Todo bajo control

Esa parece ser la consigna del gobierno,  la línea política a seguir para limitar las posibilidades de expresión de la critica y del ejercicio de la protesta, para acallar la disidencia dentro y fuera del civismo, la cual sigue creciendo, pese al esfuerzo continuado por imponer un monolitismo que a la larga la sociedad venezolana va a repudiar decidida y democráticamente.

       Tenerlo todo bajo control se ha convertido en la obsesión del líder y de sus Mass cercanos colaboradores tanto en el gabinete ejecutivo como en la Asamblea Nacional y el resto de los poderes públicos.  Y para el logro de ese objetivo es necesario pisar el acelerador legislativo antes de que cumpla su ciclo vital la  Asamblea Nacional, que por estos días viene sesionando con un precario y dudoso quórum, y se alista a tener un buen morir al concederle al Presidente una nueva Ley Habilitante

       Y para que la sociedad no se le salga de su control nada mejor que un menú en el cual se incluya la limitación a la libertad de expresión e información en Internet,  y el gancho al hígado a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos representado por la Ley de Cooperación Internacional, que les impide recibir donaciones del exterior.

      Y hache vale un comentario. Se trata de las mismas ong’s que en su momento denunciaron la persecución de anteriores administraciones  contra dirigentes políticos que hoy son gobierno.  Son instituciones que tienen trayectoria en la defensa de los derechos humanos, como por ejemplo Provea o la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, o el Foro Penitenciario que dirige ese respetable venezolano que es Humberto Prado, por citar solo dos ejemplos emblemáticos.

      Pero también se le tiende un cerco económico a distintas ong’s en el ampo laboral, en la defensa del medio ambiente o de los derechos de las minorías.  Y lo Mass seguro es que el gobierno terminara dándole oxigeno económico a aquellas organizaciones que exhiban la misma incondicionalidad y genuflexión que hoy exhiben los demás poderes frente al Ejecutivo.

        A ello hay que sumarle también la tentativa de eliminar los circuitos radiales a nivel nacional, con lo cual no se busca democratizar el espectro radioeléctrico, como algunos se atreven a afirmar, sino colocarle alcabalas  y cepos a las posibilidades de que, por ejemplo, las protestas de los trabajadores de Guayana, tan abundantes como justificadas, solo se puedan escuchar en las radios de esa región. La eliminación de los circuitos radiales  constituye además un golpe económico a pequeñas emisoras que se han asociado para ofrecer un periodismo y una programación de mayor diversidad y calidad. Es una medida que busca abrirle paso a la deseada hegemonía comunicacional.

       Puede que Fausto Masó tenga razón cuando asevera que la denuncia sobre violaciones a la Constitución no hace mella en la votación del gobierno, pero ello no puede ser la justificación para que nos hagamos los locos cuando los principios de la carta magna aprobada por el pueblo en 1999 van siendo dejados paulatinamente.

        El amigo Fausto sugiere que a los constitucionalistas se les de vacaciones, para que tal vez se imponga una línea opositora distinta. Eso lo definirán los estrategas de la oposición. Pero el fondo del asunto es que postulados constitucionales como la libertad de expresión, el derecho a la protesta,  la inmunidad parlamentaria, el respeto a los derechos humanos y la descentralización terminaran por convertirse en letra muerta.

           El problema, Fausto, es que en el gobierno le quieren dar vacaciones, y se la están dando poco a poco, a la constitución. Mal pueden entonces los constitucionalistas, como los llama Masó, irse a  las duchas y sacarle el cuerpo a una responsabilidad que de paso es de toda la sociedad.