Retrato de una catástrofe (y VII)
Carlos Canache Mata
Concluyo hoy la serie de artículos que he venido publicando sobre la situación del país, refiriéndome a la crisis de las instituciones, sometidas como están al control del Ejecutivo Nacional. Realmente, en el país tenemos un remedo del Estado de Derecho. Hay una Constitución que solo goza de una vigencia nominal. Sus artículos son como piezas de ajedrez que las mueve a su conveniencia la mano de Miraflores.
La división de los poderes públicos ha sido enterrada como en una segunda muerte de Montesquieu. La cúpula del Poder Judicial, el TSJ, y la mayoría de los tribunales no actúan con independencia, sino en forma condicionada a las conveniencias de los dueños del poder político. La máxima representación del Poder Legislativo, la Asamblea Nacional, tiene castrada su función principal, y se le ha puesto a su lado una instancia que mal lleva el nombre de Asamblea Nacional Constituyente. El Poder Ciudadano, cuyos órganos son el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, no cumple sus atribuciones constitucionales: el Fiscal no hace respetar los derechos en los procesos judiciales ni garantiza el debido proceso, el Defensor ni vela ni se desvela por la efectiva garantía de los derechos humanos, y el Contralor no inicia investigaciones sobre las irregularidades que a diario se denuncian y cometen contra el patrimonio público. El Poder Electoral, cuyo órgano rector es el CNE, ni de lejos cumple con su función de árbitro imparcial en las ocasiones en que se expresa nada menos que la soberanía nacional para “la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos”, como lo establece el artículo 293, numeral 5, de la Constitución.
Lo que acaba de pasar el 20 de mayo corrobora plenamente lo dicho sobre el CNE. Se realizaron unas elecciones sin la participación de los principales y verdaderos partidos y líderes de la oposición, con presos políticos, con el despliegue de un ventajismo gubernamental que no conoció ningún pudor, y con la mentira de una participación del 46% del registro de votantes contra la verdad de “la evidente abstención de casi el 83% de la población”, como lo aseguran eminentes juristas del país (integrantes del Bloque Constitucional) en un comunicado público de hace dos días.
La apretada síntesis anterior ¿retrata o no una catástrofe institucional?.
