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¿Quién manda aquí?

La noche del pasado 11 de julio, Nicolás Maduro firmó el Decreto 2367 mediante el cual crea la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, que controlará la producción, importación y distribución de alimentos y medicinas. A tal fin, esa Misión se encargará de “gestionar, dirigir y conducir las políticas públicas que resuelvan estructuralmente el problema de la economía criminal” que, según Maduro, “le han impuesto los agentes económicos al país”.

Para el cumplimiento del objetivo señalado, “todos los ministerios, todos los ministros y ministras, todas las instituciones del Estado quedan bajo el orden y la subordinación absoluta al Comando Nacional” de la nueva Gran Misión, que estará encabezado por el General Vladimir Padrino López, Ministro de Defensa y Comandante Estratégico Operacional de la FAN. El funcionariado de la Administración Pública estará sujeto, según reza el Decreto, a una dependencia marcial.

Al analizar la decisión anunciada por Maduro, no es aventurado afirmar que éste incurre en una cuasi-abdicación (¿recuerdan el episodio de 1808 en Bayona?) del mandato presidencial que ha venido ejerciendo y, prácticamente, ha hecho surgir la pregunta de si se ha producido o no “el abandono del cargo” previsto en el artículo 233 de la Constitución Nacional. En todo caso, en una interpretación más benigna se podría decir que ahora tenemos dos presidentes: uno nominal, que despachará desde el Palacio de Miraflores, y otro delegado, que despachará desde Fuerte Tiuna. Es decir, estaríamos en presencia de una intervención militar, sin el clásico formato de un golpe de Estado.

Es obvio que con la militarización de la economía no se van a solucionar, sino a agravar, los problemas de la producción y distribución de los bienes básicos. Los militares desconocen el know-how de la cuestión económica y no podrán hacer el milagro de terminar con la escasez y el desabastecimiento porque no hay producción ni divisas suficientes para las importaciones supletorias, como tampoco podrán tener éxito, al igual que lo sucedido con los Clap, en la utopía de sustituir al mercado como mecanismo de distribución de alimentos con sus abastos y supermercados en todo el territorio nacional. Poner a la FAN a dirigir la economía es como poner a los economistas a dirigir operaciones militares y de guerra.

El país vive una crisis económica y una crisis política que se retroalimentan y se potencian mutuamente. La primera no tendrá salida hasta tanto no haya un cambio de modelo económico, y la segunda no desaparecerá si el gobierno, el  del presidente simbólico o el del presidente real, no le otorga la manumisión a cuatro de los rectores del CNE para que no sigan colocando obstáculos a la realización del referendo revocatorio, que barrería con lo que ahora existe y daría paso a una nueva elección presidencial.

Estamos ante una expectativa inquietante y riesgosa porque, como ha apuntado Fernando Mires, “la política de las armas ha sustituido a las armas de la política”. Por eso es que los venezolanos nos estamos preguntando si aquí manda la espada o la ley.

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