la letra y el espíritu de la Constitución, surgida de la voluntad popular, es la norma básica que orienta la actuación de gobernantes y gobernados, de la razón de Estado y del comportamiento individual de los ciudadanos. Es la garantía de los derechos y la condición de exigibilidad del deber. Es el corazón de la legitimidad política.
Se nos ha descarrilado el tren y hay que ponerlo otra vez sobre sus rieles. Estamos ante una coyuntura inédita. De no resolver esta situación en el corto plazo, muchas decisiones del Poder Ejecutivo caerán inevitablemente en la inconstitucionalidad, que es lo mismo que decir en la arbitrariedad. Seguir en esta onda puede levantar una poderosa ola de represión ante la protesta legítima y poco a poco caer en un torbellino imparable de consecuencias. Recuperemos la Constitución y con ella la poca convivencia que subsistía en medio de la polarización.
