Opinión Nacional

Tregua universitaria

E l conflicto universitario que no ha culminado, pero que entró en una tregua y en un compás de espera, ha mostrado cuánto hemos retrocedido en los derechos democráticos y cuán importante ha sido este movimiento para revertir este proceso, sin menospreciar las demandas y conquistas de reivindicaciones económicas y laborales que se han alcanzado hasta el momento, que aunque insuficientes no se pueden menospreciar.

Esta protesta y reclamo universitario ha sido particularmente complejo por las condiciones socio-políticas en las cuales se ha desarrollado.

No puede analizarse ni evaluarse como un conflicto gremial convencional en un ambiente de ejercicio de demandas plenamente justificadas. La diferencia sustancial es que no estamos frente a un gobierno normal sino un régimen en el cual el ejercicio de los derechos democráticos están disminuidos y obstaculizados.

Uno de los elementos que sumó apoyo social a la protesta universitaria ha sido precisamente que la gente percibió que más allá de su pliego de peticiones de aumento salarial y otros beneficios socioeconómicos del personal universitario, del aumento de las becas y otros recursos para apoyar el desempeño estudiantil, y de una mejoría sustancial del presupuesto universitario, la sociedad se identificó con la demanda universitaria porque entendió que esta lucha forma parte de la más general por el ejercicio de los derechos democráticos que han venido siendo conculcados por el gobierno, entre ellos: libre asociación sindical y gremial, derecho a huelga, mantenimiento de las conquistas anteriormente alcanzadas.

Para quienes les parece que es poco lo logrado hasta ahora, habría que recordarles que el gobierno había desconocido e ignorado a lo largo de los últimos ocho años al representante gremial legítimo y mayoritario de los profesores universitarios: la FAPUV; que los pocos aumentos salariales en este sector los había establecido unilateralmente el Ejecutivo; que se había negado una y otra vez a sentarse en una mesa de diálogo y negociación con el gremio profesoral. Como si fuera poco, este conflicto logró aumentar la compensación salarial que pretendía aprobar el gobierno con su sindicato patronal, romper la negativa a un incremento de las becas estudiantiles, y hacer retirar de la llamada Convención Colectiva Única la mayoría de las cláusulas que suponían un intento de pasar de contrabando los propósitos hegemónicos y de control que se habían incorporado a este instrumento contractual, cuyo exabrupto era tan descarado que hasta a sectores oficialistas les parecía un despropósito.

 

Estamos entrando en una nueva etapa de este conflicto, la dirigencia gremial legítima logró obligar al gobierno a sentarse en la mesa de negociaciones, actuando con madurez levantó la medida de suspensión de actividades académicas, pero manteniéndose alerta y movilizados para que se logren otros objetivos también importantes, entre ellos: la corrección de la injusticia cometida con los profesores jubilados, el mejoramiento sustancial de los presupuestos universitarios y los aportes a los institutos de previsión del profesorado que no han sido cumplidos.

Se ha producido un viraje táctico para continuar la lucha por otras vías.

 

 

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