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¿Por qué más sanciones no ayudarán a Venezuela?

Por Francisco Rodríguez/@frrodriguezc
Escrito para foreignpolicy.com

Durante el primer año de su administración, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha endurecido la política exterior en contra del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Washington ha intensificado las sanciones al gobierno venezolano e incluso sugerido una intervención militar para apartar al máximo mandatario venezolano de la presidencia. A doce meses del inicio del mandato de Trump, Maduro parece estar cada día más afianzado en el poder, y la oposición venezolana es más fracturada que nunca.

La política exterior estadounidense hacía Venezuela está basada en una serie de preconcepciones erróneas. Quizás la más extendida y grave es la idea de que Venezuela es una dictadura totalitaria. Si bien Maduro ciertamente ha hecho muchas cosas para socavar la democracia, Venezuela no es ninguna Corea del Norte.

Venezuela no es una tiranía autocrática; es una sociedad fuertemente dividida y polarizada. Las encuestas de opinión pública muestran un fuerte y profundo apoyo al chavismo — el movimiento creado por el líder populista Hugo Chávez — entre gran parte de la población. Muchos votantes continúan dándole crédito al chavismo por haber redistribuido la riqueza petrolera a través de sus programas sociales y haber dado una voz a los pobres en la política venezolana. Cerca del 25 por ciento de los venezolanos apoyan al sucesor de Chávez, Nicolás Maduro — un número notablemente alto dado el estado en que se encuentra la economía venezolana — y cerca del 50 por ciento creen que Chávez fue un buen presidente. Las recientes elecciones regionales han mostrado que la coalición del gobierno es capaz de movilizar cerca de 6 millones de votantes en apoyo a sus candidatos, lo que representa casi un tercio de la población adulta del país y es más que suficiente para ganar una elección con bajos niveles de participación.

Además de interpretar mal el ambiente político del país, los gobernantes estadounidenses parecen también estar convencidos de que la única manera de que el líder autoritario venezolano deje el poder es por la fuerza.

Las sanciones económicas están ostensiblemente dirigidas a aumentar los costos para los militares y se espera que de alguna manera promuevan una rebelión contra Maduro. Este enfoque equivocado proviene de una mala comprensión de la dinámica interna del gobierno y una fe excesiva en la efectividad de las sanciones como herramienta para lograr un cambio de régimen.

Múltiples investigaciones académicas han demostrado que las sanciones económicas rara vez son efectivas. Cuando funcionan, es porque ofrecen a los regímenes sancionados incentivos al mismo tiempo que ofrecen alternativas de salida si se altera la conducta que llevó a la imposición de las sanciones (tal como la reversión del programa nuclear de Irán a cambio del acceso al comercio internacional). Por el contrario, las sanciones contra Venezuela han arrinconado al régimen, incrementando los costos que el gobierno enfrentaría al dejar el poder y elevando así los incentivos para que Maduro no ceda.

Una idea aún más problemática detrás de las actuales políticas estadounidenses es la creencia de que las sanciones financieras pueden dañar al gobierno venezolano sin causar fuertes daños al venezolano común. Esto es imposible cuando el 95 por ciento de los ingresos por exportaciones provienen del petróleo vendido a través de la empresa estatal petrolera. Cortar el acceso del gobierno a los dólares dejará a la economía sin divisas para pagar las importaciones de alimentos y medicinas. Si se priva a la economía venezolana de sus ingresos en moneda extranjera, se corre el riesgo de convertir la actual crisis humanitaria del país en una verdadera catástrofe humanitaria.

Eso es lo que empezó a ocurrir en 2017. El año pasado, los ingresos por exportaciones aumentaron de $28 mil millones a $32 mil millones, impulsados por la recuperación de los precios internacionales de petróleo. En condiciones normales, un alza en las exportaciones del país habría dejado más recursos disponibles para pagar por importaciones. Sin embargo, en el caso venezolano las importaciones cayeron 31 por ciento en el mismo año.

La razón es que el país perdió el acceso a los mercados internacionales. Incapaz de refinanciar su deuda, se vio forzado a acumular grandes excedentes externos para continuar pagando el servicio de esa deuda en un intento desesperado por evitar una cesación de pagos. Mientras tanto, los acreedores amenazaron con apoderarse de las fuentes de ingresos restantes del gobierno venezolano si el país entraba en cesación de pagos, incluidas refinerías fuera del país y pagos por embarques de petróleo.

Las sanciones económicas estadounidenses le han impedido a Venezuela emitir nueva deuda y han bloqueado cualquier intento de reestructurar sus obligaciones de deuda existentes. Asimismo, las sanciones han llevado a que las principales instituciones financieras hayan retrasado el procesamiento de todas las transferencias de las entidades financieras venezolanas, obstaculizando significativamente la capacidad de las empresas venezolanas de hacer negocios en los Estados Unidos. Incluso Citgo, una subsidiaria de propiedad venezolana que posee el 4 por ciento de la capacidad de refinación de los Estados Unidos, no ha podido lograr que las instituciones financieras estadounidenses le emitan créditos comerciales rutinarios desde que se impusieron las sanciones

A partir de la Guerra de Vietnam, la mayoría de los políticos estadounidenses han entendido que la política exterior no solo se trata de superar con la fuerza a su oponente sino también de ganarse “los corazones y las mentes” de la gente.

Sin embargo, el 56 por ciento de los venezolanos se oponen a las sanciones financieras de los Estados Unidos y solo el 32 por ciento las apoyan. Cuando se trata de intervención militar extranjera en Venezuela, el 57 por ciento de los encuestados se oponen, mientras que el 58 por ciento apoyan el diálogo entre el gobierno y la oposición y el 71 por ciento creen que esas conversaciones deberían enfocarse en buscar soluciones a los problemas económicos del país.

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