Recadi anti-libertad

Fuentes empresariales de impecable credibilidad dijeron durante el fin de semana a este reportero que “hemos confirmado la decisión de Hugo Rafael Chávez Frías de resucitar el control de cambio”.

La medida, que sería justificada con el descenso persistente de las reservas internacionales, persigue “homogenizar” a los Medios de Comunicación social y de adecuar la libertad de información, expresión y opinión a los “objetivos del proceso” sin violar directamente el artículo 58 de la Constitución.

Según las fuentes, la orden fue dada en función de la obcecación del jefe del régimen con la línea editorial y opinática del diario “El Nacional”. En línea descendiente, las animosidades del Chalibán Mayor recaen contra El Universal (Caracas) y El Impulso (Barquisimeto). “Chávez quiere que Miguel Enrique Otero, Andrés Mata y el doctor Carmona le soliciten los dólares para importar papel periódico,….sólo para negárselos”, dijo la fuente. (“Chávez cree que el doctor Carmona es hermano de Carmona Estanga –presidente de Fedecámaras- cuando en realidad son primo-hermanos y son dos ramas distintas de la familia”, agregó). El control de cambio, implementado a través de Recadi durante el gobierno de Jaime Lusinchi fue un instrumento muy efectivo para “domesticar” a un sector de la prensa escrita y a los medios radioeléctricos que requieren de divisas para importar insumos y equipos. Durante el mandato, Alvaro Lusinchi, hijo del entonces Presidente, despachaba nocturnamente desde el restaurante Herford Grill en Las Mercedes asegurando asignaciones de dólares a través de Recadi. Se le conocía como “El 2×1”, por la comisión que era de dos bolívares por cada dólar otorgado. Jaime Lusinchi terminó su quinquenio con una popularidad del 70%. Tanto EL Nacional como El Diario de Caracas tuvieron –durante su administración- recurrentes problemas de papel que -en ocasiones- tuvieron que ser solventados mediante préstamos de papel por parte de periódicos mejor abastecidos.

El nuevo control de cambio, ordenado por HRCF, también tiene como “valor agregado” para el régimen la probable división del empresariado venezolano.

Según las fuentes, “lo que no pudo lograr Alberto Cudemus –la creación de una empresariado “chavista”- lo lograría el control de cambio. Los afectos al régimen tendrán dólares. Los neutrales o críticos tendrán que cerrar sus operaciones”.

A pesar de que la orden fue dada ya hace 15 días, las fuentes prevén dificultades y retrasos en una implementación. “La gente que sabía cómo montar una burocracia de esta naturaleza, está fuera del gobierno. Y estos son tan incapaces e ignorantes que les tomará por lo menos tres a cuatro meses montar el Recadi II”, comentó la fuente.

La información que manejan sectores empresariales sobre las intenciones oficiales de controlar la disponibilidad de divisas para los medios de comunicación impresos coincide con los comentarios –publicados en “Quinto Día” por Miguel Salazar- en el siguiente sentido:

“14.1.02 (….) “Pedro Carreño interrogó: «¿Y hasta cuándo nos tenemos que calar a éstos mintiendo, haciéndonos una guerra sucia todos los días?». Chávez respondió: «A la radio y la televisión los vamos a neutralizar con la Ley de Contenidos. A Diosdado se le ocurrió que el 12 de febrero es un día bueno para aprobarla. Jesse Chacón ya tiene listo el primer borrador. Pero el mayor problema son los periódicos. (…). Se habló luego de las demostraciones de debilidad frente a Fedecámaras, de Alfredo Peña, de la Iglesia, de El Universal y El Nacional….(…)”.

Las reacciones

Las mismas fuentes coincidieron que, ante la creación de un nuevo Recadi, la reacción empresarial -nuevamente en concordancia con el sector sindical- sería “probablemente una huelga general indefinida”. El argumento de los empresarios: la discrecionalidad inconstitucional del manejo de las divisas. El de la CTV: la corrupción demostrada, y jamás castigada, de Recadi I.

Además de la resistencia doméstica contra una nuevo Recadi, están hoy en día las instancias internacionales que interpretarían que el nivel de reservas internacionales no justifica semejante medida, excepto “la intención de controlar -mediante las divisas- a los Medios de Comunicación”. De acuerdo con versiones oficiosas, las reservas disponibles se encuentran en 11 mil millones, suficientes para cubrir un año de importaciones”. “En consecuencia, un nuevo control de cambio no perseguiría objetivos económicos sino puramente políticos. Y esto no sería aceptado por la comunidad regional que acaba de firmar –Venezuela entre ellos- la Carta Democrática” de Lima”.