Rectificación imperial
Finalmente la administración de Barack Obama entendió que la política imperial basada en la filosofía del castigo y el aislamiento contra Cuba había fracasado y ya era hora de rectificar, de poner en práctica un nuevo enfoque. La decisión -aunque tardía- del gobierno de los Estados Unidos de restablecer sus lazos diplomáticos con el gobierno de La Habana -rotos hace más de medio siglo- cierra «uno de los capítulos más equivocados» de la política exterior estadounidense y constituye el cambio más importante en la política de Estados Unidos hacia la isla en décadas.
Este sorpresivo cambio de la política exterior de los EEUU con respecto a Cuba responde al fracaso de su obstinada política exterior basada en el castigo y el asilamiento, la cual lejos de haber logrado su objetivo central -el cambio de régimen en Cuba- ha propiciado resultados contraproducentes como el haber agravado las hostilidades entre ambas naciones, así como un aislamiento internacional de los EEUU en lo referente al tema cubano. Recordemos, la reciente derrota sufrida por el gobierno de la Casa Blanca durante la ultima Asamblea General de la ONU cuando una resolución condenando el bloqueo a la isla fue aprobada por 188 países, de los 193 que integran la ONU, y solo Estados Unidos e Israel, votaron en contra, mientras otros tres países se abstuvieron. Esta nueva derrota de la política exterior del Tío Sam se suma a 22 previas, donde resoluciones condenatorias al cerco económico, financiero y comercial contra Cuba habían contado con las mayoría abrumadora de los miembros de esa organización mundial.
Esta fracasada política de castigo de los EEUU contra Cuba fue iniciada con la fallida invasión armada de Bahía de Cochinos (1961) ejecutada por 1.500 mercenarios cubanos (Brigada 2506) entrenados por la CIA. Esta invasión era parte de un plan conocido como The Cuban Project» (también referido como Operación Mangosta). Operación que contemplaba sabotajes económicos, psicológicos y militares, implicando operaciones de inteligencia así como el asesinato contra altos dirigentes de la revolución. Esta política agresiva fue oficializada a través de la Proclama 3447 decretada por John F. Kennedy (3/02/1962) mediante la cual se imponía un bloqueo contra la isla caribeña. A partir de esa fecha, la Casa Blanca ordenó al Departamento del Tesoro promulgar todas las medidas y regulaciones que fuesen necesarias para hacer efectiva la prohibición de importaciones a los Estados Unidos de todos los productos de origen cubano y todos aquellos importados desde o a través de Cuba. Al mismo tiempo, se le indicó al Departamento de Comercio que diera continuidad y reforzara las medidas de prohibición de todas las exportaciones norteamericanas al país caribeño. Otro grupo de normativas fue adoptado en 1963 bajo el nombre de Regulaciones para el Control de los Activos Cubanos, entre ellas la prohibición impuesta a los ciudadanos estadounidenses de viajar a Cuba.
Todas estas acciones ejercidas por el gobierno imperial norteamericano contra Cuba no pueden ser consideradas como embargo, sino como bloqueo desde el punto de vista jurídico. Recordemos, que el Derecho Internacional y la propia legislación norteamericana definen el “embargo” como una orden proclama, emitida por un Estado en tiempo de guerra, en virtud de la cual son colocados los buques mercantes extranjeros y sus cargamentos bajo el control del Estado, sin destinarlos a ningún uso en su provecho. Además, la Conferencia Naval de Londres (1909), principio aceptado en el derecho internacional establece que: «el bloqueo es un acto de guerra», y siendo así, sólo es posible su empleo entre los países beligerantes. No existe, por otra parte, norma alguna en el derecho internacional que justifique el llamado «bloqueo pacífico», el cual fue práctica de las potencias coloniales del siglo XIX y de principios del siglo XX.
En el año 1992 fue aprobado por el Congreso norteamericano un nuevo y sustancial incremento a la compleja madeja de sanciones contra Cuba expresada en la Ley para la Democracia Cubana o Ley Torricelli. Esta Ley tuvo como objetivo central profundizar el aislamiento político y económico de Cuba, justificando la política de bloqueo ya no con argumentos relacionados con la seguridad nacional de los Estados Unidos, sino con la violación de los derechos humanos y la falta de democracia en Cuba. Cuatro años más tarde, en repuesta al derribó de dos avionetas civiles estadounidenses en el espacio aéreo cubano (02/96), los legisladores Jesse Helms, y Dan Burton presentaron el proyecto de Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, mejor conocida como Ley Helms-Burton, aprobada por el Presidente Clinton meses mas tarde. Esta ley codificó todas las normas, regulaciones, leyes y órdenes presidenciales adoptadas desde 1962 con relación al bloqueo económico financiero y comercial impuesto a Cuba, sin importar su jerarquía normativa. Entre muchas otras cosas esta Ley establece que cualquier compañía que no sea norteamericana que tenga tratos comerciales con Cuba puede ser sometida a represalias legales, y que los dirigentes de la compañía pueden ver prohibida su entrada en Estados Unidos.
La decisión valiente, pero tardía, de la administración Obama de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba rectifica la fracasada política exterior imperial que durante muchos años intento imponer cambios políticos en Cuba. Obviamente, este restablecimiento de las relaciones diplomáticas per se no resuelve las abismales diferencias existentes entre ambos gobiernos pero representa un paso importante pues hay un reconocimiento reciproco de la existencia del otro, algo que ignoró el gobierno del Tío Sam por más de medio siglo. Además, abre las posibilidades de un diálogo respetuoso, basado en la igualdad soberana de ambos países, para tratar temas de interés recíproco como el bloqueo económico, el problema migratorio (Ley de Ajuste Cubano de 1966), el respeto a los derechos humanos, presos políticos, entre otros, sin menoscabo de la independencia y la autodeterminación de los interlocutores.
Obviamente esta rectificación histórica por parte de la administración de Obama ha polarizado la opinión pública en ese país. Ha sido respaldada por sectores progresistas del partido demócrata, algunos legisladores republicanos y líderes religiosos, pero cuestionada por la mayoría del partido republicano, el ala conservadora del partido demócrata y los sectores más reaccionarios de la comunidad cubano-americana. Los senadores republicanos Marcos Rubio y Ros-Lehtinen ya han anunciado medidas tendientes a bloquear toda iniciativa presidencial referente a la nueva política hacia Cuba en el Congreso, ahora controlado por los republicanos. Igualmente, el conservador senador demócrata Robert Menéndez, presidente del influyente Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara alta ha expresado fuertes criticas a tal medida.
El anuncio de la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba pone punto final al capítulo inconcluso de la Guerra Fría del siglo pasado, pero al mismo tiempo ha significado una pérdida simbólica-discursiva para el fachochavismo quien ha lucido sorprendido y desconcertado ante tal decisión. La histórica decisión de la Casa Blanca complica la primitiva retórica del ungido Maduro, cuya plataforma política descansa casi exclusivamente en un falaz, bufo y maniqueo discurso antiimperialista, el cual le ha resultado útil para lograr el apoyo de los sectores progresistas y revolucionarios a nivel internacional. Ser antiimperialista no significa defender con una abundante dosis de hipocresía y cinismo a un grupete de milicos y representantes de la nomenklatura bolivariana involucrados en detenciones arbitrarias, represión, tortura y hasta el asesinato de ciudadanos en nombre de la paz y el orden de la República.
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