Recentralización, descentralización y el chantaje presidencial

Suele afirmarse que en una guerra, una de las primeras víctimas es la verdad. Si aceptamos la metáfora bélica, en una campaña electoral, confrontación de programas, visiones, evaluaciones de gestión, reafirmaciones o desilusiones, probablemente la verdad también deje de ser un asunto importante, mientras las promesas llueven sobre el terreno del desencanto ciudadano.

El poder puede a veces alterar la razón o la percepción de la realidad, y el miedo a perderlo, genera frecuentemente acciones desesperadas, atroces e inimaginables en quienes lo administran y detentan.

La frase pasó desapercibida, para muchos. Simple argucia electoral, pueden pensar otros. Expresión de la descomposición institucional y moral del país, sostenemos nosotros. Palabras más, histerias menos, el Presidente de la República afirmó recientemente que aquellos candidatos a gobernadores y alcaldes de sectores críticos o de oposición que resultaran electos en los próximos comicios regionales, no les enviará recursos de ningún tipo, porque podrían robárselos o usarlos contra él.

El descaro asume así ribetes paroxísticos, entendible en todo caso en el contexto de un acelerado proceso de re-centralización y re-concentración del poder en cual se asumen, como premisas, la imposibilidad y prohibición de que los ámbitos regionales y locales gestionen recursos, competencias y proyectos de desarrollo propios, en atención a las necesidades, peculiaridades y perfiles socioeconómicos respectivos.

Quizá para los seguidores del proceso y defensores a ultranza de la re-centralización del Estado en Venezuela, el proceso de descentralización fue un disparate, una locura que buscaba justamente la reforma del Estado y la reconfiguración del mapa político, administrativo e institucional de la República, que terminaría a la larga con la inexorable desintegración de la nación.

La revolución colocó así la lapida y un “Q.E.P.D” a la descentralización, sin sospesar sus aciertos o corregir sus desviaciones y debilidades, asfixiándola financieramente, bajo la idea revolucionaria de que las asignaciones por concepto de situado, son amables dadivas del Caudillo-Poder Central, y que la neo-bonanza petrolera debe ser exclusivamente administrada por la infinita e impoluta sobriedad del Jefe del Estado, via discrecionales Fondos y presupuestos paralelos, alejados, claro esta, de lo que por ley, debería también corresponder a las regiones.

Fueron evidentes las fallas y errores del proceso descentralizador, pero no pocos sus aciertos y bondades, por ello, habiendo sepultado la descentralización, el actual gobierno soslayó la apreciación de dicha dinámica como una tendencia natural y socio-histórica de todos los sistemas políticos democráticos, que en el escenario de avance globalizado, apuntaba a la valoración de las autonomías regionales y locales, de cara a garantizar la gobernabilidad y la atención de las demandas de ciudadanos y comunidades.

No debe confundirse la gimnasia con la magnesia. Se conviene en aceptar la necesidad de un Poder Central o de un actor estatal que establezca lineamientos estratégicos nacionales, así como políticas públicas que se sustenten en la gestión de competencias y atribuciones constitucionales. Pero desconocer la legitimidad de autoridades regionales o locales, electos democráticamente, pese a no compartir su ideología o postura política, agrieta mucho más el ya socavado piso institucional y jurídico del país.

El análisis tanto de la actuación del Estado norteamericano ante la crisis de Wall Street, como del Estado venezolano ante la compra de empresas y corporaciones y los cambios normativos impulsados, reflejan dos extremos preocupantes sobre el papel del Estado en la sociedad: el primero de resistencias, reservas y críticas de una mentalidad ultraliberal ante la necesaria intervención oficial para resolver la crisis, y el segundo, de la aplanadora desbocada del actor estatal sobre sectores y ámbitos privados, bajo la visión excluyente y sectaria en lo ideológico de un pretendido socialismo. El asunto trasciende claramente, la polémica absurdamente dicotómica entre capitalismo-socialismo.

El ejercicio de la acción planificadora del Estado Nacional, lógica, necesaria y aceptada en cualquier sociedad, pasa no obstante, por reconocer la necesidad de concertar y coordinar dicha acción, no solo con el resto de los ámbitos o esferas de político-territoriales de actuación pública, sino también con los actores privados, gremiales, cívicos y ciudadanos organizados. No hacerlo, es caer en la tentación totalitaria y sectaria, que parece, en el caso venezolano, que asoma su nariz en el horizonte.

En la amenaza presidencial, se puede palpar la subestimación del elector, y la consideración del Fisco Nacional como una bodega, con dueño único y caprichosa administración.

Quizá se olvida que un Estado más grande no siempre implica un mejor Estado, y que detrás de la obsesión estatizadora y colectivista de la economía, se esconde un menosprecio a la autonomía y libertad de actuación de cada persona, sea este un gobernador, un alcalde o un simple ciudadano de a pie.

No dudamos que este chantaje presidencial, amenaza propia de una insaciable voracidad por un poder hegemónico, personalista y absoluto, recibirá su respuesta en las próximas elecciones de Noviembre.