¡Sin carnet no hay salud!
Los derechos fundamentales de todo ser humano son el derecho a la vida, a la libertad y a la igualdad. Dentro del derecho a la vida está incluido el derecho a la salud. Y dentro del derecho a la salud está implícito el derecho a la igualdad: “el goce del grado máximo de salud es uno de los derechos fundamentales del ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social” (Constitución de la Organización Mundial de la Salud).
En su columna “Sebastiana sin secretos” publicada en el semanario Quinto Día correspondiente a la semana del 8 al 15 de septiembre de este año, la periodista Sebastiana Barráez le exige a Tareck El Aissami, vicepresidente de la república, que sea más sensible. No es para menos: “Es objetable, y perdone usted que se lo diga, que le anuncie al país desde el altar donde lo coloca un cargo, que sólo serán vacunados aquellos niños cuyos padres tengan el carnet de la patria, ese apartheid que divide a un venezolano de otro. Qué va a saber un niño que por culpa del carnet de la patria, se lo sentencie a ir discapacitado con poliomielitis por la vida”.
“Con el carnet de la patria le vamos a suministrar la vacuna necesaria”, dijo El Aissami. En otras palabras, si usted no tiene el carnet de la patria, a su hijito no lo van a vacunar. Los hijos pagarán la “culpa” de los padres de no sacarse el carnet de la patria, otro mecanismo más de control y presión del gobierno de Nicolás Maduro.
Nuestra Constitución vigente, en sus artículos 83, 84 y 85, reconoce la salud como un derecho social fundamental que debe ser garantizado por el Estado. “Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud”, dice el artículo 83. El artículo 84 contempla que “el sistema público de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad”. El artículo 85 establece que “el Estado garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria”. Eso tampoco está pasando.
La escasez de medicinas ha alcanzado niveles jamás imaginados en este país rico. Que Somalia, Eritrea o Bangladesh no tengan vacunas, es triste, es injusto, pero es entendible. Que en Venezuela no las haya, es un crimen de lesa humanidad. Menos entendible es que un hombre que tiene hijos, y uno de ellos enfermo, sentencie a otros niños a pasar por los riesgos que significa no vacunarse. En la Venezuela de hoy hay enfermedades que habían sido erradicadas: sarampión, malaria, difteria. Desde el año pasado han fallecido –que se sepa- más de 40 personas de difteria, una enfermedad que se evitaba con la vacuna DPT, mejor conocida como la “triple”. La malaria -exterminada en Venezuela durante los años 50 por el doctor Arnoldo Gabaldón- ha vuelto con más fuerza que nunca. Esta semana reportaba el periodista Brian Segura para Caraota Digital que solamente en Anzoátegui había más de 7 mil casos porque la Dirección General de Salud Pública no está realizando las jornadas de fumigación correspondientes. La diputada Oneida Guaipe hizo la denuncia de que no hay prevención ni profilaxis, porque no hay químicos para fumigar, ni remedios para el tratamiento.
No sacarse el carnet de la patria no es un delito. Y si fuera un delito, los “delincuentes” serían los padres que no se lo sacaron, no los niños que no serán vacunados. ¿Cómo entonces discriminarlos? Los organismos de Derechos Humanos ya deben estar al tanto de esta nueva violación. Este asunto –y sus culpables- terminarán en La Haya, no lo duden.
@cjaimesb
