Retórica y burocracia
En la imposición del lenguaje en femenino, así como de mujeres a la cabeza de los principales poderes públicos: Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía, Defensoría del pueblo, Asamblea Nacional, Poder Electoral, varios ministerios- incluyendo el pomposo Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, se resume la preocupación del gobierno revolucionario por las venezolanas. La funcionarias designadas en realidad integran el haren del jefe de Estado, así lo demuestra su idolatría y la indiscutible incondicionalidad hacia los designios y caprichos del caudillo; incluida la pleitesía a dos de los mejores amigos de su jefe: El recurrente violador Daniel Ortega, y Mahmud Ahamadineyad, máximo exponente de una política de Estado dirigida a la humillación, el desprecio y la represión a la mujer.
Pero esta abundancia femenina en los distintos poderes, no se expresa ni en la defensa ni en el bienestar de las venezolanas que al igual que los venezolanos, no forman parte de la prioridad del socialismo del siglo XXI. De lo que se trata, en el mejor de los casos, tal como afirmó la ministra a la que corresponde ocuparse de las mujeres en el Teatro Teresa Carreño el 8 de Marzo de 2009, es de lograr la participación de la mujer dentro del proceso de construcción de la Revolución Bolivariana.
Elocuentes son las afirmaciones de la Jueza Renée Moros el domingo 25 de marzo en El Nacional, quien además de confesar que de todos los casos de maltrato que han pasado por su tribunal, solo hay 5 presos; advierte sobre el peligro de que la ley se convierta en letra muerta y al denunciar la burocracia, reclama a la fiscalía mayor celeridad e iniciativa en la toma de decisiones; que sabemos existe cuando se trata de adversarios políticos, no importa el tamaño de la violación de la ley.
¿Cuántas víctimas fatales al igual que Jennifer Carolina Vieira ha cobrado la desidia oficial? Los noventa días otorgados a Edwin Valero como régimen de presentación, unido al desprecio a todo lo hecho por profesionales venezolanos, que lo mantuvieron a la intemperie mientras esperaba viajar para tratarse en Cuba, forman parte de una óptica de polarización política de la que no logra escaparse ningún funcionario ni funcionaria del gobierno; lógica en base a la cual se consideró que se le premiaba su incondicionalidad al presidente, al beneficiarlo con la impunidad.
Los trágicos resultados están a la vista, incluyen al Inca, a Jennifer Carolina, a todos sus familiares y en especial a sus menores hijos.
Tendrán las sras. fiscala, diputadas, ministras, juezas, presidentas y demás miembras de los poderes públicos, algo que decir o lamentar sobre este doloroso caso, o alguna respuesta que demuestre la sincera preocupación de su gobierno por los asuntos de las mujeres, más allá de la retórica de género y de los cargos de confianzas que sumisamente ostentan?
Se esperan sus respuestas.
