Venezuela: ahora expropiación de empresas

Meses atrás el Gobierno de Chávez Frías expropió una serie de tierras, de fincas en plena producción, sin que hasta la fecha —por fortuna— se hayan concretado de manera definitiva. De manera que, las recientes declaraciones del Presidente de la República, en su programa semanal, Alo Presidente, del 17 de julio pasado, cuando se refirió a posibles expropiaciones de empresas quebradas u operando a media maquina, encendió varias luces de alarma, pero en realidad no se trata de algo nuevo; está es una política, mejor dicho, una amenaza de política, que desde hace tiempo se ha venido adelantando.

Como es natural, en el caso de las empresas, aunque se trata de empresas quebradas, cerradas o a punto de cerrar, la alarma se desató en el mundo empresarial; pero apartando el tema de los principios, el tema jurídico, o las dudas que suponen estas palabras con respecto al concepto de propiedad, el peligro inminente no es —en mi opinión— el sector empresarial. Después de todo, quien sabe si hasta es un favor que se le hace a algunos empresarios inescrupulosos. Pero sobre las implicaciones de este tema para el sector empresarial, volveré en otro momento.

Para quien representan un verdadero peligro las palabras del Presidente, es para el sector laboral y sindical que atraviesa una situación muy difícil. En los años 80 casi 4 de cada 10 trabajadores estaba sindicalizado, en la actualidad solo uno de cada 10 trabajadores está organizado. Actualmente la organización sindical se divide en tres grandes frentes, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), fundada en 1947, que es la organización sindical tradicional; la Confederación Única de Trabajadores de Venezuela (CUTV), fundada en 1961 en el seno de la propia CTV, de orientación comunista; y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), fundada en octubre de 2003, de tendencia oficialista.

Conocida la debilidad en materia sindical, el Gobierno trató de acabar con la fuerza sindical de la CTV. Ligada a los partidos tradicionales y al desarrollo de la democracia venezolana. El Presidente de la República, a instancias del hoy Presidente de la Asamblea nacional, Nicolás Maduro, propuso la realización de un referendo consultivo —en diciembre del año 2000— para consultar al pueblo si estaba de acuerdo en declarar a la Corporación de Trabajadores de Venezuela (CTV) en reorganización y así “… acabar con las cúpulas sindicales podridas…” en palabras del propio Chávez Frías. El resultado —aunque fue favorable para el Gobierno— contó con una abstención superior al 76% y es considerado, por lo tanto, como una derrota. De hecho, algunos la consideran la primera derrota importante que se infringió al Gobierno. Realmente fue la segunda, la primera se la habían infringido meses atrás otros trabajadores, los petroleros, cuando obligaron a PDVSA a aceptar un contrato colectivo ante la amenaza de una huelga que podía haber paralizado la industria.

Luego del referendo consultivo, los candidatos del Gobierno fueron derrotados por los líderes tradicionales de la oposición en las elecciones sindicales llevadas a cabo en octubre del 2001 en la CTV. El actual Ministro de Educación y Deporte, Aristóbulo Isturiz, fue el candidato derrotado del Gobierno a presidir la CTV. Este triunfo de la fuerza sindical tradicional de la CTV, nunca fue reconocido por el Gobierno y por lo mismo ha sido llevado como caso a la Organización Internacional del Trabajo en diversas oportunidades.

Ante la derrota sindical, el Gobierno creó una central sindical paralela, la UNT ya mencionada, y un movimiento de trabajadores llamado Frente Bolivariano de Trabajadores (FBT) y se ha negado hasta el presente a discutir la contratación colectiva con los sindicatos afiliados a la CTV. Solamente los sindicatos afiliados a la UNT o dominados por el FBT han logrado discutir algunos contratos colectivos. Sin embargo, la creación de esas centrales paralelas, calificadas por los lideres de la CTV como “gobierneras” u oficiales, tampoco le ha dado resultado y la CTV continúa siendo la principal fuerza sindical del país.

Ahora el Gobierno ha comenzado a proponer “nuevos” esquemas de organización de la economía que afectan, en primer término, a la fuerza laboral. Son esquemas basados en la “cogestión” y organización de cooperativas, como mecanismos alternativos al desarrollo económico capitalista, que implican también una organización de los trabajadores distinta a la organización sindical tradicional. (Incluso ha circulado una propuesta de Ley de Cogestión, presentada por la central oficialista, UNT)

Esa tendencia de conducción económica y social esta expresada en el objetivo Nº 7 de “La Nueva Etapa: El Nuevo Mapa Estratégico”, presentado el 17 de noviembre de 2004 por el Presidente Chávez a los integrantes de su Gobierno en la Academia Militar del Fuerte Tiuna y es la precaria base ideológica de lo que sería la organización social que propone la revolución bolivariana a los trabajadores y militantes de sus partidos.

Ese mismo esquema organizativo, basado en la cogestión y la aceptación de asociarse con cooperativas, se ha estado proponiendo —por parte del Gobierno— a los empresarios que a cambio de recursos y asistencia económica y financiera, acepten involucrase en algunos de esos esquemas.

Por supuesto el Gobierno de Chávez Frías cuenta con suficientes recursos financieros, provenientes de los altos precios del petróleo —que usa a discreción y sin rendir cuentas a nadie— como para hacer efectiva su amenaza: Expropiar empresas quebradas, capitalizarlas con prestamos —a fondo perdido— a los trabajadores, organizados en forma de cooperativas o similares, y que pongan a funcionar esas empresas.

No dudamos de la capacidad e interés de los trabajadores de que esto ocurra, pero muy a pesar de los buenos deseos del Gobierno de Chávez Frías por promover su ALBA y los malos deseos para que el ALCA fracase, la globalización no es un capricho, sino un dato tecnológico, y por algo esas empresas quebraron o estaban a punto de cerrar. La competitividad no es un capricho y como sabemos por amarga experiencia de años pasados, no basta con que se disponga de recursos, es necesario contar también con sólidas instituciones, conocimientos, que hagan que esos recursos se empleen de la manera apropiada.

Si trata de empresas que ya estaban quebradas y son los trabajadores solos los que toman el control de la misma y la responsabilidad de reactivarla, el resultado puede ser el gasto de enormes recursos económicos por reactivar unas empresas que en un juego de libre mercado perdieron su oportunidad y no fueron capaces de sobrevivir. Si es en combinación con empresarios, con los mismos que por alguna circunstancia no pudieron mantener activas sus empresas, todo puede terminar en la misma perdida de recursos, por parte de unos trabajadores que verán perder sus ahorros, que son sus prestaciones sociales, al quedar sin nada, más una deuda con el Gobierno, que aunque no tengan que pagar, se acumulara en decepción y frustración y una idea desprestigiada —la cogestión— que pudo haber sido una buena idea, si se da de manera voluntaria, como un acuerdo entre el sector capital y el trabajo, por sacar adelante una empresa en beneficio económico de ambos.

En todo caso, habrá que estar atentos al desarrollo de este tema de las expropiaciones de empresas, que probablemente se convertirá en sal y agua, por ineficiencia y corrupción, como la mayoría de las cosas que instrumenta este Gobierno, producto de los febriles delirios dominicales de su máximo líder. El problema es que acumulan frustración y desesperación y de esos dos factores no salen después buenas soluciones.